Demandas al gobierno nacional
Amparo contra la utilización
de las reservas del BCRA
La presentación la realizó la provincia de San Luis ante la Corte Suprema, en tanto que el ex diputado Mario Cafiero hizo otra ante el juez federal Daniel Rafecas.
De la redacción de El Litoral
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La provincia de San Luis demandó ayer al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia por el dictado de un decreto a través del cual dispuso la utilización de 6.569 millones de dólares de las reservas federales para el pago de la deuda pública.
El gobierno de Alberto Rodríguez Saá presentó un amparo en el que le solicitó al máximo tribunal la impugnación del decreto 2010/09 por el que la presidenta Cristina Fernández dispuso el uso de las partidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para ese fin, le informó a DyN el abogado de la provincia, Rodolfo Barra.
“Hicimos la presentación sobre la base de que las provincias tienen dominio sobre las reservas del BCRA. La medida va a dañar el patrimonio del banco y el valor de la moneda y requiere una decisión del Congreso Nacional”, explicó Barra, que fue ministro de Justicia e integró el máximo tribunal durante el gobierno de Carlos Menem.
El abogado le pidió a la Corte Suprema que le envíe un oficio al BCRA para que explique la situación y que habilite la feria judicial de verano para tratar el tema. “La cuestión es muy urgente porque el decreto se está ejecutando”, sostuvo Barra.
El caso
La presidenta anunció el 14 de diciembre pasado la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad por el uso de las reservas federales para pagar la deuda en dólares el año que viene, para lo cual dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU).
El decreto debe ser ratificado por una comisión bicameral del Congreso, donde se generó un fuerte conflicto por este tema. En la jornada de hoy, el oficialismo y la oposición debían definir en manos de quién quedará la presidencia.
En su demanda, San Luis objetó que el decreto fue dictado un mes después de que el Congreso aprobó el Presupuesto Nacional para 2010 y que el tema del uso de las reservas no haya pasado por las cámaras legislativas.
“Una cuestión de tanta trascendencia debe estar respaldada por una ley”, opinó Barra, quien señaló que en el caso “no existe ni la necesidad ni la urgencia. Estas cosas agravian al pueblo de la provincia y su capacidad tributaria. El gobernador debe defender la Constitución y las leyes”, agregó.
San Luis ya había presentado este año otra demanda contra el gobierno por la aplicación de las retenciones en el reparto de la coparticipación, causa que sigue en trámite.
El Congreso será escenario mañana de la segunda gran pulseada entre el oficialismo y la oposición desde la nueva relación de fuerzas surgida de las legislativas de junio pasado, cuando se reunirá la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para elegir a sus autoridades.
La pelea se centra en quién se quedará con la presidencia de esa comisión que tiene a su cargo la convalidación legislativa de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Ejecutivo, entre los que hoy están en la agenda el que creó el llamado Fondo del Bicentenario con reservas del Banco Central para el pago de deuda pública durante 2010 y el veto parcial de la presidenta Cristina Fernández a la ley de reforma política.
La presidenta del bloque socialista, Mónica Fein, dijo a El Litoral que sólo sabía que mañana se analizaría el tema pero que los bloques que integran las fuerzas políticas no oficialistas no se había reunido para definir un nombre para esa presidencia. En igual sentido respondió Daniel Germano del peronismo disidente.
Las posiciones del oficialista Frente para la Victoria (FPV) y la heterogénea oposición aparecen irreductibles en cuanto a sus pretensiones para ocupar la presidencia de esa estratégica comisión, después de que los presidentes del Senado, Julio Cobos, y de Diputados, Eduardo Fellner, firmaron las designaciones de los legisladores de ambas cámaras: un total de ocho oficialistas y ocho opositores (radicales, peronistas disidentes y Coalición Cívica).
Los senadores designados son: los oficialistas Miguel Angel Pichetto, Nicolás Fernández, Marcelo Guinle y Beatriz Rojkés de Alpertovich; los radicales cordobeses Ramón Mestre y Luis Naidenoff y los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso. Los diputados, por su parte, son: los kirchneristas Jorge Landau, Luis Cigogna, Diana Conti y Agustín Rossi, en tanto por la oposición están los radicales Rubén Lanceta y Juan Tunnessi, el peronista disidente Enrique Thomas y Marcela Rodríguez (Coalición).
Pero más allá de ese acuerdo, persisten las diferencias en cuanto a quién ocupará la presidencia, cuyo único valor resulta de ser el voto que decidiría, en caso de empate, cuáles serán los dictámenes de mayoría y por tanto cuál se trataría primero en el plenario de la Cámara.
Es probable que mañana no haya acuerdo sobre la presidencia de la Comisión. De suceder así, el oficialismo apuntaría al sistema de sanción ficta, según el cual los DNU siguen vigentes hasta tanto no sean rechazados por ambas cámaras. La oposición, en cambio, insistirá en que la presidencia se decida en plenarios de las dos cámaras; confía en reeditar la mayoría que le permitió asestarle el primer golpe político al kirchnerismo, cuando fue la sesión preparatoria en Diputados, a comienzos de este mes.
17.500 millones y no 6.500
El juez federal Daniel Rafecas recibió una nueva denuncia contra el gobierno por el decreto que autoriza el pago de parte de la deuda pública mediante la utilización de reservas del Banco Central (BCRA). “En un intento desesperado por demostrar la voluntad de pago de la deuda pública el gobierno -mediante el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2010- ha dispuesto pagar con reservas del Banco Central”, advierte la denuncia, firmada por el ex diputado Mario Cafiero.
Según consigna el escrito, se trata de “un plan financiero necio y una reacción opositora hipócrita”, al tiempo que advierte que los fondos del Central comprometidos superan largamente los 6.500 millones de dólares anunciados. “El DNU 2010 autoriza al gobierno a llevarse 17.500 millones de dólares del BCRA, no sólo los 6.500 millones del Fondo del Bicentenario. Se puede despojar así al Banco Central de casi el 40 por ciento de sus activos líquidos en moneda extranjera. A cambio de esas divisas el gobierno le entrega un pagaré o letra carente de toda liquidez que vence dentro de 10 años”, sostiene la denuncia. Pero además, advierte que el decreto “eliminó la responsabilidad de los directivos del BCRA por los efectos monetarios de la medida”, lo que significa “un acto preparatorio para tomar por asalto las reservas, al anularle directamente sus atribuciones y obligaciones de velar por el valor de la moneda””.
Además, alerta el documento, “el BCRA podría seguir contrayendo deuda para adquirir dólares y pasárselos al gobierno, configurando esto un emisionismo de deuda demencial que sólo puede acabar en un estallido hiperinflacionario”.
La acción judicial apunta a los responsables de la firma del DNU 2010, en especial el ministro de Economía Amado Boudou; los directores del BCRA, en especial a su presidente Martín Redrado; a los legisladores integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y, eventualmente el procurador General de la Nación.
