EDITORIAL

Los Kirchner mantienen la iniciativa política

Luego de ser derrotado en las elecciones del pasado 28 de junio, el oficialismo produjo una serie de hechos tendientes a retomar la iniciativa política. Entre las más destacadas merecen mencionarse la anulación del contrato para la televisación del fútbol entre la AFA y Torneos y Competencias, y la sanción de la denominada Ley de Medios. En estos momentos, la agenda kirchnerista tiene en boca la reapertura del canje de deuda remanente y la reforma política. Asimismo, es probable que el próximo acto incluya la reforma a la Ley de Entidades Financieras, un tema que algunos voceros del gobierno han descartado, pero otros han confirmado.

En esta suerte de ofensiva kirchnerista, lo que se observa como constante es una mayor presencia del Estado. Para no perder la perspectiva, importa recordar que al incremento de las actividades regulatorias hay que ubicarlo en el contexto de nuestra reprochable tradición nacional en la que el Estado es controlado por el gobierno o, como dijera Felipe Solá, el Estado se transforma en una “caja” del oficialismo.

En el tema de la reforma política lo que se conoce aún no es muy preciso, pero en sus líneas generales los proyectos elaborados intentarán dar respuesta a dos temas decisivos: la financiación de los partidos y los sistemas de elección de candidatos. Ambas cuestiones han sido tratadas por los operadores kirchneristas, y sus declaraciones al respecto han sembrado preocupación en el campo político.

No está mal que la financiación de los partidos se reglamente, pero, así como es necesario poner límites a los aportes del sector privado, también se impone asegurar que la “dictadura de la caja” no termine condicionando la libertad de los partidos. En la actualidad predomina el financiamiento privado, pero, si se aprueba la reforma, el Estado financiaría de manera parcial o total esta actividad. Y, dada la identificación entre Estado y gobierno, hay motivos para preocuparse.

Con relación a la elección de los candidatos, el sistema propuesto sería semejante al que se practica en nuestra provincia, es decir, elecciones internas, obligatorias -podrían votar los no afiliados- y simultáneas para elegir a los candidatos. En principio, no deja de ser paradójico que el gobierno haya decidido impulsar este sistema cuando es similar al que regía en tiempos de Duhalde y que los Kirchner derogaran por decreto.

Pero, más allá de estas contradicciones, el proyecto introduce una novedad importante e inquietante. De acuerdo con la información disponible, en esta elección abierta no se elegirían candidatos sino electores, un sistema que de alguna manera resucitaría la normativa de la Constitución Nacional de 1853.

No deja de ser paradójico que el sistema que fuera rechazado en la reforma constitucional de 1994 regrese ahora para la selección de candidatos partidarios. En síntesis, se impone advertir que esta reforma corre el riesgo de legalizar una operación oficialista tendiente a presionar a los electores con los renovados recursos de la caja.