Edición del Miércoles 10 de febrero de 2010

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Reclamos y extorsiones - Edición Impresa - Opinión Opinión

EDITORIAL

Reclamos y extorsiones

Cualquier ciudadano tiene derecho a protestar. Sin embargo, resulta inaceptable que el ejercicio de este derecho convierta en rehenes al resto de los integrantes de una comunidad.

Desde hace algunas semanas, el avance de las aguas del Paraná viene provocando sucesivos piquetes sobre las Rutas 1 y 168, protagonizados en gran medida por grupos de vecinos que se negaron a ser trasladados a terrenos altos cuando, a fines del año pasado, la Municipalidad les advirtió sobre los riesgos que correrían en estas zonas inundables.

No aceptaron la sugerencia, desoyeron las indicaciones de la autoridad competente, permanecieron en lugares bajos y hoy intentan atribuirse la potestad de fijar las reglas de juego sobre esta ruta que representa la única conexión de la ciudad con la costa santafesina y la provincia de Entre Ríos.

A pesar de la ayuda constante que reciben desde el municipio y el gobierno provincial, estos grupos realizan cortes de tránsito en los que miles de personas quedan bloqueadas. La ruta se corta de manera imprevista y por motivos que, en general, no representan situaciones de verdadera emergencia.

En un principio, los piquetes se multiplicaron sin que desde el Estado se adoptara medida alguna para prevenirlos. Con el correr de los días, las autoridades comprendieron que resultaba fundamental la presencia policial en las zonas de cortes, como mecanismo tendiente a evitarlos. No se trata de reprimir, sino de actuar en el momento indicado para impedir que la situación derive en retención de personas y probables enfrentamientos.

Cualquier ciudadano tiene derecho a protestar cuando siente que sus derechos son vulnerados. No obstante, en este caso, quienes protestan son grupos de personas que en su momento fueron advertidas sobre la situación y que, además, han convertido el reclamo en un mecanismo extorsivo para conseguir lo que pretenden.

Tanto es así que hace dos semanas, desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, se radicó una denuncia penal y se calificó a los cortes de “actos delictivos”, porque algunos de sus protagonistas se negaban a aceptar que asistentes sociales visitaran sus viviendas para comprobar si efectivamente necesitaban lo que pedían.

El otro aspecto que agrava estas acciones es la ausencia de una vía alternativa a la Ruta 168 para ingresar o salir de la ciudad por el este. De modo que quienes quedan atrapados en un piquete y sujetos a la respuesta que puedan dar las autoridades frente al chantaje se asimilan a grupos de secuestrados por los que se pide rescate. ¿Qué ocurrirá el día en que una ambulancia con una persona en grave estado quede retenida por un piquete? ¿Quién se hará responsable?

Es cierto que, como ocurre con toda situación de emergencia, la crecida del río Paraná desnudó los graves problemas sociales que carcomen a la ciudad de Santa Fe. Pero el agua también dejó al descubierto a grupos de oportunistas y muestra que aún falta coordinación en el Estado para actuar ante situaciones críticas.



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Miércoles 10 de febrero de 2010
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