Editorial
Audiencia Pública y tarifas de Aguas
La discusión tarifaria sobre los servicios sanitarios que presta Aguas Santafesinas SA es parte de un inédito proceso de participación ciudadana, cuyo final develará si la convocatoria a una Audiencia Pública ha sido una genuina instancia para hacer más horizontal la forma en que se toman las decisiones en el Estado, si constituye sólo un buen recurso propagandístico o es apenas el pobre escenario para una higiénica catarsis colectiva.
El Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios la dispuso para “escuchar y recabar las opiniones de los interesados sobre la solicitud del aumento tarifario efectuada por Aguas Santafesinas”. Conviene releer algunos términos, como escuchar y recabar opiniones, actitudes cuanto menos desconocidas -hasta aquí- en las políticas públicas del Estado santafesino al prestar servicios públicos básicos esenciales.
A poco de comenzado el año, Assa ha pedido al Enress aumentos consecutivos durante 2010 que, de aplicarse, harán crecer -para el primer bimestre de 2011- en un 87% los actuales valores tarifarios.
Debe quedar claro cuál es el marco jurídico y legal con que el Enress se ha abierto a las opiniones vertidas en la audiencia pública. En rigor, el llamado del Enress a la participación democrática va a contrapelo de la letra, del espíritu y de la aplicación durante más de 15 años de la Ley 11.220 con que se privatizó -a fines de 1994- la Dirección Provincial de Obras Sanitarias.
El regulador no ha atado su aceptación o rechazo del pedido de aumento de Assa a las preferencias y opiniones de los usuarios. Del mismo modo, no caben dudas de que las exposiciones personales, sectoriales, partidarias o de la propia empresa se corresponden sólo con una instancia de consulta. Y que no ha sido debate lo que se ha promovido, porque no habrá conclusiones sino un informe final sobre las diferentes exposiciones.
Hasta aquí -mientras se espera que el Enress y los funcionarios tomen una decisión sobre las tarifas- es justo decir que es indudablemente positivo que usuarios y funcionarios se hayan visto la caras.
Las dos audiencias públicas celebradas en Santa Fe y Rosario congregaron a un número notable de participantes. Hubo legisladores del oficialismo y de la posición, representantes de organizaciones intermedias y entidades que defienden a los consumidores, ciudadanos de a pie y ministros del Poder Ejecutivo. Todos han podido -por primera vez- decir lo suyo.
La celebración de audiencias públicas parece haber tenido ya un doble efecto. Por una parte que los funcionarios comprendan que la actualización de las tarifas de los servicios públicos debe estar acompañada de obras que mejoren o extiendan el área de cobertura y que el precio de contar con agua potable y cloacas, además de justo, debe ser razonable para el bolsillo de la mayoría. Por otra, que los clientes de Assa acepten que es insostenible el esquema de tarifas congeladas gracias a subsidios estatales sólo para una parte de los santafesinos, mientras los demás comprovincianos pagan el doble o el triple.
