EDITORIAL
Los piqueteros y el Estado
Quienes defienden a los piqueteros consideran que son la expresión de una crisis social, la manifestación defensiva de quienes han perdido el trabajo y sus necesidades no han sido atendidas por el Estado, motivo por el cual la única alternativa que les quedó para sobrevivir fue organizarse y luchar. El argumento tiene su cuota de verdad y sería necio negarlo. A nadie escapa que si el Estado cumpliera con sus objetivos los piqueteros no tendrían razón de ser.
Sin embargo, a la hora de interpretar lo que hoy está sucediendo en el llamado “universo piquetero”, estas explicaciones son incompletas y en más de un caso son coartadas para justificar comportamientos ilegales reñidos con los intereses de quienes dicen representar.
En principio, puede admitirse la legitimidad de determinadas formas de lucha, siempre y cuando se consideren transitorias o excepcionales. El problema que se presenta con un amplio sector de la dirigencia piquetera es que se piensan como instituciones permanentes. Al respecto, hace unos días, un ex militante piquetero de Cutral Co, la región donde nacieron los piquetes, expresó sus críticas a estos dirigentes, que según su punto de vista, han traicionado los objetivos que ellos en su momento intentaron defender. La traición en este caso asume la forma de burocracia oficial, que “normaliza” una situación irregular y se beneficia con ello. El universo piquetero es complejo y sería injusto no atender sus diferencias internas. En todo caso, lo que provoca rechazo no son los piqueteros en general sino aquellas organizaciones que operan al margen de la ley, practican la violencia y dependen para su funcionamiento no del Estado sino del gobierno, que se vale de ellos para atacar a opositores y desprestigiar a las instituciones.
Lo sucedido con la organización jujeña Tupac Amaru liderada por Milagro Sala es emblemático y merece ser estudiado. Hay amplio consenso para admitir que se trata de una poderosa organización que dispone de recursos millonarios y que efectivamente ha realizado una importante obra social. Estos méritos se empañan cuando adquieren conocimiento público las acciones de violencia que se perpetran -el reciente ataque contra el dirigente radical Morales es un ejemplo- y la creación de un virtual Estado paralelo sometido a sus propias reglas.
Como sea, el caso Morales puso a la señora Sala y a Tupac Amaru en el centro de la escena nacional y los focos del periodismo echaron luz sobre una realidad poco conocida. Al cabo, la organización admitió su error en voz baja, pero esta actitud a regañadientes no disipa el concepto de fondo de agrupaciones que se consideran autorizadas -y amparadas- para ejercer lo que ellos llaman “la violencia popular”.
Como contracara se expone la inversión eficiente de los fondos asignados por el Estado, aunque hay muchas dudas sobre el control del gasto. Sin embargo, los mayores reparos apuntan a la abundante transferencia de recursos -inalcanzables para pymes y micropymes que pagan impuestos- y al manejo poco claro del gobierno de organizaciones que se parecen demasiado a grupos de choque.
