EDITORIAL

Jueces que

hacen trampa

El escándalo desatado a principios de setiembre en la ciudad de Paraná, en el marco del concurso para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de esa ciudad, produjo un fuerte cimbronazo en la opinión pública y movilizó al órgano encargado de la selección, el Consejo de la Magistratura, a propiciar un cambio en el procedimiento para bloquear la posibilidad de que los participantes hagan trampa.

El impacto de la noticia era previsible: se trataba nada menos que de un aspirante a juez, que pretendía acceder a ese cargo violando las normas. Un pésimo precedente para su futuro desempeño y para la confiabilidad que debe sustentar el rol institucional del Poder Judicial, máxime cuando la irregularidad -la posibilidad de que el concursante haya conocido de antemano el contenido “sorpresa” del examen, consistente en la resolución de un caso- sólo pudo ser cometida con el auxilio de alguno de los involucrados en el trámite. Esto es, más que probablemente, alguien que ya se desempeña como magistrado y que en este caso formaba parte del tribunal evaluador.

Así lo entendió la justicia entrerriana, que procesó al participante presuntamente fraudulento y al juez que habría actuado como cómplice. Paralelamente, el Consejo de la Magistratura inició el trámite para destituir a éste último.

No obstante, este sonado caso no constituyó un episodio excepcional. Por el contrario, en su rotundidad y flagrancia, permitió comprobar algo que ya era una sospecha instalada desde hacía tiempo. De hecho, el curso de las investigaciones permitió establecer que el mismo participante sospechado estaba envuelto en un caso similar previo, en Concepción del Uruguay.

Informaciones recientes han dado cuenta de nuevos casos, esta vez vinculados a la cobertura de cuatro vacantes en el fuero federal porteño. Las sospechas surgen de los antecedentes de un juez concursante, que en días previos al examen solicitó copias de un caso similar al que luego se utilizó para la evaluación; y también del desempeño de otro de los participantes, que fue capaz de incluir citas de 43 fallos -entre cuatro y diez veces más que sus competidores-, un récord difícil de alcanzar para quien no los tenga preparados de antemano. También aquí tomaron cartas tanto el Consejo de la Magistratura, como la propia justicia federal.

Más allá de que se haya demostrado una destacable capacidad de reacción en orden a la depuración del Poder Judicial, la sucesión de hechos revela la existencia de un marco propicio para este modus operandi, basado en la filtración de información restringida e incluso la manipulación de los sorteos de jurados. La habilitación de mecanismos que operen como firmes reaseguros contra maniobras de adulteración de los procesos o favorecimiento de ciertos candidatos en desmedro del resto, es una obligación insoslayable que el Consejo debe asumir de inmediato, por encima de remilgos sectoriales o escarceos políticos. Nada menos que la credibilidad de la Justicia es lo que está en juego.