El empecinado corte de Gualeguaychú

 

Se sabe que uno de los temas principales que trataron el presidente electo de Uruguay, José Mujica, con la presidenta argentina, fue el corte de ruta en el puente internacional Gualeguaychú - Fray Bentos. Como es de público conocimiento, el corte de ruta promovido por grupos ecologistas y vecinos se inició hace tres años con el consentimiento y, en algunos momentos, el apoyo de las autoridades políticas de la provincia de Entre Ríos.

No se conoce con certeza a que conclusiones arribaron los mandatarios, aunque se sabe que, para Mujica, el tema es uno de los más importantes de su agenda política. Pocos días antes de la reunión con Cristina, Mujica expresó en Uruguay su deseo de llegar a un entendimiento. Trascendidos no confirmados aseguran que Mujica también se reunió con algunos de los responsables del corte de ruta. Y si bien no hubo reconocimiento oficial de esa supuesta reunión, tampoco fue desmentida, motivo por el cual se cree que existen conversaciones no blanqueadas.

Más allá de las inevitables idas y venidas en un proceso delicado por los intereses que compromete, lo que está claro es que Uruguay ha iniciado una acción diplomática destinada a ponerle punto final a una decisión inadmisible tomada por un puñado de vecinos. Sería deseable que las autoridades políticas argentinas faciliten un acuerdo, porque a esta altura lo que ocurre en Gualeguaychú se parece más a un delirio que a una decisión política en defensa del medio ambiente.

En numerosos editoriales hemos expresado nuestro punto de vista crítico de un corte de ruta que viola la Constitución y tratados internacionales y, como consecuencia, violenta las relaciones diplomáticas argentinas en la región. La crítica se hace extensiva a las autoridades de la provincia de Entre Ríos, que haciendo gala del más crudo oportunismo han alentado y justificado el corte, cuando existen pruebas de las gestiones realizadas en su momento para que las pasteras se instalaran en nuestro país. Además, allí están las extensas plantaciones de pinos en tierra entrerriana para reafirmar la presunción.

Si el bloqueo del puente que une a las localidades de Gualeguaychú con Fray Bentos fue en todo momento una acción ilegítima, tres años después la situación ha adquirido ribetes patológicos. Un puñado de vecinos decide la política exterior de la Nación y, en vez de impedirlo, muchas veces, desde la Municipalidad de Gualeguaychú y desde la provincia se legitima a los ocupantes mediante la provisión de bienes y recursos.

Al respecto, Mujica y la presidenta argentina señalaron que el fallo de la Corte de La Haya habrá de despejar la situación. Sin embargo, los principales dirigentes del corte han adelantado que no reconocerán ningún fallo que contradiga sus puntos de vista. Esta posición irreductible e irracional afecta las relaciones binacionales y la trama del comercio en el Mercosur, mientras desactiva la elevada inversión nacional en un puente que fue pagado con el esfuerzo de los argentinos.