Tribuna Política
Audiencias públicas, una oportunidad perdida
Mario Lacava (*)
Recientemente, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto oficialista sobre Audiencias Públicas.
Se trata básicamente de un reglamento de funcionamiento que deberá seguir el Poder Ejecutivo o Legislativo en su caso, para el desarrollo de las audiencias públicas.
Lamentablemente, el proyecto en cuestión no establece la obligación del poder político de convocar audiencias públicas como paso previo a decidir sobre aumentos de luz, de agua, la continuidad de contratos de servicios públicos, el endeudamiento para realización de obras, entre otras cuestiones fundamentales para la vida social e institucional de la provincia, tal como lo proponíamos desde el justicialismo.
Así planteada la cuestión, la Cámara de Diputados ha perdido la oportunidad de consagrar una verdadera institución de democracia semidirecta, que promueva una auténtica participación y sobre todo el control de los ciudadanos sobre la gestión pública de los poderes públicos.
A diferencia de lo que establece el proyecto oficialista, las audiencias públicas deberían ser convocadas obligatoriamente y en forma previa a la toma de una decisión sobre temas importantes como los señalados.
Allí, cualquier ciudadano, sus entidades representativas y los funcionarios responsables del gobierno sobre el tema en tratamiento, tendrían la oportunidad de opinar, criticar o defender la decisión a tomar, sin que el resultado o las conclusiones de la audiencia tengan carácter vinculante; vale decir que obligue a que esa decisión se tome o no, o se lo haga en una determinada dirección.
Además, la obligatoriedad de la convocatoria debería ser complementada y reforzada con una sanción de nulidad del acto si la Audiencia no se llevara a cabo y de esa manera convertir a esta institución en una verdadera instancia de participación y control de los ciudadanos.
El Frente Progresista se ha quedado muy corto con el proyecto aprobado. Sus objetivos y principios inspiradores, naufragan con las disposiciones reguladoras que buscan más proteger al Poder Ejecutivo en sus decisiones que dar al ciudadano una herramienta de participación y control.
Conforme al texto aprobado, las audiencias públicas sobre temas calientes sólo serán convocadas cuando el Poder Ejecutivo lo quiera y en tales casos, sin la obligación legal de hacerlo, es muy poco creíble y probable que lo haga.
Ahora, el tema está en el Senado provincial. Confiamos que allí, reabierto el debate, se pueda encontrar los consensos necesarios que permitan aprobar una verdadera ley de audiencias públicas y de esa manera continuar mejorando la calidad institucional de la provincia en la que estamos firmemente comprometidos.
(*) Diputado provincial Partido Justicialista.
