EDITORIAL

Un flagrante

doble discurso

En el período comprendido entre 1853 y 1983, esto es durante 130 años y 23 presidentes constitucionales, se dictaron 18 decretos de necesidad y urgencia. En el período que va de 1983 a 1989 se nota un considerable aumento, lapso en el que se dictan 10 decretos en menos de 6 años. Entre 1989 y 1999, se observa una desnaturalización de la figura, llevando el número a aproximadamente 308, cifra demostrativa de una verdadera ruptura del principio de división de poderes.

El párrafo anterior reproduce la exposición de fundamentos del proyecto de ley (TP 162) 6.876-D-00, presentado ante el Senado de la Nación por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner en el año 2000, con el propósito de frenar la proliferación de DNU. La argumentación apuntaba a la gestión de Carlos Menem, quien en realidad firmó 545 decretos de este tipo durante sus 125 meses de mandato.

Pero también cuestionaba el incipiente período de Fernando de la Rúa. Dice el texto: “Dicha actitud ha continuado con el presente gobierno, quien a escasos 6 meses de gestión ya había superado el número dictado por el anterior gobierno a idéntico tiempo. De tal forma, el primigenio objetivo de limitar mediante la inclusión constitucional no dio resultado, habiendo, por el contrario, actuado como una suerte de legitimación a tan perversa práctica”. Objetivamente, en sus 24 meses como presidente, de la Rúa firmó 73 DNU, a razón de 3 por mes.

Pero hacia 2006, la legisladora Fernández ya no blandía sus argumentaciones iniciales. Para entonces la presidencia de la República era ejercida por su esposo, Néstor Kirchner, quien en sus 53 meses de mandato firmó 270 DNU, a razón de 5 decretos por mes. El promedio de Menem fue de 4,4 decretos mensuales.

En 2010, con Cristina Fernández en la presidencia, los DNU vuelven a ser motivo de polémica, particularmente a partir de la crisis institucional desatada por la creación del Fondo del Bicentenario, con fondos del BCRA. El zafarrancho dio pie para que la presidenta definiera a la oposición como “perros que ladran” y que “ponen palos en la rueda”, mientras Aníbal Fernández embestía contra “el partido judicial”, porque la Justicia había trazado un límite.

Aquí podrían consignarse todos los argumentos de los “perros que ladran”. Pero no es necesario. Basta con volver al texto firmado por Cristina Fernández en el 2000, uno de cuyos párrafos reza: “Así, el Poder Ejecutivo continúa legislando en forma habitual mediante una herramienta de excepción, con el consiguiente deterioro de las instituciones republicanas y la consecuente inseguridad jurídica”.

Quien hoy se atreva a hablar de inseguridad jurídica es inmediatamente encuadrado por el oficialismo en el grupo desestabilizador, que supuestamente integran la oposición, la Justicia, el campo y la prensa independiente. Aunque le disguste, la presidenta debiera entender que, precisamente mientras existan esos medios independientes, no podrá borrar con el codo lo que escribió con su mano.