Ante la convocatoria de la Corte a una audiencia para el 17 de marzo
Los argumentos de Santa Fe por la detracción de fondos previsionales
El fiscal de Estado dijo que la pretensión es que la Corte resuelva el problema “de derecho”. Binner y Boudou deberán exponer ante los supremos. Los pasos siguientes.
Mario Cáffaro
El martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que había convocado a una audiencia al gobernador Hermes Binner y al ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, en el marco de
una cautelar presentada por la provincia de Santa Fe en la demanda de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078, que prorrogó la detracción del 15% de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sostenimiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El encuentro se fijó para el 17 de marzo próximo, a las 10.
Los argumentos centrales de la provincia, así como las expectativas, el monto del reclamo y las diferencias con otras audiencias convocadas por la Corte entre Nación y provincias, fueron tema de diálogo con el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, quien llevó adelante el planteo.
—Finalmente se conoció la convocatoria de la Corte al gobernador y al ministro de Economía. ¿Era el camino que estaban esperando?
—Sí, hemos recibido la notificación con mucha satisfacción y beneplácito. Es auspicioso que la Corte vaya encontrando su rumbo como árbitro institucional de conflictos legales, y no como un tribunal donde se debata, o se lo pretenda utilizar para debatir cuestiones políticas. Lo que nosotros, en general, siempre quisimos afirmar es que estamos en presencia de un conflicto legal. Este es un conflicto de derecho, no es un conflicto de federalismo fiscal o de reestructuración del federalismo fiscal o de afirmación del federalismo fiscal. Todo esto tiene que ser discutido en el Congreso de la Nación y tiene que ser discutido en los ámbitos legislativos provinciales, tal como la Constitución ordena.
Las demandas de Santa Fe han sido vistas bajo esta óptica, en tratarse de un conflicto clásico de derecho, en donde hay una violación manifiesta de la ley y, por lo tanto, la única manera de resolver una violación manifiesta de la ley es acudir a una Corte. Dadas las reglas de competencia que están en la Constitución Nacional para cuando existen conflictos entre Nación y provincias, la Corte ha aceptado dirimir esta particular disputa legal entre Santa Fe y Nación.
—¿Cuáles son los argumentos centrales del planteo?
—Tenemos dos argumentos centrales sobre este particular caso que consiste en la detracción de fondos coparticipables con destino a financiar el régimen de seguridad social. En primer lugar, las normas de coparticipación son normas consensuales, es decir requieren el consentimiento mutuo de Nación y provincias; si no hay consentimiento, esa norma es inválida, pierde eficacia. Vemos que estamos en presencia de una detracción que no tiene título legal, sino que constituye una vía de hecho, porque la Nación prorrogó unilateralmente la detracción a diciembre de 2005, a través de esta ley, la 23.678, que nosotros decimos que el artículo 76 es inconstitucional. Si Santa Fe no acordó, tenemos un serio problema, pero de tipo legal, no de tipo político. El derecho intrafederal es consensual, no hay consentimiento de la prórroga por parte de la provincia y, por lo tanto, la provincia no tiene por qué sufrir esta detracción unilateral, decidida por la Nación.
El segundo argumento es que si la detracción tenía una justificación histórica en razón de la crisis del sistema jubilatorio, cuyo pico fue en 1988 cuando el entonces presidente Alfonsín tuvo que declarar la emergencia jubilatoria, suspender la ejecución de las sentencias contra el Estado, y esto llevó a que las provincias acepten -por el principio de solidaridad federal- financiar ese sistema. Esa situación no está presente a partir de 2008. La situación de 1992-93 -de un sistema previsional absolutamente deficitario, con pasivos de 7 mil millones de dólares y con flujo de fondos absolutamente inexistentes, porque el viejo flujo al viejo sistema previsional público iba ahora a estar destinado al sistema privado- cambia radicalmente en el 2008. Por lo tanto, la justificación histórica del contrato que hicieron las provincias con la Nación en 1992 está absolutamente desfigurado en 2008, donde Anses está administrando fondos que hoy están estimativamente en 35 mil millones de dólares y donde hay un flujo de dineros continuos para financiar ese sistema que no está destinado a las AFJP, sino al propio sistema público, por lo cual no hay ninguna razón para continuar con la detracción.
—La Corte va a escuchar a las partes ¿qué imagina que puede pasar después?
—Imagino que luego se generará una instancia de conciliación. La Corte tiene un reglamento que es muy claro; es la acordada 30/2007 en donde están formalizados estos mecanismos de audiencia. Tiene un mecanismo de audiencia informativa que es para el que estamos convocados; luego una audiencia de tipo conciliatorio y otras de tipo probatorias o de medidas para mejor proveer. Imagino que se abrirá una instancia de negociación con la Nación para que la Corte no se vea en la necesidad de fallar instantáneamente.
La Corte tiene sus tiempos; es una Corte respetable o respetabilísima por dos razones: por el grado de profesionalismo de los miembros y porque ha demostrado ser una Corte prudente. Esto debería servir para que la Nación se siente a conversar con la provincia de Santa Fe. Apuntamos a que la Corte tenga que ir decidiendo estas cosas, pero aclaro que esto no es una palanca para llegar a la negociación.
—Uno supone que las restantes provincias deben mirar con expectativa esta audiencia.
—No todas. Hemos buscado tener algunos reclamos singulares que le quiten presión a la Corte. Por ejemplo, no todas las provincias han retirado su consentimiento a la detracción. Nosotros no creemos que en este caso haya una especie de efecto cascada. Somos pocas las provincias que estamos litigando y a medida que pasa el tiempo se van perdiendo derechos.
—La Corte ya sentó a la Nación con Córdoba y con San Luis.
—Sí, pero por otros casos. Córdoba tiene una relación bilateral con la Nación y hubo acuerdos bilaterales incumplidos. San Luis tenía otro problema que era la defensa colectiva de las reservas del Banco Central y la Corte le dijo no.
—Tras la convocatoria de la Corte ¿hubo algún llamado desde Economía?
—Lo desconozco.
—¿Supone que antes de fin de año habrá solución en este tema?
—Ojalá. Estamos haciendo las cosas judicialmente para que esto tenga una finalización inmediata, para que cuando llegue la sentencia sea útil.
—En pesos ¿a cuánto llega el reclamo?
—No hay una cuantificación en pesos. No quiero impactar con la cifra. Los abogados tienen una tendencia, en algún punto, a ser consecuencialistas, no mirar cuál es el principio de derecho que debe resolver el caso, sino cuáles son las consecuencias que se siguen, lo cual no está mal; es una mezcla de kantismo y weberismo. Para este año, la detracción es de mil millones de pesos. El reclamo incorpora los años 2006, 2007, 2008 y 2009, y sólo para el 2010 pedimos la medida cautelar. Estamos viendo que en relación con el futuro y la altísima verosimilitud del derecho que invoca la provincia y el peligro en la demora, solicitamos que ya haya una recomposición parcial de lo que se le debe a la provincia y que será motivo de la sentencia de fondo.
