Sin sorpresas en la votación de Diputados

Presupuesto, impuestos y deuda

serán definidos por el Senado

Hay diferencias entre el Frente Progresista y el justicialismo en la suba de tributos. Ambas fuerzas coinciden en no darle al Ejecutivo un cheque en blanco para el endeudamiento y en repartir por mitades el fondo sojero.

 

Mario Cáffaro

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La suerte del presupuesto 2010 y la reforma fiscal está en manos del Senado donde el justicialismo tiene cómoda mayoría. La tercera pata del mensaje del Poder Ejecutivo -la autorización a un libre endeudamiento- no será tal y toda vez que necesite tomar créditos el Ejecutivo deberá mandar un pedido de autorización a las cámaras legislativas. La votación producida en la Cámara de Diputados ayer no arrojó sorpresas. Es más, confirmó el acuerdo interno alcanzado entre los distintos bloques justicialistas que sería respetado por los senadores partidarios. Fruto de ese acuerdo es que la oposición dejó al kirchnerista Ricardo Peirone como miembro informante del paquete sobre finanzas y éste dejó en claro en reiteradas ocasiones que hablaba en nombre de todos. Marcelo Gastaldi y Alberto Monti pidieron insertar sus exposiciones en la versión taquigráfica mientras que Silvina Frana se encargó de refutar algunos conceptos del radical Carlos Fascendini.

En el oficialismo, fue Fascendini el encargado de darle fundamentación técnica y explicar las reformas introducidas al mensaje del Ejecutivo y el socialista Raúl Lamberto el encargado de cerrar con un fuerte discurso político donde defendió lo que el gobierno denomina “armonización tributaria”. En el medio, dos hechos no menores. En uno de ellos el socialista Joaquín Blanco advirtió que la moratoria que propician los senadores justicialistas y que avalaron los diputados está destinada a grandes empresas que tienen embargadas las cuentas por API, entre ellas las principales petroleras y bancos del país. En el otro, una fisura en el oficialismo ya que Antonio Riestra hizo una enfática defensa del rol que debe tener el Estado y cuestionó la decisión de sus pares oficialistas de sacarle 20 puntos al Ejecutivo para dividir en partes iguales entre provincia y municipios y comunas el fondo sojero lo que obligó a respuestas explicativas del radical Santiago Mascheroni y el demoprogresista Gabriel Real.

Algo de lo que se dijo

“El Ejecutivo ha sido franco y puso los números sobre la mesa sin tapujos, sin subterfugios para evitar críticas. Se pone en discusión este proyecto sabiendo las críticas pero discutiendo sobre bases reales” disparó Fascendini. “En términos políticos se intenta mantener los servicios educativos, sanitarios y de seguridad en los términos actuales y sostener la inversión, por eso se exhibe el déficit financiero” previsto en 1.600 millones de pesos para el caso de que no se acepte la reforma tributaria. Justificó la reforma en que Santa Fe tiene la menor presión fiscal si se la mira con las provincias vecinas y aseguró que de votarse “jamás los municipios y comunas habrán tenido un aumento tan importante de recursos”.

Peirone dijo que los justicialistas “tenemos una mirada diferente” y habló de “generosidad en el manejo de los egresos” e instó al gobierno a poner el ojo en ese tema. “Cuestionamos la reforma tributaria porque no está gravando con equidad sino con incrementos planos, simétricos lo cual hace que en una sociedad desigual, se profundicen las desigualdades”. Pero, además, advirtió que ingresar en el ciclo de endeudamiento es transitar una cornisa peligrosa. Sobre este punto, Frana señaló que “déficit, aumento de impuestos y endeudamiento atentan contra el aparato productivo de la provincia”. Monti, en tanto, utilizó una frase del socialista español Felipe González para llamar la atención al gobierno. “El que gasta más de lo que tiene no es ni bueno ni malo, es un irresponsable” habría dicho el ex jefe del gobierno europeo.

Riestra cargó el debate cuando dijo estar asombrado “por la incapacidad que tenemos para pensar el Estado” y cuestionó la falta de inversión y las exenciones tributarias realizadas en los años de gobiernos justicialistas.

“Todo los que nos objetan y que ponemos en el proyecto lo han hecho” les dijo Lamberto tras escuchar las críticas. “Han utilizado fondos del Fuco, han tomado créditos, han escondido el déficit”, disparó el socialista.

En su análisis, se detuvo en advertir que ya en el 2007, Santa Fe empezó a dejar de tener superávit, habló de la pérdida de autonomía fiscal y de créditos tomados por las gestiones anteriores así como a bonos emitidos para pagar deudas a jubilados y justificó el aumento del gasto corriente en los aumentos y blanqueos salariales y en el cumplimiento de las transferencias a municipios y comunas. “Esta gestión no tiene reclamos administrativos de municipios y comunas, pero sí recibió planteos de Rafaela, Cañada de Gómez y Correa -entre otros- por incumplimientos de transferencias antes del 2007”, aclaró

“Resulta paradójico que hoy se promuevan propuestas y recetas que no aplicaron en gestiones anteriores. Debemos mirar al futuro y trabajar para saldar la inconmensurable deuda social que todavía afecta a miles de santafesinos, más especialmente donde la presencia del Estado resulta insoslayable”, concluyó.

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Ricardo Peirone advirtió que el justicialismo observa con preocupación el aumento del gasto en la provincia.

Foto: Mauricio Garín

Reforma o armonización tributaria

En términos generales, oficialismo y oposición en Diputados coincidieron en la necesidad de aumentar el impuesto inmobiliario tanto urbano como rural (congelados desde 1995); autorizar una sexta cuota de patente para este año y el venidero y también en gravar con Ingresos Brutos a la industria. La diferencia -por ahora- es que el Frente Progresista prevé cobrar el 0,5% a las empresas que facturen más de cuatro millones de pesos anuales mientras que el justicialismo puso como piso 60 millones e incluyó a las firmas agrícola ganaderas. “Saludamos la decisión del justicialismo de admitir que este sector debe tributar”, dijo Lamberto aunque cuestionó la cifra de piso. Peirone, en tanto, insistió en el efecto cascada que tiene el tributo y se preguntó cómo se explica esta decisión con las cadenas de valor que propicia el ministro de la Producción, Juan José Bertero. Sí coinciden en que empresas no radicadas en territorio santafesino que comercialicen productos de origen agropecuario o industrial, o que presten servicios en la provincia deberán pagar Ingresos Brutos con la alícuota general.

En cambio, hay coincidencias en incrementar las alícuotas para casinos y bingos, telefonía celular, actividades financieras, venta de armas y municiones, entre otros.

El justicialismo no acepta la derogación del artículo 154 del Código Fiscal que permite detraer de parte de Ingresos Brutos lo pagado por Derecho de Registro e Inspección a municipios o comunas ni el régimen tributario simplificado de Ingresos Brutos ni la fuerte suba del módulo tributario.

Las dos fuerzas acordaron dividir por mitades el fondo sojero entre la provincia y los municipios y comunas así como en permitir mayor uso del fondo de obras menores para gastos corrientes. En cambio, el PJ propuso aumentar en dos puntos la masa coparticipable y en incluir la moratoria, temas no aceptados por el Frente Progresista.

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El radical Fascendini justificó los cambios impositivos en la necesidad de mantener los servicios que presta el Estado.

Foto: Mauricio Garín

Moratoria

Joaquín Blanco cuestionó la decisión del justicialismo de avanzar con una moratoria que según los senadores permitiría sumar 150 millones de pesos al fisco. Para el socialista ese proyecto tiene “nombres y apellidos” y las identificó como las grandes empresas que son las mayores deudoras y que tienen conflictos con el fisco.

Mencionó en primer lugar a la petrolera Shell con una deuda -según el fisco- de 22 millones pesos. Después mencionó -siempre en orden de monto de deuda- a bancos Galicia y Boston, Esso, Santander Río, Petrobras, Agrotracción, Monsanto, Citibank y Toyota.

/// EL DATO