Polémica entre el gobierno y UPCN

Ratifican la difusión del nombre y sueldo de los agentes públicos

El titular de la Oficina Anticorrupción de la provincia negó que la publicación de la remuneración de los empleados estatales invada su privacidad. Dijo que se trata de un vínculo contractual de naturaleza jurídica distinta a la que tiene un empleado privado con la empresa en la que se desempeña.

De la redacción de El Litoral

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El director de la Oficina Anticorrupción de la provincia, Paulo Friguglietti, defendió el decreto firmado por Hermes Binner días pasados, que obliga a publicar los nombres y la remuneración de los empleados públicos. La decisión provocó la reacción de UPCN que estuvo a favor de la difusión de las identidades, pero rechazó la publicación de los sueldos y del número de documento, por entender que ello atenta contra la privacidad y la seguridad de los agentes estatales.

Sin embargo, el autor intelectual del decreto ratificó los alcances y el espíritu de la norma. “La idea es transparentar la gestión. Creemos que la gente tiene derecho a saber cuánto gana un empleado o un funcionario público. Estamos en una relación de empleo público que no es la misma que una de empleo privado”, advirtió el funcionario ante la consulta de El Litoral.

Friguglietti hizo especial hincapié en el hecho de que “los salarios del personal público salen de las arcas del Estado, por lo tanto, son dineros públicos”. En el mismo sentido, negó que la publicidad de esta información invada la privacidad del agente.

“No se invade la privacidad del agente, precisamente, porque estamos ante una relación contractual del Estado que es totalmente distinta a la relación que tiene un privado con su empresa. Aquí estamos en una relación de empleo estatal donde el carácter es público y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esto tiene que estar transparentado hasta un límite que obviamente no puede invadir la privacidad. Creemos que los salarios no invaden la privacidad, sí pueden ser otros aspectos, pero no el sueldo”, sentenció.

A favor

Oportunamente, la dirigencia del gremio ATE se manifestó a favor del decreto firmado por el gobernador. En las últimas horas, también lo hizo la Asamblea Permanente de Jubilados y Pensionados de la provincia, que celebró la decisión.

“Estamos convencidos de que la transparencia de la información pública es un avance de la calidad institucionalidad del Estado y un anhelo de los sectores que demandan al poder administrador cómo, dónde y en quiénes se invierten los recursos”, señalaron.

Para los pasivos, esta decisión “deja en claro que hay sectores de la administración pública que necesitan ser iluminados para poder apreciar, con luces y sombras, una realidad que la mayoría sospecha que no funciona de modo republicano”.

Los jubilados advirtieron que para esta Asociación, en particular, los datos a difundir “son de suma significación para saber cómo evolucionan los distintos sectores públicos del personal en actividad que aporta a la Caja de Jubilaciones y la relación con los pasivos; datos, por ejemplo, imprescindibles cuando se plantea con los docentes, una reforma al régimen previsional”.

El decreto

El decreto de la polémica lleva el número 1.774. Según la norma, se exige la publicación en la web oficial del gobierno del número de documento del empleado público, el tipo de vinculación que mantiene con el Estado, la fecha de ingreso y/o de vinculación con el Estado, el cargo, categoría, función que desempeña y organismo donde presta servicios; la norma por la cual se lo designa en la actual función y los sueldos netos de descuentos legales.

Cuando el agente en actividad tuviere más de una vinculación jurídica con el Estado, ello será contemplado especialmente. El decreto invita a los demás poderes (Judicial y Legislativo) a que adhieran a la iniciativa con una medida similar.

Tessio planea un foro de reforma política

La vicegobernadora Griselda Tessio dijo a El Litoral que espera que en 2010 la Cámara Alta que preside pueda celebrar un “foro de reforma política” con eje en la transparencia y el acceso del ciudadano a la información de la cosa pública.

“Clara, precisa y accesible; no puede ser información accesible sólo para expertos en informática”, define la Dra. Tessio.

La titular del Senado acuerda con el decreto del gobernador Hermes Binner que dispuso la publicación de los nombres y los sueldos de los empleados públicos provinciales. Y dijo que está a favor de que lo mismo haga la Cámara, lo que requiere el acuerdo de los bloques.

Tessio negó que difundir los montos remunerativos viole el derecho a la intimidad. Dijo que tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen a ese derecho en la órbita de los actos personalísimos. De todas formas, mencionó que -en lo personal- pueden obviarse “por razones de seguridad” datos como el número de DNI y el domicilio particular.

“Es totalmente distinto mi salario de mis actos personalísimos, porque éste es un salario que corresponde a la actividad pública, que se paga con los impuestos que aportan los ciudadanos”, dijo la vicegobernadora.

Deslizó que así se podrá “poner blanco sobre negro lo que los funcionarios

de la administración ganan, pero también se podrá saber la fecha de ingreso de cada empleado de planta y sus cargos, porque -no voy a dar nombres- pero hay muchas personas que de la planta política transitoria se convirtieron, años atrás, en agentes de planta permanente... Muchos no están cumpliendo funciones sino que han sido relevados por contar con adscripciones a organismos políticos: les queda el cargo, un recaudo por si la cosa no va bien...”.

La discusión sobre el proyecto de ley de acceso a la información también anima a la vicegobernadora a plantear el foro de reforma política. “Trabajamos desde el mensaje del 1º de Mayo del gobernador Binner en una ley que garantice ese derecho, porque es fundamental la transparencia, uno de los conceptos más importantes para las democracias representativas modernas. En ellas, no puede haber elementos secretos: confiamos en la soberanía del pueblo, en su voluntad y si bien es cierto que no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, pensamos que su voluntad debe expresarse en el ámbito de la Legislatura”.

Mencionó que con la sección de informática, la presidencia de la Cámara acuerda los procesos más simples posibles para colgar en la página web oficial (www.senadosantafe.gov.ar) los resultados de los concursos de ascensos hechos durante 2009.

Significa que “el ciudadano común accederá a conocer todos los cargos de la planta permanente, cuál es el personal político transitorio, y las fechas de los ingresos y los egresos”, señaló.

“Nos falta -lamentó- lograr el acuerdo político con los bloques para completar en esa información con los salarios o con los distintos rangos de remuneraciones, tal como por ejemplo figura en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Dipollina, adelantó a El Litoral, que no ha discutido aún con sus pares si el cuerpo adherirá o no al decreto que permitiría conocer nombres y sueldos de los agentes legislativos. “No hablamos del tema, pero es una decisión colectiva. Personalmente, no tengo problemas en que se difundan esos datos, pero veremos qué se decide colectivamente porque tiene que haber una resolución de cámara”, advirtió.

 

“Puede haber aspectos que invadan la privacidad del empleado, pero no el salario”, aseguró Paulo Friguglietti.

Foto: Archivo El Litoral

Reunión de Fiscalías

Concluían hoy en esta ciudad las V Jornadas del Foro Permanente de Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de todo el país, organizada por el Ministerio de Justicia de la provincia. Las actividades comenzaron ayer, con un acto que contó en su apertura con la presencia del gobernador, Hermes Binner.

El Foro es un ámbito de debate, colaboración e intercambio de conocimientos entre organismos especializados en la prevención y lucha contra la corrupción, y ésta es la primera vez que sesiona en la provincia. Participan organismos dedicados a la lucha anticorrupción la Nación; de las provincias de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe; y de las ciudades de Rosario y Córdoba.

En representación de Santa Fe, participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el titular de la Dirección Provincial Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti.

Las reuniones se realizan anualmente y están destinadas a los titulares de las Fiscalías de Investigaciones Administrativas y Oficinas Anticorrupción de todo el país. Santa Fe se integró al Foro en noviembre pasado, tras la creación en agosto de 2008 de la Dirección Provincial de Anticorrupción. Su misión es generar dentro del Poder Ejecutivo políticas de lucha concreta contra la corrupción así como de transparencia en los actos de gobierno.