Apuntes de política provincial
Unidos para el conflicto
Teresa Pandolfo
Al gobierno le espera una semana tensa y compleja con el personal que depende del Estado, sea éste escalafonado, de servicios de salud o de la docencia. El rechazo al ofrecimiento del 7 por ciento inicial de incremento y reajustes conforme al movimiento de precios al consumidor fue rechazado. ¿Qué hay detrás de esta posición unánime de los sindicatos?
Esta periodista no cree en la existencia de una cuestión específicamente político-partidaria en contra del gobierno. Sí en la posibilidad de problemas internos gremiales o, más específicamente, entre bases y dirigentes. Estos últimos aparecen, ahora, con menos margen para la negociación que antes, porque las bases de afiliados han cambiado conductas: están más firmes y la influencia es menor de arriba hacia abajo. Un recurrente comentario llegó a esta periodista: los agentes públicos “no queremos quedar como el queso del sándwich; se nos niegan recursos pero no observamos austeridad en el gasto que concretan los cargos políticos”.
Para los dirigentes, la posición esgrimida por los afiliados resulta sustancialmente diferente de anteriores gestiones salariales. Además, se presenta otro factor: Amsafe renueva comisión directiva en pocos meses más y este hecho tracciona hacia posiciones menos permeables e influye en los otros gremios. Nadie quiere aparecer como débil ante las bases y menos que los demás.
Metodológicas
Pero también se han presentado otras diferencias de carácter metodológico: no hubo contactos informales entre el gobierno y la dirigencia antes de la presentación de la propuesta salarial a las cúpulas de UPCN y ATE, que fueron las primeras en sentarse en el despacho del ministro de Economía, Ángel Sciara. En coincidencia con la terminación de esta reunión paritaria, se informó que el ofrecimiento sería idéntico para la docencia horas después.
En los gobiernos anteriores, en general, tenían lugar contactos previos entre algunos funcionarios del gobierno y dirigentes gremiales, en los que se iba preparando el terreno de las condiciones que serían aceptadas de la oferta y cuáles no, o sobre cómo presentar con la misma plata una alternativa que fuera atractiva. Esta vez no ocurrió así: la dirigencia llegó a la Casa Gris con una expectativa distinta y salió sorprendida porque esperaba más. Pesó en este ánimo y en las palabras iniciales de los dirigentes la conducta que tendrían sus bases.
Con justicia se debe decir que no fue una mala propuesta gubernamental cuando hubo una interesante recomposición del salario real público superior al 12 por ciento en los dos años anteriores y que se prometían ajustes periódicos por inflación.
En los hechos, se trata de un enfrentamiento de dos niveles: uno que ofrece lo que le parece poder pagar en función de las prioridades que fija, y otro que acepta o rechaza, sin que haya en el medio ningún ingrediente que pueda impedir o hacer reflexionar sobre las consecuencias de un paro.
El gobierno está sorprendido. Considera que la estrategia de medidas de fuerzas, por ejemplo del magisterio, es un exceso, pero no tiene decisión tomada sobre un descuento de los días de huelga o un eventual retorno al presentismo para todos los sectores.
La medida de fuerza en el sector público no tiene consecuencias directas sobre el agente estatal o el docente. Son los servicios los que resultan condicionados. El lector podrá sacar sus conclusiones: ¿para qué trabajar si será igual a que no lo haga?
Lo llamativo es que dirigentes como Alberto Maguid o Jorge Hoffman, que llevan años en sus cargos, saben que un conflicto tiene una puerta de entrada pero es difícil encontrar la de salida cuando las condiciones que lo originaron son difíciles de cambiar en el corto plazo.
El gobierno ha dicho que gestionará oxígeno financiero ante la Nación, en tanto que confía en el buen resultado en la medida judicial tramitada ante la Corte Suprema de Justicia -la audiencia con el ministro de Economía, Amado Boudou está prevista para el 17 de marzo-, pero en ambos casos no se trata de resoluciones que vayan a tener una respuesta rápida en términos de concreción. La vía legislativa tampoco está expedita después de cómo quedaron las relaciones por el veto al presupuesto, que quedará firme sin tratamiento parlamentario. No puede ignorar el gobierno el desacuerdo con el peronismo por este punto.
Por los resultados
El comentario semanal de la consultora Idesa muestra un poco cómo es el fondo de la cuestión en el Estado. Si bien se refiere a los recursos para la educación, como crítica, dice que organizaciones dedicadas a las políticas educativas proponen como meta maximizar el gasto como una conducta frecuente, independiente de los resultados que se alcancen con esos mayores recursos volcados.
Y en alusión al fracaso argentino en este terreno cita a la Cepal cuando consigna que el 18 % de los jóvenes argentinos en edad de concurrir a la secundaria ha abandonado y un 14 % adicional es candidato a hacerlo porque está muy retrasado. También menciona una evaluación de 2007 del Ministerio de Educación de la Nación, en la que sólo el 20 % de los jóvenes que terminan la secundaria demostró tener un nivel de desempeño alto, en una prueba cuya exigencia fue relativamente modesta.
El ejemplo de Idea con el sector educativo puede bien extrapolarse a los otros estamentos estatales. Totalmente de acuerdo con que los salarios sean dignificadores para el bien personal y de la familia y con los incentivos para una mayor creatividad y vocación en el trabajo, pero llegará la hora en que también en el Estado deberán medirse resultados. Y este tiempo no está lejano.
Antonio Bonfatti remarcó la intransigencia de los gremios estatales.
Foto: Archivo El Litoral
