Entidades del norte

Cuestionan aumentos

De la redacción de El Litoral

Agencia Reconquista

El nuevo cuadro tributario provincial disparó duros comunicados de la filial local de la Confederación General del Trabajo y del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, en Reconquista.

En primer lugar, la central sindical norteña advirtió que “ve con precaución y rechaza enérgicamente los aumentos en las tasas, impuestos y arancelamientos comunales, municipales y provinciales, incluidos la EPE y Aguas Santafesinas”, los que afectan principalmente a los trabajadores, jubilados y a la mayoría de la población.

Esta “voracidad fiscal sin límites” ha sido decretada “sin miramiento alguno” por los gobiernos municipales y provinciales y los organismos públicos, “poniendo los vencimientos cuando aún rigen los salarios del año pasado”, debiendo los trabajadores y jubilados hacer frente a los mismos, y siendo que en su conjunto, exceden su capacidad contributiva, cargaron desde la CGT.

En tal sentido, inquirieron: “De qué sirve que los asalariados logremos una recomposición salarial, si antes de hacerse efectiva ya ha sido devorada por el aumento de tasas, impuestos, arancelamientos y servicios”, tornando interminable la lucha por conseguir mejora en los haberes.

La queja dada conocer ayer también vierte su crítica los legisladores: “También nos preocupa que los representantes del pueblo hayan aprobado sin tener en cuenta el interés de la mayoría, y sólo para satisfacer las arcas fiscales”.

Aunque se reconoce en la comunicación la necesidad de mejorar las prestaciones del Estado en sus diversas áreas, la misma insta a agudizar el ingenio para buscar otros mecanismos de recaudación que no perjudiquen las economías de los que menos tienen, que siempre resultan ser los más castigados de estas “políticas discriminatorias”.

Severo límite

Por su parte, el órgano colegiado que nuclea a los profesionales del Derecho del norte también hizo pública una misiva donde expresa su más “profundo malestar” por el reciente aumento los exorbitantes incrementos experimentados en las tasas, reposiciones y sellados.

Si bien el aumento es una potestad del Poder Ejecutivo -señalan sus autoridades-, “no podemos dejar de considerar que los nuevos costos van a repercutir en el ámbito específicamente judicial como en otros organismos públicos vinculados con la actividad tribunalicia”.

Medidas como éstas constituyen “un escollo para el ejercicio profesional de los abogados” y por sobre todas las cosas “un severo límite” a los ciudadanos al que seguramente se le restringe la posibilidad de acceder a la justicia en un marco de normalidad y bajo costo, finaliza el comunicado de prensa del Colegio de Abogados.