EDITORIAL
Necesaria actuación de la Justicia
Días atrás se presentó en nuestra ciudad, una obra de teatro en la que se recrea la vida de Arturo Illía. Según los críticos, uno de los tópicos que mejor se desarrolla en la obra, es el relacionado con la ética personal del presidente radical.
Las consideraciones son pertinentes porque en estos días adquirió estado público, que el matrimonio Kirchner había multiplicado a niveles geométricos su fortuna personal. Las denuncias de Ricardo Monner Sans y Luis Majul en ese sentido son elocuentes y actualizan en términos legales, algo que precisamente se aprobó en tiempos de Illía, es decir, el enriquecimiento ilícito, una figura jurídica que compromete a un funcionario público a demostrar que la fortuna la obtuvo respetando las leyes.
Las recientes denuncias contra los Kirchner no son ninguna novedad para la opinión pública y, muy en particular, para los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Para ellos es un secreto a voces, que la pareja presidencial se enriqueció de manera escandalosa valiéndose de los instrumentos que brinda el poder, siendo las operaciones inmobiliarias uno de los filones de sus negocios privados. Al respecto no deja de ser una paradoja -una más-, que quienes invocan supuestos modelos de crecimiento industrial amasan su capital privado con negocios inmobiliarios, especulaciones financieras o, como en el caso de sus amigos y socios, por la vía de los juegos de azar.
Asimismo no deja de llamar la atención que los mismos que le reprochan a la oposición defender intereses concentrados, o estar movilizados detrás de objetivos inconfesables en materia económica, sean los mandatarios más ricos de nuestra historia política moderna, con el agregado de que un porcentaje importante de esa fortuna, se acumuló desde el poder.
La justicia tiene la palabra al respecto y es de desear que los jueces actúen con rapidez, eficacia y de acuerdo al derecho. Los súbitos sobreseimientos o las decisiones tendientes a archivar las denuncias, despiertan sospechas ya no sobre la pareja gubernamental, sino sobre los funcionarios judiciales. La sociedad argentina percibe que el poder, según definiera con meridiana precisión Alfredo Yabrán, otorga impunidad y cuando más alta es la responsabilidad pública, más alta es la impunidad.
Por último, a nadie se le escapa que, más allá de lo que resuelva la justicia, los políticos y funcionarios que se enriquecen en el poder despiertan a su alrededor las peores sospechas, sobre todo, como en el caso de los Kirchner, cuando los hechos parecen ser tan evidentes y a nadie se le escapa que la fortuna adquirida, jamás se pudo amasar con los sueldos que perciben.
