Superti propuso formar una comisión de trabajo
La Corte y el Ejecutivo hablaron sobre la reforma del sistema penal
De la redacción de El Litoral
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y el secretario de Transformación de los Sistemas Judiciales, Carlos Giandoménico, se reunieron con los seis ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el procurador general, Agustín Bassó, a quienes plantearon la necesidad de constituir una comisión de trabajo interinstitucional entre los poderes Ejecutivo y Judicial para la puesta en marcha del nuevo proceso penal.
A fines de diciembre de 2009, Superti había solicitado la conformación de este espacio de trabajo para abordar en conjunto y coordinadamente tres ejes fundamentales vinculados con la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal: la infraestructura, la capacitación y lo normativo. Dicho requerimiento fue abordado en la reunión realizada ayer en el marco del acuerdo plenario semanal de la Corte. Las autoridades del máximo tribunal estudiarán ahora la propuesta y se expedirán al respecto.
Desde el Ministerio de Justicia se explicó que se procura la constitución de una comisión que aborde temas que involucran a ambos poderes a la hora de implementar este cambio para la provincia. Por ejemplo, la infraestructura edilicia que albergará a los nuevos tribunales penales, el Ministerio Público y la Defensa Pública; la transición al nuevo sistema que involucra a magistrados, secretarios, fiscales, defensores, peritos y empleados del Poder Judicial; los programas de capacitación; la oficina de gestión judicial, la coordinación de tareas con los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) y las Oficinas de Depuración de denuncias.
Las bases legales
En 2007 fue aprobado el nuevo Código Procesal Penal y a fines del año pasado las leyes complementarias para montar el nuevo sistema, como las llamadas ley de Transición, la de creación del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal, así como la norma que se refiere a la organización de los tribunales penales.
La puesta en marcha del nuevo sistema no sólo le permitirá a Santa Fe ponerse a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, sino que responderá a las demandas de la población de una Justicia más cercana, ágil y eficiente. Es que los procesos ya no serán escritos y secretos sino orales y públicas. Se desarrollarán en audiencias en las que las partes expondrán sus puntos de vista en forma transparente, incorporando a la víctima la gran olvidada del sistema anterior, que ahora puede querellar.
