En la Fiscalía de Estado

Audiencia pública, un método para

dilucidar conflictos administrativos

El sistema permite que interactúen en un mismo ámbito recurrentes y recurridos. El fiscal Jorge Barraguirre dijo que la intención es lograr que se arraigue esta práctica en la comunidad profesional. Hoy se analizó un supuesto caso de discriminación contra una mujer que ingresó a la Escuela de Policía.

De la redacción de El Litoral

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“Yo era meretriz, me condenaron por contravenciones, pero me arrepentí de lo que hacía. Decidí cambiar de vida. Tuve varios trabajos hasta que en 2005 me inscribí para ingresar a la policía. No lo logré por cuestiones intelectuales. En 2008 me anoté para la carrera de Auxiliar de Seguridad y pude ingresar. Cursé tres meses y después de ese tiempo me separaron de la carrera por mi condena”. Quebrada, la joven reclamó una oportunidad. “No quiero victimizarme con las lágrimas. Reconozco y entiendo la ley, pero creo que merezco una oportunidad”, insistió.

“Creo que tienen que darle una chance -asintió la delegada del Inadi en Santa Fe, Stella Maris Vallejos-; eso va a permitir fortalecer la democracia. Si no, para qué le permitimos, por ejemplo, a los internos de Coronda que estudien, si después no los vamos a dejar trabajar. Es hasta una cuestión de doble discurso”, planteó.

“Nosotros no tenemos competencia para interpretar la ley -se defendió la directora del Instituto de Seguridad Pública (Isep), Adela Aiquino-; nosotros tenemos que aplicarla. No nos importa el pasado de los alumnos”. Uno de los abogados del establecimiento acotó: “Entre los requisitos que la ley de formación del Isep se plantea que no pueden ingresar las personas que hayan sido condenadas. Entonces se piden informes al Gabinete de Identificaciones para conocer los antecedentes. Eso fue lo que se hizo. No hubo persecución; se trata de una metodología habitual que se usa para todos los casos”, sentenció el abogado.

La escena transcurrió en uno de los despachos de la Fiscalía de Estado, en el marco de una nueva audiencia pública que dicho organismo convocó para resolver un conflicto administrativo. Allí, cada una de las partes exponen, y sobre la base de los argumentos de unos y otros, el fiscal elabora su dictamen.

El método

En diálogo con el El Litoral, el fiscal Jorge Barraguirre dijo que la pretensión es ver si este tipo de nuevos procedimientos se pueden arraigar en la comunidad de profesionales. “Si esto no tiene ningún interés, no hay reforma normativa que nos lleve a modernizar los procedimientos administrativos. Si, en cambio, la comunidad profesional toma esto como un activo, como algo bueno, y que implicaría que al mismo tiempo que mantenemos la litigación por escrito se pueda hacer un alegato ante los juicios administrativos, sería fantástico y lo impulsaremos. Lo que pasa es que queremos ir muy despacio porque los cambios culturales no se dan por decreto, sino modificando las pautas de litigación”, manifestó.

Barraguirre aclaró que, en realidad, se trata de la aplicación de un decreto de 1958, “que muchas veces se lo consideró viejo y desactualizado, pero que es un buen reglamento porque es muy flexible y permite al fiscal de Estado y a los asesores ministeriales tomar medidas para enfocar o reenfocar cómo se viene dando la argumentación legal en un expediente. En función de esta norma, interpretamos que como medida para mejor proveer podemos celebrar una audiencia”, comentó.

Según sostuvo, una de las fortalezas de este mecanismo es hacer más transparente el sistema. “Se sabe qué se reclama, se sabe qué se litiga y sobre todo, contribuye a alumbrar puntos oscuros del litigio porque no es sólo una audiencia donde se limita uno a evaluar la prueba y hacer el alegato, sino que como esto tiene otra dinámica donde uno interactúa a través de preguntas y respuestas con los abogados, se fijan los puntos de debate. Tomamos entonces los dispositivos legales nuestros pero usándolos de la manera en que lo hacen los anglosajones. Con toda la enorme distancia que hay, la Corte norteamericana permite este tipo de alegatos, después de los intercambios por escrito. Allí uno tiene veinte minutos para alegar pero ningún abogado está más de un minuto haciéndolo; enseguida los jueces lo interrumpen y comienzan a preguntarle a los letrados cuáles son sus preocupaciones. Lo que nosotros queremos hacer es lo mismo; tratar de iluminar esos puntos oscuros, las dudas que uno tiene y enfocar mejor la resolución del reclamo”, explicó.

Amparo de afiliados a UPCN

El secretario general de UPCN, Alberto Maguid, confirmó esta mañana a El Litoral que hoy se presentaron ante los tribunales locales dos recursos de amparo en nombre de 32 empleados públicos de la provincia, para rechazar los términos del decreto 1.774 del Poder Ejecutivo que dispone la publicación en Internet del listado con los nombres y remuneraciones de los agentes estatales y funcionarios políticos.

Maguid aclaró que los amparos no fueron presentados en nombre del sindicato, sino de los afiliados, y confirmó que el gremio sí está haciendo circular por toda la administración planillas en las que se inscriben aquellos agentes que estén en contra de la publicación de sus salarios y DNI. Dijo que ello se sustenta en el Art. 7 del propio decreto 1.774, que permite a las autoridades solicitar la no publicación de la información referida a “determinados agentes”. La idea del gremio es elevar esas planillas al gobierno provincial.

Esta mañana, consultado por El Litoral, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, dijo que no recibieron aún notificación de las presentaciones judiciales formuladas. “No me gustaría adelantar opinión porque no hemos sido notificados de nada aún. Todo el mundo tiene derecho a ampararse; todo el mundo tiene el derecho de reclamar por lo que considera sus derechos, así que esperaremos para contestar”, señaló.

Con respecto a la legalidad del decreto firmado por el gobernador, dijo que Fiscalía ya tiene redactado un dictamen sobre el particular, pero evitó anticipar los argumentos de la defensa. “Se supone que todas las cuestiones están garantizadas, pero una cuestión es cómo la administración cree que está dada esa garantía y otra es cómo la ve un juez. Obviamente que la administración considera que esto está dentro de los márgenes de legalidad y que no hay violación de la privacidad, de la intimidad ni nada de eso. Pero una cuestión distinta es cómo se resuelve esto ante el Poder Judicial”, advirtió.