Preocupación en ámbitos judiciales, tranquilidad en el Ejecutivo
Casi el 20 % de los juzgados
está vacante en Santa Fe
Melincué y Tostado tienen apenas un magistrado en funciones para atender distintos fueros. Para el secretario de Justicia es una situación coyuntural.
Mario Cáffaro
El dato es preocupante: en la Corte Suprema de Justicia se afirma que 74 de los 330 cargos de jueces de la provincia están vacantes y el número irá en ascenso hacia fin de año por la decisión de varios magistrados de acogerse a los beneficios previsionales. El tema ha pasado a ser delicado en algunas zonas de la provincia, especialmente en los extremos como Melincué y Tostado, donde un solo juez debe hacerse cargo de varios juzgados pero también de tareas administrativas. Para el secretario de Justicia Roberto Vicente, son 57 vacantes con 37 concursos en marcha, muchos de los cuales están prontos a finalizar.
El pasado viernes se conoció un documento de los cinco colegios de abogados de la provincia donde los letrados hicieron pública su preocupación por la gran cantidad de vacantes de magistrados, la morosidad del Consejo de la Magistratura, la falta de presupuesto y la “ineficaz gestión” del Poder Judicial.
Además de pedir audiencias con las autoridades de los tres poderes, definieron como “colapsada y en emergencia” a la situación de la Justicia santafesina. Para Vicente, hay una situación coyuntural que tiene soluciones en marcha, pero entiende que no tiene la gravedad que plantean los colegios y recuerda que tanto Santa Fe como Rosario se encuentran en procesos de elecciones internas.
La semana pasada, la sanción de la Legislatura de un proyecto de reforma al llamado “banco de suplentes” de la Justicia trajo algo de alivio porque permite que jueces que están subrogantes en cargos vacantes puedan seguir en funciones. El Ejecutivo prometió un rápido envío de los pliegos para cubrir la lista de subrogantes en virtud de que el Consejo de la Magistratura tenía los concursos terminados. Hasta el momento esto no ocurrió debido a que no se cumplieron aún los plazos establecidos por la Constitución para que una ley entre en vigencia tras su promulgación. “Los pliegos para los bancos de suplentes están listos a ser enviados y existe un compromiso de la comisión de Acuerdos de tratarlos con la mayor celeridad posible”, dijo el funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El actual Poder Ejecutivo dispuso un nuevo método para seleccionar candidatos a jueces con jurados para cada concurso. La puesta en funcionamiento del sistema y el desconocimiento a concursos realizados en la anterior gestión hizo que durante 2008 se haya remitido un solo pliego y que resultara aprobado fictamente. Recién este año fueron enviados con regularidad y aprobados 23 de ellos, que no llegan a cubrir las vacantes producidas en el año por decesos o jubilaciones.
El Consejo de la Magistratura tiene definida una veintena de concursos, pero varios de éstos quedaron paralizados por impugnaciones o recursos presentados por algunos de los postulantes y la judicialización agrega otra demora más a la tarea.
Vicente entiende que “estamos cambiando el sistema de designación y esto tiene sus costos. Además, nos encontramos con el cambio generacional de jueces que se están jubilando”.
Un largo proceso
La gestión Binner sostiene que el Consejo de la Magistratura debe hacer hincapié en la capacidad técnica de los aspirantes y en su compromiso con el Estado de Derecho. Así, en primer lugar, un comité evaluador -integrado exclusivamente por un representante del Colegio de Abogados, uno del Colegio de Magistrados y otro de las universidades públicas- evalúa el aspecto técnico de los candidatos. Tras el análisis de los antecedentes y una prueba de oposición, surge una terna. Luego, hay un examen psicotécnico y, por último, entrevistas públicas con participación ciudadana a fin de evaluar el compromiso de los aspirantes con el Estado de Derecho y los principios constitucionales. El comité entrevistador, integrado por el secretario de Justicia -quien preside el Consejo- y un representante de cada una de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales de la provincia, no puede modificar la terna, sino sólo, y de manera fundada, el orden de mérito.
Todo este proceso demanda varios meses, especialmente a partir de la decisión de cada vacante es un jurado diferente que debe ser sorteado entre las nóminas remitidas por las facultades o los colegios de Abogados. Ya desde el año pasado hubo tanto desde la oposición política como desde los actores de la Justicia solicitudes de reformas para darle mayor agilidad al organismo.
“Hay 57 vacantes con 37 concursos en marcha. El 12 de noviembre se harán las audiencias para concursos múltiples de cámaras civiles y comerciales de Rosario. Llegamos a tener 56 vacantes y cubrimos 24. Admito que perdimos el primer año por todo lo que significó la puesta en marcha del nuevo sistema. Pero el cambio está en marcha y nos vamos a ir dejando una Justicia diferente”, afirmó Vicente.
