La Legislatura remedia un vacío legal ejecutivo de 3 años

Policía: una ley destraba

ascensos y quita tensiones

La norma vigente (sancionada y promulgada en abril de 2006) no ha sido reglamentada. Por eso, las promociones de tres años (de 2007 a hoy) siguen sin concretarse. En trámite veloz, el Senado -con mayoría de la oposición- aprobó un mecanismo ideado en Diputados para distender la situación.

 

Luis Rodrigo

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“Con carácter provisorio”, según reza el texto de la propia ley, una norma deja sin efecto la aplicación del artículo 73 de la ley 12.521, a fin de permitir los ascensos pendientes de los años 2007, 2008 y 2009.

Las promociones se concretarán de acuerdo con lo establecido por la vieja ley Nº 6.769 y su respectiva reglamentación, respetándose las jerarquías previstas.

La Cámara de Senadores aprobó ayer sobre tablas -en un trámite veloz- y con el quórum más que ajustado el proyecto de ley que ya tenía media sanción de Diputados, sobre el que se fundan las expectativas de “quitar tensiones” en la situación laboral de los policías. Expresiones de este tipo -y otras más duras- abundaban ayer en la Legislatura, siempre en los pasillos.

Los diputados Adrián Simil (PJ-Santa Fe Federal) y el radical Santiago Mascheroni (Frente Progresista) unificaron criterios en Diputados, donde el tema logró un fuerte consenso, en vista de que la Policía (desde hace 3 años) no tiene los ascensos que fijaba la ley derogada, pero tampoco los nuevos ideados por la reforma.

El vacío legal se remedia aplicando los criterios para los ascensos, que en 2006 se habían derogado.

“Deberíamos avanzar en el análisis legislativo de la modificación del artículo 73 de la ley 12.521”, que ahora se deja en suspenso “para que se logre instrumentar un sistema mixto y equitativo para los ascensos de todos los trabajadores policiales de la provincia de Santa Fe, ya que el régimen concursal consagrado por la ley actual es a mi entender discriminatorio ya que no tiene en cuenta las menores posibilidades de capacitación que tienen muchos agentes que viven y trabajan en lugares distantes”, interpreta el diputado justicialista sanjavierino.

Ayer, al tratarse la norma, Ricardo Spinozzi, jefe del bloque opositor mayoritario en la Cámara Alta, expresó: “Nuevamente el peronismo en el Senado da su conformidad y la mayoría especial para que se trate en forma expeditiva un tema vinculado con la seguridad y la familia policial, porque somos conscientes de la demanda ciudadana sobre esa cuestión”.

Reforma atrasada

La reforma normativa con la que se pretendió llevar a cabo cambios de fondo sobre la fuerza de seguridad provincial -una ley que tuvo un alto consenso- no logró completarse en su reglamentación.

Se consumieron 8 meses de 2006 y todo 2007 durante el gobierno de Jorge Obeid que impulsó la sanción de la norma. Y ahora, estos casi dos años de la gestión de Hermes Binner. Mientras, la ley no tiene resueltos aspectos prácticos para hacer realidad uno de sus proclamados objetivos: quebrar la idea de corporación de sus integrantes, según las expresiones del entonces ministro de Gobierno, Roberto Rosúa.

El 7 de abril de 2006, un día después de aprobada la norma en el Senado (a la que ahora se hace una excepción) Rosúa decía a El Litoral: “Se eliminan las juntas de calificaciones, que son las que manejan las propuestas de ascenso en estos momentos, y se crean tribunales policiales integrados por Policía, Ministerio de Gobierno y otros miembros, como Ministerio de Educación, para calificar al personal. De esta forma -sentenciaba-, se termina con el sistema corporativo de las juntas manejadas por policías y para ascender a policías”.

 

Policía: una ley destraba ascensos y quita tensiones

La ley Nº 12.521 fue uno de los objetivos del Ministerio de Gobierno durante la gestión de Jorge Obeid. Pero su instrumentación está en muchos aspectos pendiente.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Repudio

El Senado santafesino manifestó su “más enérgico repudio” al escrache sufrido por el titular de la UCR, senador nacional Gerardo Morales por parte de organizaciones sociales de la provincia de Jujuy. El proyecto fue presentado por los senadores Rodrigo Borla (departamento San Justo), Eduardo Galaretto (departamento San Lorenzo), Juan Carlos Zabalza (departamento Rosario), Héctor Aquino (departamento Constitución) y Federico Pezz (departamento General Obligado). Contó con la adhesión del justicialismo.

18.000

agentes

integran la Policía de Santa Fe.

+ información

sobre la ley 12.521

en www.senadosantafe.gov.ar.

/// EL DATO

Preferencia para

la emergencia

en seguridad

Sin número para apurar su tratamiento sobre tablas, por la inusual ausencia de varios de sus integrantes, el bloque del PJ en el Senado debió conformarse ayer con renovar una preferencia. La bancada espera tratar la próxima sesión su proyecto de ley que declara “en emergencia” la seguridad en la provincia. El tema es polémico: el oficialismo ya demostró (dos veces) que no está dispuesto ni a considerar una preferencia.

Alberto Crosetti (PJ- Belgrano) dijo ayer que desde que presentó su iniciativa, al comenzar octubre, “día a día se producen hechos que hacen más urgente el tratamiento de la ley”.

El reutemanista aseguró que el tema no debe ser motivo de una disputa política, pero se ocupó de recordar que -según su opinión- el Frente Progresista hizo de la inseguridad en 2007 uno de los ejes de su campaña electoral, “lo que nos costó perder una elección”, abundó.

Ricardo Spinozzi (PJ- General López) fue más punzante: “Si bien la inseguridad, en esta provincia (...), no comenzó el 11 de diciembre de 2007, es de esta gestión de gobierno la exclusiva responsabilidad actual de desplegar todas las herramientas posibles para combatir un flagelo que preocupa a toda la sociedad, tomando las medidas correctas para la prevención del delito”.

De inmediato, llamó al Ejecutivo a defender “la vida y los bienes” de los ciudadanos santafesinos.

El socialista Juan Carlos Zabalza (FPCyS-Rosario) antes había advertido que la norma propuesta contiene “muchos elementos que ya han sido puestos marcha entre las políticas de seguridad” y subrayó que el problema de la inseguridad “tiene una historia, un pasado reciente”.

El proyecto de ley de Crosetti -titular de la Comisión de Seguridad- prevé la reasignación de personal policial, la redistribución de partidas para garantizar los programas especiales que se pongan en marcha, la constitución de juntas de Seguridad Comunitaria en toda la provincia, la conformación de una Comisión Bicameral para el seguimiento del tema, la instalación de buzones comunitarios para la recepción de denuncias en juzgados de Paz y registros civiles, la adquisición de equipamiento en tecnología, indumentaria, movilidad y pertrechos para la fuerza y el nombramiento de responsables de comisarías que tengan que ver con el territorio de su actuación.