quedó firme un fallo de primera instancia

Prohibido pulverizar en San Jorge

La justicia dispuso que no pueden realizarse pulverizaciones terrestres a menos de 800 metros de la ciudad o a 1.500 si son aéreas. Desde el Ministerio de la Producción aportarán información para alcanzar una solución menos drástica.

Juan Manuel Fernández

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La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe avaló el amparo dictado en marzo del año pasado por el juez de San Jorge Tristán Martínez y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el uso de agroquímicos al prohibir su uso a menos de 800 metros del limite comunal y ordenar al Ministerio de la Producción que en el plazo de 6 meses determine científicamente si tales productos son perjudiciales para la salud humana.

La medida también aviva otra polémica que ha crecido en los últimos años: la peligrosidad o no del glifosato, herbicida que para los ecologistas encarna la vocación de las grandes empresas agrícolas por destruir el planeta, mientras que a los productores les resulta uno de los pilares de la siembra directa y el crecimiento de la agricultura.

Santa Fe, en tanto, cuenta desde 1995 con la ley 11.273 que regula el uso de agroquímicos y que, de ser aplicada tal como fue pensada y reglamentada, le ahorraría a todas las partes (justicia, ecologistas, productores, profesionales, contratistas, funcionarios, universidades) el desperdicio de recursos de volver permanentemente a discutir sobre el mismo tema. Justamente para evitar problemas como el de San Jorge, donde vecinos denunciaron haber sido afectados por la pulverización de un campo cercano, la norma determina que cada municipio y comuna debe establecer la distancia mínima a la que se pueden aplicar estos productos respecto del ejido urbano. A 15 años de su entrada en vigor, sólo el 30% de las 300 localidades de la provincia cumplieron con este requisito, según reconoció el Ministro de la Producción, Juan José Bertero.

Principio precautorio

El camino previo a esta instancia se inició en marzo de 2009, cuando el juez Martínez hizo lugar a un amparo que presentaron vecinos del barrio Urquiza, con el patrocinio del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), para que se suspendan las pulverizaciones hasta tanto el Consejo Deliberante y el Municipio de San Jorge cumplieran con el mandato de la ley 11.273.

Acto seguido, las autoridades locales, productores y el gobierno de la provincia apelaron la medida hasta que a fines del año pasado la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó el fallo de primera instancia. Así, los camaristas dictaminaron la prohibición de toda pulverización terrestre a menos de 800 metros del límite urbano y a 1.500 si el trabajo se hace con avión. Pero además ordenaron al Ministerio de la Producción y a la UNL que, en el plazo de 6 meses, comprueben la inocuidad de los agroquímicos.

Una de las camaristas, María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire, declaró que el fallo se basa en el principio precautorio y que en la resolución se mencionan “muchísimos estudios existentes sobre la inocuidad o no de los glifosatos (sic)”. Pero al respecto aclaró que “nunca está dada la última palabra” porque “los estudios pueden ser calificados también de interesados según quién los haga y qué intereses estén involucrados”. Por ello es que el dictamen se basa en “una duda razonable ante la cantidad de elementos de prueba que se colectan y las voces que se escuchan”, explicó.

Tratamiento equilibrado

El ministro Bertero, por su parte, anticipó que en la semana se reuniría con el fiscal a quien la Cámara le giró el fallo y con la UNL para analizar los pasos a seguir. De todos modos cuestionó el dictamen al señalar que “la autoridad que determina el grado de toxicidad de los productos es Senasa y en este informe no está convocado”, para luego adelantar que se harían las gestiones para citar al organismo sanitario para que se expida sobre el asunto.

Por otra parte, el funcionario recordó que existe un estudio (ver aparte) realizado por una comisión de científicos creada a pedido de la presidenta de la Nación en enero de 2009 para estudiar el impacto de los agroquímicos, tanto en el ambiente como en la salud, que “también tendremos en cuenta”.

En su descargo, Bertero defendió la óptica de su cartera sobre la problemática, acusada de “productivista”, y recordó que participa de una comisión interministerial (junto a Trabajo, Salud y Medioambiente), donde se busca el análisis sin prestarse a posturas extremas. “No hay que pasarse de un lado al otro. Me parece que hay que tener una producción sustentable desde el punto de vista ambiental y de la salud, pero también que gran parte del desarrollo de la sociedad se da a través del trabajo y de la producción”.

Finalmente, el titular de la cartera productiva involucró a los pueblos y ciudades de la provincia como parte del problema. “Del total de municipios y comunas, poco más de un tercio ha determinado la línea agronómica que es la que fija los límites para las aplicaciones”, acusó.

Retraso. La Ley de Fitosanitarios establece que municipios y comunas deben fijar la distancia mínima a la que se pueden aplicar agroquímicos respecto del ejido urbano. A 15 años de su entrada en vigor, sólo el 30% de las 300 localidades de la provincia cumplieron con este requisito.

Foto: Archivo/Juan Manuel Fernández

Bertero cuestionó el dictamen al señalar que “la autoridad que determina el grado de toxicidad de los productos es Senasa y en este informe no está convocado”.