PIDE SER JUZGADO POR UN TRIBUNAL MILITAR
Menéndez desconoce a la Justicia Civil
DyN
Tal como lo hizo en los procesos anteriores, cuando fue condenado a perpetua, el represor Luciano Benjamín Menéndez volvió a cuestionar la competencia de la Justicia Federal Civil, para juzgarlo por los crímenes de la dictadura, y reclamó ser investigado por la Justicia Militar, calificándose a sí mismo como “víctima de la inseguridad jurídica” del país. En la continuidad de este segundo juicio en su contra que se sustancia en Córdoba, se completó la lectura de la acusación por los secuestros y tormentos de diez personas, una de las cuales está desaparecida. El desaparecido es el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, quien militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), secuestrado en 1979.
Menéndez se negó a declarar, calificando de “incompetente” al tribunal que lo juzga. “A mis acusadores les debe sorprender desagradablemente que yo siga pensando igual”, afirmó, tras lo cual releyó el escrito que había leído en el juicio anterior, donde reivindicó las acciones de la dictadura y los tribunales militares. Menéndez concluyó calificándose como una “víctima de la inseguridad jurídica” que según su visión reina en el país.
El juicio comenzó en un clima enrarecido, por la aparición de un testigo muerto, en circunstancias inicialmente dudosas: el ex policía Jesús González (58). Desde el principio se manejó la hipótesis de un suicidio, pero se ordenaron pericias y la autopsia para confirmar o desechar esa teoría.
Finalmente, tras la necropsia, quedaron casi despejadas las dudas y quedó confirmado el suicidio, aunque siguen los interrogantes sobre por qué decidió matarse cinco días antes del comienzo del proceso. En el juicio se analizan las torturas sufridas por nueve personas, por parte del D2 -Dirección de Informaciones de la Policía Cordobesa-, que sobrevivieron: Raúl Ernesto Morales, Carlos Jacinto Moyano, Delia Lidia del Carmen Torres de Nieva, Manuel Américo Nieva, Ramón Hugo Guevara, Isolina Tránsito Guevara, Carlos Hugo Antón, Manuel Reynoso y Rubén Gilli. Los imputados son: Menéndez (entonces jefe del Tercer Cuerpo de Ejército), el militar jefe de la Policía de Córdoba, Rodolfo Campos, y los policías: César Cejas, Hugo Cayetano Britos, Calixto Luis Flores y Miguel Ángel Gómez.
Sólo Menéndez y Gómez están involucrados en la causa de las torturas. El ex policía Britos negó los hechos que se le atribuyen. “Me enseñaron a defender al gobierno constituido”, dijo, asegurando que todo es un “invento” que “nunca haría” porque “es un católico creyente”. En tanto, el ex policía Cejas negó su participación en tareas de inteligencia de la fuerza de seguridad, aclarando que sólo se desempeñaba en áreas administrativas, por lo que aclaró que no podría tener conocimiento sobre hechos desarrollados fuera de su órbita. “Soy veterano de la guerra contra la subversión y un perseguido político y judicial”, aseveró. Luego accedió a ser interrogado por la Fiscalía y las partes querellantes.
