Una ley en el sur de EE.UU. criminaliza a los inmigrantes indocumentados

México y Centroamérica contra ley antiinmigrante de Arizona

Manifestaron sus temores de que se desate una persecución discriminatoria hacia sus compatriotas.

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EFE-Télam

México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica reaccionaron al unísono contra la nueva ley aprobada en el Estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados.

Guatemala, Honduras y El Salvador, además de México, los países de la región que más emigrantes, documentados e indocumentados, tienen en EE.UU., manifestaron sus temores por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos en ese país y la persecución que se puede desatar contra éstos.

México alertó de que la decisión de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, de sancionar la nueva legislación “representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto”.

“El gobierno de México utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales”, expresó manifestó la Oficina de la Presidencia mexicana a través de un comunicado.

La Cancillería de este país dijo incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes. Para el ministro de Relaciones Exteriores hondureño, Mario Canahuati, la normativa promulgada “pisotea” los derechos de los inmigrantes.

“Nos están pisoteando, están abusando de nuestra gente”, dijo Canahuati, quien subrayó que “hay que ver de qué manera se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una cantidad enorme de centroamericanos, particularmente hondureños”.

Por su parte, el Ejecutivo guatemalteco expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la ley recién aprobada y consideró que ésta “amenaza las nociones básicas de justicia”. “El gobierno de Guatemala lamenta que esta normativa haya sido aprobada y coincide con el presidente estadounidense, Barack Obama, (que calificó la disposición legal como “mal encaminada”) en que este tipo de leyes amenazan las nociones básicas de justicia”, según el documento oficial.

También el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, manifestó su temor porque la ley desate “una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en los Estados Unidos”.

Poco antes de que Jan Brewer promulgara la ley, Martínez indicó que El Salvador expresaría su preocupación “en los espacios de diálogo” que mantiene con el gobierno federal de Estados Unidos. Su ministerio alertó en un comunicado que la ley “criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico”.

Arizona es uno de los principales puntos de entrada de los inmigrantes indocumentados a Estados Unidos después de que fuera construido hace más dos décadas un muro en la zona de California, en la costa oeste del sur del país, y en ese Estado viven más de 1,8 millones de hispanos (el 29 por ciento de su población), entre ellos unos 420.000 inmigrantes sin papeles.

Grupos hispanos recurrirán la ley

Dos grupos hispanos se disponen a presentar sendas querellas contra la ley promulgada en Arizona que criminaliza a los inmigrantes indocumentados en ese Estado.

El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (Maldef, por su sigla en inglés) indicó en un comunicado que la legislación “lanza a Arizona en una espiral de temor, desconfianza en las comunidades, creciente criminalidad y litigios costosos, con repercusiones para todo el país”.

Maldef anunció que iniciará una querella contra ella.

Por su parte William Sánchez, presidente de la Coalición Nacional del Clero Latino y el Fondo de Dirigentes Cristianos para la Defensa Legal, señaló que también su grupo prepara una demanda en el ámbito federal para impedir que se aplique la nueva ley en Arizona.

“Millones de latinos en todo el país están conmocionados”, sostuvo Sánchez, cuyo grupo representa a unas 30.000 iglesias evangélicas en todo Estados Unidos, incluidos 300 pastores hispanos en Arizona.

La aprobación de la normativa la semana pasada en la Legislatura de Arizona respondió al clamor de ciudadanos, especialmente cerca de la frontera de México, después que un ranchero fuera asesinado supuestamente por inmigrantes indocumentados o contrabandistas, en una región por donde cada año cruzan millones de extranjeros que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.

“No podemos sacrificar nuestra seguridad a la avaricia asesina de los contrabandistas de drogas”, dijo Brewer después haber promulgado la ley. “Los ciudadanos en todo el país miran cómo Arizona aplica esta ley y hay quienes están listos a saltar ante la menor equivocación”.

Los adversarios de la norma opinan que, en un Estado donde hay más de 1,8 millones de hispanos, es muy difícil que pueda aplicarse sin que la policía se enfoque en los latinos.

Una estipulación del nuevo texto legal prohíbe que la policía use “solamente” la “raza”, es decir los rasgos físicos, la apariencia, para sospechar acerca de la situación legal de una persona, pero la ley no prohíbe que ése sea uno de los factores.

“Una y otra vez los tribunales han determinado y han dejado bien claro que la autoridad para regular y aplicar las leyes de inmigración es de dominio exclusivo del gobierno federal”, afirmó Karen Tumlin, del Centro Nacional de Ley de Inmigración. “Esta ley viola el ámbito federal cuando trata de regular y aplicar la ley de inmigración”.

Benjamin Johnson, director del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que la normativa es más vulnerable por el flanco de los derechos civiles, ya que puede motivar detenciones y registros personales ilegales simplemente debido a la apariencia de las personas.