Lo que dejó la sanción del fondo de emergencia
La Legislatura abrió una puerta
para la salida al reclamo salarial
Oficialismo y oposición debieron ceder parte de sus pretensiones para sancionar una ley. Se abrieron canales de diálogo entre las partes. Ahora, el Ejecutivo y los gremios tienen la palabra.
Mario Cáffaro
Si el conflicto salarial entre el Estado santafesino y sus agentes se destraba a partir del próximo lunes cuando las partes se reúnan nuevamente en mesas paritarias, entonces podrá decirse que lo actuado por la Legislatura en las dos últimas semanas fue la llave que permitió normalizar el funcionamiento de la administración pública y poner en marcha el ciclo lectivo 2010. Si esto no ocurre, habrá que esperar semanas enteras de paros y situación de caos en el sector público santafesino. “Hay que salir con un empate”, repetían dos semanas atrás legisladores frentistas y justicialistas cuando empezaron a hablar de constituir un fondo salarial para ayudar al Ejecutivo.
Entre tanto, estas dos semanas de mucha negociación política entre legisladores, funcionarios y dirigentes de gremios estatales permitieron vislumbrar algunos tenues acuerdos y el predominio de las palomas sobre los halcones, en la negociación legislativa donde muchos frentistas siguen chocando con la sólida pared constituida por la cómoda mayoría de senadores justicialistas a la que no parecen encontrarle más alternativa que embestirla y rebotar.
Es cierto que la ley sancionada poco antes de la medianoche del jueves tiene más letra de diputados justicialistas que de senadores justicialistas o de diputados frentistas, pero también es cierto que el gobierno se llevó la posibilidad de utilizar hasta el ciento por ciento del Fondo Unificado de Cuentas (Fuco) y de endeudarse en hasta 250 millones a plazos que comprometen a la gestión que surja de las elecciones de septiembre de 2011. No es poco si ambas posibilidades le habían sido negadas en diciembre cuando se discutió el presupuesto del actual ejercicio. También es cierto que el oficialismo fracasó por tercera vez en tratar de gravar con Ingresos Brutos a industriales y constructores, fundamentalmente. No obstante, la posición del justicialismo en este punto empezó a resquebrajarse: el kirchnerismo ya firmó un proyecto con tal posibilidad aunque incluyendo a la producción agropecuaria; diputados de extracción gremial lo escribieron en su iniciativa y obeidistas y reutemanistas se ofrecieron a discutirlo si en junio no se observa la llegada de fondos nacionales que estiman se producirá para desahogo de la arcas provinciales.
Gastos y obras
La creación del fondo transitorio le obliga al gobierno a recortar de gastos de funcionamiento e inversiones marcando una preocupación acentuada por los legisladores justicialistas sobre el fuerte incremento que ha tenido el gasto desde la llegada de Hermes Binner a la Casa Gris. “Nos obligan a cortar obra pública”, les reprochó el radical Santiago Mascheroni a sus pares justicialistas. “Hagan las obras”, retrucó el justicialista Jorge Lagna quien viene insistiendo que falta gestión al gobierno. “Cuando el gasto se dispara, es imposible bajarlo”, advierten los muchos opositores que hoy caminan la Legislatura cuando años atrás estaban en cargos del Ejecutivo y tal vez convenga escucharlos porque lo padecieron en carne propia.
Allá por fines de diciembre cuando se cerraba la discusión legislativa del presupuesto 2010, el oficialismo advertía la imposibilidad de poder acordar una política salarial tras el dibujo de la ley de leyes hecha a medida por los senadores opositores. A esa imposición le siguió el veto a 12 artículos que hizo el Ejecutivo. Fue ojo por ojo, cero de diálogo.
Ahora, con los estatales y maestros con demasiados días en la calle, hubo diálogo y más negociación con dirigentes gremiales que tomaron activa participación. El ingreso de tres senadores opositores al despacho del gobernador marcó un cambio por más que no se haya alcanzado acuerdo alguno. “Hace desde que llegamos al gobierno que le pedimos al Ejecutivo que tenga mayor apertura hacia nuestros pares peronistas”, deslizó un senador radical, sabedor de que muchas veces los gestos sirven más que los números.
El martes, en el recinto, Diputados votó el proyecto donde convergieron oficialismo y diputados gremiales; el jueves el Senado lo reformó por unanimidad en dos ocasiones y en la Cámara Baja, el Frente Progresista, no alcanzó los dos tercios en la última votación para imponer su criterio. Es cierto, diputados y senadores oficialistas votaron iniciativas diferentes pero sin reproches mutuos y con el único objetivo de destrabar el conflicto salarial.
En el medio, el gobernador Binner tuvo un fuerte aval a la decisión de llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reclamos de Santa Fe por recursos quitados a la provincia. Lo acompañaron oficialistas y muchos justicialistas que entienden que más allá de las lógicas diferencias políticas, la provincia es una y juntos deben buscar salidas ante cada situación de crisis.
La senda del diálogo
Por su parte, el presidente del bloque de senadores del PJ, Ricardo Spinozzi, en un comunicado sostuvo que “debemos continuar por la senda del diálogo que hemos abierto en el curso de esta semana y que con dos hechos contundentes nos indican que debemos persistir para beneficio de los santafesinos: la reunión que mantuvimos con el gobernador y la masiva presencia de dirigentes, empresarios y actores de la sociedad civil que brindamos nuestro respaldo al reclamo de la provincia ante la Nación por los fondos adeudados”.
El presidente del PJ santafesino indicó que, “más allá de las lógicas diferencias y puntos de vista, es indudable que la sociedad nos reclama que ese diálogo no sea interrumpido”.
