Por una resolución ministerial

Preocupa el desguace de

cargos del Proyecto 13

Una resolución ministerial desmembra los cargos que formaban parte de un proyecto innovador. El próximo concurso de ingreso a la docencia de nivel secundario sólo ofrecerá para titularización las “horas cátedra”, no así las “horas institucionales” inherentes a esos cargos.

Preocupa el desguace de cargos del Proyecto 13

Los profesores del colegio Simón de Iriondo reclaman al ministerio que dé marcha atrás con la medida y ofrezca para titularizar los cargos tal cual están.

Foto: Néstor Gallegos

 

 

De la redacción de El Litoral

[email protected]

Once escuelas secundarias, de las cuales 2 pertenecen a la ciudad de Santa Fe, ven peligrar una tradicional propuesta educativa -llamada Proyecto 13- que había sido heredada de cuando esas instituciones dependían del gobierno nacional, antes de su traspaso a la provincia en 1993.

El Proyecto 13 logró subsistir a aquella transferencia, puesto que se respetaron los derechos adquiridos de los docentes y dado que la ley nacional que creó esos cargos nunca fue derogada. Ahora, la convocatoria al concurso de ingreso a la docencia de nivel secundario pone por primera vez en jaque la propuesta.

Así lo advierte un grupo de profesores de la Escuela 440 Simón de Iriondo (ex Colegio Nacional) que manifestó su preocupación porque la resolución ministerial Nº 2216 (fechada el 30 de diciembre de 2009) transforma los cargos vacantes del Proyecto 13 en horas cátedra a los fines de ofrecerlas en el concurso.

A diferencia de los demás profesores de secundaria, los docentes del Proyecto 13 no tienen horas cátedra sino un “cargo” cuya dedicación se divide en un 70 % para el dictado de materias y el 30 % restante para “horas institucionales” que el profesor debe llevar adelante dentro de su propia escuela para desarrollar proyectos pedagógicos.

Esos cargos estarían en riesgo de desguace por las condiciones previstas en la convocatoria al concurso de titularización. En las mismas, la cartera educativa estipula que sólo se ofrecerán las horas cátedra frente a los alumnos, no así las horas institucionales que se escinden de los cargos, aunque los docentes las seguirán manteniendo en condición de interinos y hasta un próximo concurso.

“En esta escuela hay 15 cargos interinos del Proyecto 13 que se desarticulan. El secretario de Educación, Jorge Márquez, nos visitó a fines de marzo y nos dijo por ahora se iban a concursar solamente las horas curriculares. Y más adelante, los cargos de asesor pedagógico, las horas instituciones y las tutorías”, explicó Alberto Roblero, director de la escuela Simón de Iriondo, una de las once secundarias afectadas.

“El ministerio presupone que el paquete de horas va a ser tomado por los mismos docentes del Proyecto 13. Pero seamos sinceros: esto no es tan lineal porque en un concurso entran a jugar otras variables como que el docente no puede titular en más de 3 escuelas, o que puede venir un profesor de otra institución con mayor antigüedad a tomar esas horas”, dijo Roblero, junto a los docentes Sebastián Valle, Stella Maris Rodríguez, Carolina Culasso, Nélida Carbognani y Rogelio Romanello.

A contramano de lo anunciado

El Proyecto 13 se creó en 1972 como ley nacional en el marco de una serie de normas que tendían a mejorar el sistema secundario que, en esa época, estaba en manos de la Nación, salvo algunas excepciones. Con ese proyecto, se buscaba la concentración horaria del docente a través de un cargo. El Simón de Iriondo adhirió a la propuesta y concentró su trabajo pedagógico en “cargos” que a la fecha continúan conservando 50 docentes de ese colegio público. Quince de ellos están en calidad de interinos y serían desmembrados por el concurso.

“Hay algo que no entendemos: cuando se inicia esta gestión al frente de la cartera educativa se había hablado de la concentración de cargos justamente para evitar lo que se llama el profesor taxi, que es aquel que circula por 5 ó 6 escuelas. Esa situación genera una falta de compromiso por parte del profesor con la institución porque está pensando que tiene que salir corriendo a otra escuela”, sostuvieron los docentes.

“El Proyecto 13 -continuaron- fue un paradigma en aquel momento porque al tener concentrada su carga horaria en una sola escuela, el docente está más involucrado con los alumnos, con las directrices y las iniciativas de la institución escolar”.

Por esa causa, los educadores del Simón de Iriondo no comprenden que se vayan a desarticular esos cargos que están en línea con la pretensión de la actual política educativa en el sentido de constituir equipos docentes más estables en cada escuela.

Los profesores afectados ya presentaron recursos administrativos pidiendo que los cargos vacantes del Proyecto 13 se ofrezcan tal cual están y no desmembrados. Los gremios docentes también se están moviendo. La Unión Docentes Argentinos (UDA) llevó el reclamo a las reuniones paritarias con el gobierno, y Amsafe La Capital, con la intervención de Rita Dellacqua -secretaria de Media y Técnica del gremio- también acompaña la queja.


11

escuelas

de la provincia son las que mantienen el Proyecto 13: la 440 Simón de Iriondo y la 479 Pizarro de Santa Fe; las Nº 417 de Casilda, 428 y 429 de Rafaela, 421 de Firmat, 446 de Venado Tuerto, 47 de Cañada de Gómez. Y en Rosario, la escuela Nº 34, la Comercial Luis María Drago y la Escuela Media Nº 432.

“Recorte”

La Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional Santa Fe, rechazó la “arbitrariedad” cometida por el Ministerio de Educación con el dictado de la Resolución 2.216. “Se desquicia completamente el denominado Proyecto 13 (Régimen de Profesores por Cargo), transformando los cargos en simples horas cátedra y se anula una excelente experiencia pedagógica que durante años funcionó en la provincia de Santa Fe”, dice el sindicato en un comunicado.

Agrega que “los profesores del Proyecto 13, interinos a la fecha, sufrirán por esta inconsulta transformación un importante recorte salarial, disminución en el número de horas a dictar y estarán en inferioridad de condiciones frente a otros catedráticos que no pertenecían al proyecto, entre otras situaciones”. Por eso, exige a las autoridades ministeriales la anulación de la Resolución 2.216/09.