Datos del Isev
La Argentina sigue con tasas altas de siniestralidad vial
La ONG Luchemos por la Vida en el informe anual indica que en 2009 hubo 7.885 decesos en todo el país. En la provincia de Santa Fe 648, 100 más que en Córdoba. Foto: DyN
Trece personas murieron ayer y otras 27 resultaron heridas en dos accidentes de tránsito ocurridos en la provincia de Chaco. Uno tuvo lugar en la localidad de Machagai, donde un micro se incendió y los pasajeros murieron carbonizados, y otro en Basail, al chocar dos autos.
De la redacción de El Litoral
Durante 2009, la siniestralidad vial en nuestro país aumentó en relación a la cantidad de siniestros graves y de lesionados con respecto a 2008, según señaló el director del Instituto de Seguridad y Educación Vial (Isev), Eduardo Bertotti. No obstante, la mortalidad consecuente se ha mantenido prácticamente en los mismos valores del año inmediato anterior. Los datos le llevan a decir a Bertotti que “continuamos como sociedad ubicados en una meseta muy alta considerando la enfermedad social de los siniestros viales”.
El Isev es un centro privado, dedicado al estudio e investigación en las materias de tránsito, transporte, educación y seguridad vial, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, del sector público y privado. Sus miembros son principalmente empresas y cámaras ligadas al transporte y la logística- y no suministra cifras en términos absolutos limitándose a presentar tendencias periódicas.
El informe anual dice que la siniestralidad vial (hechos graves) aumentó respecto a 2008 en un 16,48 %: la morbilidad vial grave (lesionados severos) se incrementó un 6,74 % mientras que la mortalidad vial (defunciones hasta 30 días) se mantuvo casi igual a 2008.
“La paridad en la mortalidad vial implica que en el año 2009 la tasa de mortalidad de 27 cada 100.000 habitantes del año 2008, se redujo a 26.88. Esta tasa era de 28.52 en 2007” destacó el director.
Se entiende que el aumento de controles sobre comportamientos (alcohol y velocidad) han permitido estabilizar o disminuir las consecuencias fatales de los siniestros viales. Incrementar y sistematizar las acciones sobre el uso de herramientas de seguridad pasiva como cinturones y cascos, es sin lugar a dudas uno de los recursos donde más debe trabajarse, conforme lo recomienda la OMS y la ONU.
“Sin embargo, debe tenerse presente que la siniestralidad vial grave continúa incrementándose. Ante ello, tendrá fundamental importancia la investigación y el análisis de sus causas de producción y el rol fundamental de los organismos específicos en la materia, como es el caso del Observatorio de Seguridad Vial y el recientemente creado Consejo Científico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial” acotó Bertotti.
Decreto provincial
En tanto, el gobierno provincial dio a conocer el decreto Nº 2.672 del 30 de diciembre último por el cual asigna recursos y dota de financiamiento a la Agencia Provincial de Seguridad Vial creada en julio de 2008.
El decreto se fundamenta “en la necesidad de institucionalizar la seguridad vial como primer paso fundamental para poder alcanzar soluciones eficientes y permitir así mitigar las consecuencias de esta enfermedad oculta que es la siniestralidad vial”.
Señala en los considerandos que “especialistas en la materia han reconocido que uno de los pilares para lograr dicho objetivo es la creación de organismos, estructuras o unidades dinámicas del Estado, con competencias específicas-que centralicen recursos humanos, materiales y financieros-, con una estructura ejecutiva sólida, pero con una activa coordinación transversal; que planifique, coordine y ejecute las políticas públicas y programas inherentes a la Seguridad Vial” y después cita recomendaciones del Isev.
Además de los fondos presupuestarios, la Agencia se nutrirá de los ingresos relativos a sanciones de multas y recargos por infracciones de tránsito y seguridad vial; recursos derivados de convenios firmados por la provincia con organismos nacionales como los emanados de la revisión técnica vehicular obligatoria y de los registros de antecedentes de tránsito; las auditorías realizadas a los centros de otorgamiento de licencia de conducir provincial profesional que funcionan en cinco ciudades de la provincia así como cualquier otro recurso recaudado mediante sistemas de fiscalización de tránsito.
