Pronunciamiento del Consejo Consultivo para el Crecimiento

Recomendaciones a Binner sobre políticas para seguridad pública

El órgano asesor sugirió constituir un Consejo Provincial de Seguridad para que elabore un informe sobre el estado actual de la Policía. Recomendó ampliar el 911 y atender la cuestión social.

 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

El Consejo Consultivo para el Crecimiento de Santa Fe elevó dos dictámenes al gobernador Hermes Binner referidos a la seguridad pública advirtiendo la importancia que el tema ya tiene en la opinión pública, sugiriendo en un caso una serie de políticas a definir entre los diferentes actores sociales y en el otro propuestas para avanzar en las causas penales donde se encuentren involucrados agentes públicos, en especial del área de seguridad.

Los dictámenes llevan las firmas del presidente y el secretario del cuerpo, Luis Carello y Esteban Hernández, y son los primeros que se emiten en el presente año.

El dictamen sobre seguridad pública contiene 16 sugerencias, entre las primeras de las cuales se encuentra la de generar “un espacio de reflexión permanente entre fuerzas políticas, sociales, organizaciones de derechos humanos, representaciones religiosas, ONG con experiencia en la problemática de seguridad, etc., con el objeto de consensuar políticas de Estado que den respaldo y continuidad a las medidas que se van concretando”. Enseguida sugieren la constitución “de un Consejo Provincial de Seguridad, cuyo primer trabajo sea confeccionar un informe sobre el estado actual de la fuerza de seguridad provincial y sus necesidades” y recomiendan se aborde desde ese consejo “un plan provincial de análisis y reflexión sobre hábitos individuales y sociales que facilitan, potencian o agravan la inseguridad, como así también el estudio de los mecanismos para modificarlos.”

Avance en las causas

En otro punto recomiendan al gobernador que “se adopten las medidas necesarias para garantizar la agilización de los juicios penales y sumarios administrativos en los cuales se encuentren involucrados agentes de la fuerza de seguridad, sea condenándolos, si son culpables, o liberándolos de sospechas, si son inocentes”. Además consideran de suma importancia sensibilizar a la sociedad de la necesidad de “llevar adelante un proceso de reorganización de la fuerza, imprescindible para mejorar la seguridad provincial”.

Ya sobre políticas propias de seguridad, el Consejo Consultivo sugirió implementar un sistema informático para huellas dactilares y de rostros que acelerará las investigaciones por delitos; reordenar el sistema de recolección de denuncias implementando métodos informáticos ágiles y seguros para evitar de esta manera gastos de movilidad y de tiempo de los agentes de seguridad; organizar el enlace vía Internet de todos los destacamentos policiales; extender el Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito a, por lo menos, los grandes centros urbanos para la recepción de las denuncias de hechos en los que no existan lesiones o muertes.

También aconsejan reemplazar a los agentes de la fuerza policial en la tarea de efectuar notificaciones, sean ellas judiciales o administrativas, incluso las de la propia fuerza y asignar la tarea a personal cuyas funciones no tenga que ver con la seguridad; atender la distribución de las viviendas a agentes de la fuerza y la escrituración en los casos en que las mismas hayan sido entregadas así como acelerar al máximo posible la implementación completa y definitiva del 911 provincial.

El Consejo Consultivo propuso además generar el espacio para la discusión de la Ley Orgánica Policial, con la participación efectiva de representantes de la fuerza policial, y de toda la ciudadanía a través de las entidades de la sociedad civil que se han ocupado del tema; incrementar en el proceso de formación policial la incorporación de más modernas y efectivas técnicas no letales de autodefensa y disuasión y analizar mecanismos progresivos de incorporación de entidades de la sociedad civil a la relación con las distintas reparticiones policiales, en el entendimiento de que ello redundará en un mejor servicio de seguridad y permitirá a la población sentirse partícipe y efectuar aportes concretos en un tema de su especial interés”.

Consideraciones preliminares

El escrito del Consejo parte de reconocer que no existe en el ámbito de nuestro país una política de seguridad que haya probado ser exitosa, la cual pudiera ser tomada como referencia para desarrollar la política provincial. Remarca que los importantes aportes de investigadores sobre el tema de seguridad con los que se puede contar en nuestro país no han podido apoyarse todavía en suficientes experiencias que los sustenten.

Los consejeros advierten que existe una enorme preocupación en la población en lo que a seguridad refiere, a tal punto que todas las encuestas muestran que en la actualidad el tema es considerado como el más importante.

Hacen notar que los recursos económicos con que cuenta el Ministerio de Seguridad ascienden aproximadamente al 8,5 % de los recursos totales de la provincia, cifra que consideran importante pero limitada, “siendo esa limitación una constante en la gestión pública, y lo seguirá siendo en los próximos tiempos”. No obstante ello, entienden posible plantearse esquemas de mejora en los mecanismos de seguridad que no requieran recursos excesivos.

1a.jpg

El informe pone el acento en la atención de los problemas sociales. La juventud sin expectativas de futuro, una cuestión a resolver.

Foto: Luis Cetraro

Causas penales contra agentes públicos

En otro dictamen, el Consejo Consultivo aconseja al Poder Ejecutivo facultar a la Secretaría de Anticorrupción y Transparencia para diseñar, realizar y dirigir el inventario y constituir el archivo permanente de causas abiertas en el ámbito administrativo y judicial, que involucren a cualquier agente del Estado.

El dictamen tiene ocho puntos y parte de un 35 % de los agentes de seguridad de la provincia está involucrados en juicios penales. Muchos de ellos no desempeñan funciones a la espera de la resolución de la causa.

El Consejo reconoce que “la lentitud en la conclusión de los procesos (un juicio promedio puede demorar cerca de una década), sea por sobreseimiento, prescripción, absolución o condena, dilata el esclarecimiento de los hechos y, si existe culpabilidad del agente, la correspondiente condena, siembra incertidumbre sobre la conducta de todos los agentes de seguridad involucrados, y disminuye la operatividad de la fuerza, lo cual es nocivo desde el punto de vista social, si se trata de inocentes, y penoso para quienes están sujetos por largos períodos a una situación de sospecha, lamentable si no resultan culpables”.

En los considerandos reconoce que “hacia el interior de la fuerza policial las denuncias formuladas contra los agentes, que no obtienen pronta resolución en el sentido que en cada caso corresponde, crean un grave malestar, dado que cada caso implica el inicio de un sumario administrativo y casi siempre un proceso penal que suele prolongarse excesivamente en el tiempo”.

35 %

de los agentes de seguridad de la provincia está involucrado en juicios penales.

La Policía no nace de un repollo

“La policía de Santa Fe no escapa de lo que es el resto de las policías del país. Y estamos en Argentina, un país que está considerado por Transparencia Internacional como uno de los más corruptos del mundo, y la policía no nace de un repollo, sino de esa propia sociedad”, dijo el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, sobre la calidad de la fuerza policial de la provincia.

En tanto, el ministro de Justicia Héctor Superti reveló que hay 6.500 hombres de esa fuerza con causas abiertas en la Justicia, muchas de las cuales sin resolución desde hace una década.