Críticas al modelo de los ‘90 para el agua y las cloacas

Assa: el gobierno propone cambiar la ley regulatoria

Se impulsan cambios a largo plazo en el cuadro tarifario de Assa, además del aumento que sumará 66 % al terminar 2010. Se piensa en un esquema -aún indefinido- similar al de los impuestos municipales, con una zonificación socioeconómica.

 
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El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, piensa cambiar la ley Nº 11.220 que privatizó la Dipos y creó el Enress.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Luis Rodrigo

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“Está redactado y encuadernado”, dice el ministro Antonio Ciancio, mientras muestra un bibliorato que -a simple vista- parece menos extenso que la ley Nº 11.220 que se propone reemplazar.

El texto a enviar a la Legislatura es aún un borrador, “todavía tiene que verlo el fiscal de Estado y el paso siguiente será pedir que se reúna la Comisión Bicameral de Seguimiento (creada cuando cayó la concesión) a la que hemos reunido antes, cuando pedimos aumentos tarifarios, para presentar el proyecto”.

El gobierno provincial cree que ha llegado el momento de cambiar el paradigma regulatorio de los servicios sanitarios en Santa Fe, para dejar atrás el modelo de prestación de los ‘90, creado para la privatización de la Dipos.

A Ciancio no sólo lo alientan razones ideológicas, también hay otras más prácticas: la empresa Assa, en tanto sociedad anónima, paga ganancias e ingresos brutos, según se quejó el funcionario.

El ministro defendió la propuesta de aumento escalonado de la tarifa de agua y cloacas (que llegará al 66 % al terminar 2010), la convocatoria a una audiencia pública para su discusión con los usuarios y advirtió que las tarifas están atrasadas en 139 %. Pidió a los usuarios de los 15 distritos servidos por Assa que piensen en los santafesinos que no tienen esa prestación y pagan mucho más o -peor aún- esperan tener alguna vez estos servicios básicos.

Costos y facturas

“Partimos de enfocar lo que dice nuestra propuesta de gobierno del Frente Progresista: que el agua es un derecho humano inalienable”, recuerda y agrega: “La pregunta es cómo llegamos a garantizarlo partiendo de la empresa que tenemos; y, donde no la tenemos, cómo hacemos para que todos los santafesinos tengan las mismas oportunidades y derechos”.

Ciancio recuerda que, en materia de servicios sanitarios, “hay deficiencias históricas” que enfrentar, y resume: “Desde que la empresa fue privatizada, porque no se le exigió al privado cumplir las metas, porque faltan obras en la empresa, del plan de acueductos y, sobre todo, porque no se pudo asumir una dura realidad, que mil litros de agua potable no pueden valer 43 centavos. El costo es un peso.

“Cualquier empresa, aun las estatales, plantean la necesidad de una pequeña diferencia entre costos y valor de venta del agua, para hacer las obras”, menciona.

Hoy la empresa “tiene el mismo costo para quien consume cien, mil o cien mil litros; tendemos a la micromedición para procurar lo que razonablemente está establecido a nivel internacional: un consumo de 200 litros por habitante, por día.

“Buscamos con la reforma del marco regulatorio que haya una segmentación tarifaria, y una mayor equidad y solidaridad”, sostiene.

Controles y usuarios

“La sociedad nos pregunta si es Assa una empresa eficiente, si es eficaz o si las obras no se hacen porque se malgastan la recaudación y el aporte del Estado”, reconoce el ministro de Aguas Antonio Ciancio, quien sostiene que los indicadores de eficiencia de la empresa estatal son eficientes.

“Hay una respuesta para estas inquietudes de los usuarios, hay indicadores cuantificados con respecto a Aysa (Capital Federal y Gran Buenos Aires), con otras empresas del país y de toda Latinoamérica. Se verifican, por ejemplo, las horas extras, la relación de empleados por habitante, la del costo de la mano de obra y el de los insumos, y encontramos que es una empresa razonablemente administrada, como también lo es la EPE”, dice Ciancio.

El marco regulatorio en estudio (resta su discusión legislativa) “va a dar un mecanismo institucional más ágil para tener una visión más cercana sobre la empresa, de control para el usuario, como si fuera un accionista, y tener una rendición de cuentas.

Adelanta que “será mediante audiencias públicas como las que vamos a celebrar el 2 y 5 marzo para discutir la propuesta tarifaria de Assa, que en 2010 tendrá un proceso gradual hasta el 66 % (no el 87 % como se dijo). Buscamos una fórmula polinómica para el marco tarifario para la actualización de la tarifa”.

Advierte sobre la suba de este año que “nosotros podríamos haber impuesto el aumento, obtener la aprobación del Enress sin más trámite, tal como permite la 11.220. Sin embargo, planteamos la audiencia pública, sin estar obligados a hacerlo, porque es nuestra vocación: queremos que la gente sepa que, si hoy la tarifa quedó un 139 % atrasada y si las obras no están es, porque históricamente se decidió no hacer obras y no aumentar tarifas porque era simpático. Nosotros podríamos seguir pareciendo simpáticos, pero nos parece injusto para el resto de los santafesinos”.

¿El fin de la tarifa plana?

—La tarifa actual, sin micromedición, tiene consumos presuntos, más parecidos a una suerte de Impuesto Inmobiliario que a valores atados al consumo real.

Ministro Ciancio: —Se abandona la tarifa plana. Vamos a la micromedición y a una segmentación de las tarifas del servicio. Hay, evidentemente, zonas que tienen un poder adquisitivo mayor y, tal como ocurre con los servicios municipales, se recurrirá a una zonificación para segmentar la tarifa. Y, del mismo modo, hay sectores de escasos recursos con problemas para pagar la tarifa, a los que no se les va a cortar el servicio, ni se les colocará -como hacía la empresa francesa- un cepo para provocar un goteo restrictivo.

—¿Cómo va a ser el mecanismo para la segmentación? ¿Se dividirán los distritos por zonas, se van a hacer comparaciones socioeconómicas, van a considerar el valor de las propiedades?

—Son los mecanismos que aún hay que definir. La segmentación tal vez debería ser una mezcla entre la zonificación y el valor del metro cuadrado. Que no sólo se contemple el valor de la propiedad, sino también su status. Hay zonas muy claras, de sectores pudientes y carecientes, y otras, más grises.

—¿Quién va a pagar la micromedición? La 11.220 fija un criterio muy comercial: le permite a la empresa colocar medidores a los usuarios que quieran, siempre que los paguen. Y, del mismo modo, los clientes tienen derecho a pedir el medidor si pagan el cargo correspondiente.

—Hoy el problema es que, si el usuario lo pide al medidor y lo paga, apenas cubre una quinta parte del valor real. El cargo está atrasado. Y, cuando lo pone la empresa porque detectamos consumos altos, es a fondo perdido. Yo me inclino a pensar que la micromedición deberá ser un cargo más que el usuario deberá cubrir. En las condiciones actuales la empresa no puede afrontar esa inversión; si no, ya lo hubiera hecho. Tal como en el servicio de gas el usuario paga el regulador, y en el eléctrico, debe preparar la bajada.

Hoy, un medidor domiciliario de buena calidad está en unos 600 pesos y el cargo es sensiblemente menor, cubre apenas una quinta parte.

—Además de la discusión política, del consenso que requiere un cambio de ley de marco regulatorio, ¿también habrá cambios en el Enress?

—Sí. El Enress fue organizado para controlar una empresa privada y deberá adaptarse a una nueva situación: controlar la empresa pública. Esto, por favor, que quede claro, que nadie imagine que habrá gente sin trabajo. Nada más lejos de eso. Yo conozco la labor que el Enress viene desarrollando, con técnicos y laboratorios muy preparados, para controlar la calidad de los servicios de toda la provincia, no sólo de Assa.

Seguramente, el Ente deberá cambiar su relación con los municipios y comunas en los que no actúa Assa (que gozan del poder concedente de los servicios sanitarios).

También en el caso del servicio eléctrico habrá que crear un ente regulador.

—¿Va a estar unido al Enress?

—No, preferimos que sean separados, no queremos macroestructuras que puedan resultar burocráticas.

—El caso de Córdoba no los entusiasma...

—Y... ése es un esquema interesante por las sinergias que se proponen, pero también se puede caer en un grado mayor de burocracia. Lo que sí hacemos es que ambas empresas trabajen juntas. Es por la ventaja de haberlas puesto bajo la misma órbita ministerial y gracias a la personalidad de ambos presidentes de los directorios. Me parece que antes no se daba. Creo que es un logro que hemos tenido.