Un debate auspicioso

Los términos en que se desarrolló la audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el reclamo que sostiene la provincia de Santa Fe contra la detracción de recursos coparticipables destinados al sistema previsional, fue sumamente reveladora y auspiciosa en el plano de las aspiraciones de calidad institucional.

El solo hecho de que el Tribunal haya dispuesto ventilar la discusión de esta manera, por varias razones, es buen indicio de ello. En primer lugar, la posibilidad que tuvieron ambas partes de exponer abiertamente sus razones ante un nutrido auditorio y los medios de prensa; sometidos a un mecanismo de réplicas y contrarréplicas que permitía avanzar en la argumentación en lugar de limitarse a la reiteración de planteos conocidos. Esto fue favorecido también por el desempeño de los ministros, que no limitaron la instancia a una simple puesta en escena, sino que inquirieron a fondo -con mayor o menor énfasis e insistencia, según la satisfacción que encontrasen en las respuestas en cada caso-, poniendo a prueba la fortaleza de los argumentos y la capacidad para expresarlos de los representantes de los sectores en litigio.

Ya se apuntó sobradamente la trascendencia “para el presente y para el futuro” -en palabras del gobernador- del acompañamiento de una amplia representación de la oposición, con la particularidad de que entre ellos había dos ex jefes de Estado, responsables a su turno de la pulseada por los recursos.

La aptitud para dejar de lado pujas partidarias y personales en beneficio del interés común demostrada en este caso, también tiene su correlato en el sustento jurídico de la postura provincial. A nadie puede escapar que la detracción que ahora se impugna, fue acordada en su momento por las gestiones justicialistas; aunque no la renovación de 2006, contra la que se apunta en esta causa.

Esa actuación, enmarcada en los llamados pactos fiscales, fue duramente cuestionada por el gobernador Binner y asimilada a una entrega del patrimonio provincial. Sin embargo, la importancia de lograr un frente político unificado y de exhibir una fundamentación jurídica sólida -capaz de asimilar un comportamiento aparentemente contradictorio del Estado- halló un cauce común, que justifica la firma del acuerdo federal en su momento, pero atiende al cambio de naturaleza jurídica de la detracción y del contexto socio-económico para cuestionar su aplicación actual.

La provincia se juega aquí sus derechos, pero fundamentalmente una masa de dinero que redundará en beneficio de futuras gestiones. A la vez, busca obtener oxígeno para la presente, a través de una medida cautelar que permita reducir en lo inmediato el monto del descuento y liberar fondos mensualmente.

La continuidad del Estado permite conciliar intereses por encima de banderías políticas. Y su viabilidad, en el contexto de un federalismo maltrecho, se discute públicamente ante la última y suprema instancia encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución.