la problemática del acceso al dni
“Hay un gran desconocimiento de la importancia de estar documentado”
Aunque dijo no contar con datos de la provincia, el director del Registro Civil resaltó que el tema de las personas sin documento “es preocupación de este gobierno”. Sostuvo que la falta de información es uno de los escollos cuando en sectores más vulnerables no gestionan su DNI. Resaltó que la provincia desarrolla acciones al respecto.
Todos coinciden que la falta de documentación margina de cualquier actividad a la persona.
Foto: Amancio Alem
Juan Ignacio Novak
“El DNI es el vehículo y la llave de acceso a derechos básicos y universales. Y carecer del mismo es la contrapartida, genera violencia, exclusión y hasta trata de personas y violencia sexual”, dice María Batch, referente del Área de Construcción de Ciudadanía de la Fundación Poder Ciudadano. Es que, si bien admite que -a su criterio- no hay en Argentina números ciertos sobre la cantidad de personas sin DNI, no tenerlo representa un serio impedimento: “No existís. Sos un fantasma para el Estado. Estás pero no sos”.
Tal vez la expresión es algo excesiva, pero no está lejos de la realidad ya que el documento es exigido para casi todo. El ciudadano indocumentado se ve imposibilitado para ejercer cualquier tipo de ejercicio de ciudadanía. Desde sacar una cuenta bancaria, acceder a la educación, asistir a un sistema de Salud “o acceder un plan social, en una Argentina pobre como la de hoy” resaltó Batch.
En similar sentido se expresó Leandro Trangoni, director del Registro Civil de Santa Fe. Si bien explicó que no cuenta con un número exacto de la cantidad de personas que carecen de DNI -de hecho, a nivel nacional tan solo hay estimaciones- admitió que el tema representa “una gran preocupación de este gobierno”. Al evaluar las causas que pueden conducir a esta problemática resaltó que “una de las razones puede ser el desconocimiento de cómo se realiza el trámite”, lo que iría aparejando con “falta de información respecto de los procedimientos establecidos”. Para el director “hay un gran desconocimiento de la importancia que tiene el hecho de estar documentado”.
Para abordar este tema “se vienen haciendo una serie de operativos, desde la posibilidad de que el Registro Civil Provincial concurra a las escuelas, donde se observa una situación de vulnerabilidad” explicó el director del Registro santafesino. Esto obedece a una situación muy concreta, ilustrada a la perfección por María Batch, de Poder Ciudadano: “Los chicos van a la escuela primaria y se los incorpora aunque no tengan documento” explicó. Pero los inconvenientes arrancan más tarde. “A veces terminan la primaria y hasta pasan al secundario en esa situación. Pero cuando terminan el secundario, finalmente no tienen un certificado de título. Terminan -enfatizó Batch- sin tener acreditado su nivel educativo”.
En otro plano Trangoni refirió que durante los operativos realizados en barrios “se acerca mucha gente no solo a inscribir a sus hijos o pedir el primer DNI, sino porque desconoce que hay un montón de trámites que tienen que hacer y no hacen”. Por ejemplo, el cambio de domicilio. Hay personas que “se van mudando de un lugar a otro y viven en estado de precariedad, incluso no pueden ni siquiera determinar el lugar donde habitan, porque es una zona precaria” recordó el funcionario. “También es una situación que se advierte en estos operativos y nos preocupan y cuando se produce el acercamiento del Registro Civil a estas zonas se ofrece asesoramiento”, aseguró.
Costos y dificultades
Al nacer una persona, sus padres cuentan -por ley- con un plazo de 40 días para anotarlo en el Registro. Expirado ese lapso, deben realizar un trámite ante el Registro Civil hasta los 12 años, pero presentando dos testigos que acrediten el vínculo. Pasada esa edad, un juez es la única autoridad habilitada para autorizar la inscripción.
Consultado sobre la posibilidad de que, pasados los tiempos legales, los progenitores se vean expuestos a instancias burocráticas que los hacen desistir del trámite, Trangoni manifestó que a su criterio, en general “no es una dificultad que los padres no hayan cumplido con los 40 días que establece la ley, no se advierte que haya lentitud, demora o trabas”.
Por otra parte, y requerido sobre los costos que implica gestionar el documento aseguró que “no estamos viendo que la cuestión pase por una dificultad económica”. “El primer DNI que se otorga al ciudadano al momento de nacer, cuando es inscripto, no tiene costo”, recordó. Y planteó incluso que, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables, no se conoce la posibilidad de acceder sin costo a los trámites para iniciar la documentación, con sólo obtener un certificado de pobreza. Ante estas potenciales situaciones, “el Registro tiene que acudir a esas zonas más vulnerables para que haya una presencia del Estado”, planteó Trangoni.
“Sin documento, sos un muerto civil”
Luis Alberto siempre tuvo un especial cuidado por proteger uno de sus principales derechos ciudadanos como es el Documento Nacional de Identidad. De hecho, se tomó el trabajo tres décadas atrás de cambiar la libreta de Enrolamiento por el DNI. Pero hace algunos años -producto del robo de algunos de sus efectos personales- padeció en carne propia durante cuatro o cinco meses lo que es tratar de ejercer una vida normal “sin documentos”. Sobre todo para una persona que, como su caso, sufre una patología que lo obliga a realizar reiterados trámites ante su obra social para acceder a los insumos necesarios.
Hoy, reflexiona que, durante ese período de tiempo, y a pesar de contar con una constancia emitida por la repartición correspondiente, se sintió “un muerto civil”. Imposibilitado de realizar diligencias tan sencillas como renovar la tarjeta verde del auto o cobrar la jubilación por ventanilla o incluso obligado a realizar tortuosos trámites burocráticos. Expuesto, en definitiva, a situaciones quizás más propias de un personaje de Kafka que de un santafesino de clase media.
Al compartir su experiencia a El Litoral, se remonta a principios de los ‘80, cuando decidió trocar su vieja libreta por el DNI. “Te aseguro que prácticamente me lo dieron en el momento”, dice, como para marcar el contraste con lo que le tocaría vivir varios años después. “El inconveniente más grande que había era ir a comprar hasta el correo la estampilla, el arancel que te cobraba el registro”, explicó.
Hacía fines de 2006, él y su esposa fueron víctimas del robo de una cartera con varios papeles, entre ellos los dos DNI. Tras este hecho, se acercaron a San José del Rincón para dar cuenta del extravío. Una vez finalizado el trámite, “nos dijeron que los buscáramos ¡en un año!”, recuerda, todavía sorprendido, Luis Alberto. Y ahí comenzó una pequeña odisea.
Es que, por su condición, se ve obligado a dirigirse cada tres meses al Iapos para realizar las gestiones para que le renueven los elementos necesarios para hacer frente a su enfermedad. Y para este trámite -recordó su esposa- es necesario el DNI y una fotocopia del mismo. Y no la constancia que les habían extendido en Rincón. Así que debieron buscarle la vuelta para arreglar este tema. “Eso era lo importante y lo inmediatamente necesario”, dice. Pero no lo único.
Otro inconveniente se generó cuando les retuvieron el auto por tener la tarjeta verde tan solo un mes vencida. Para retirarlo, cuando se acercó al Registro de la Propiedad del Automotor, le pidieron el DNI, extendió la constancia, pero no se la aceptaron. Por lo tanto, por sugerencia de un gestor debió dirigirse a un escribano, certificar su firma, y recién ahí poder finalmente retirar su vehículo.
A Luis Alberto y a su esposa, les robaron sus documentos hacia octubre de 2006, y recién los recuperaron en febrero de 2007 él y en abril de ese año ella. Y sólo porque para eso removieron cielo y tierra. De lo contrario, podría haber sido mucho más tiempo. Mientras tanto, como contó Luis: “No podés usar la tarjeta de crédito, comprar una casa, salir del país, ni cobrar la jubilación en ventanilla. Además, si te agarra la policía en algún tumulto y no lo tenés vas preso, no hay arreglo”. “Sos total y absolutamente un muerto civil”, concluyó.
Optimizar es la clave
Sobre los tiempos de demora, el funcionario sostuvo que “todas las provincias tenemos las mismas ventajas y las mismas dificultades”. “El Registro Civil Provincial depende del Registro Nacional de las Personas (Renaper), la repartición nacional que tiene a cargo la confección del documento. “Lo que hacemos en cada una de las provincias es completar un formulario donde se anotan todos los datos necesarios para la inscripción de las personas, se eleva al Registro Nacional, nos lo devuelven, y se envía a los domicilios”, detalló y reconoció que “las demoras son las lógicas”.
Sin embargo, adelantó que en la provincia avanza la posibilidad de instalar, antes de fin de año, un centro de documentación rápida. “Va a redundar en una ventaja inmediata porque no va a ser necesario que las personas vayan en un caso de urgencia a Buenos Aires, ni que se agolpen en las oficinas seccionales. Directamente, van a ir allí y van a hacer el trámite en el día, y a los 7 días van a recibir su documento”, explicó.
En definitiva, para Trangoni la problemática de las personas que no accedieron a su DNI está asociada con “el desconocimiento de la importancia que tiene estar documentado”. Y la necesidad de actuar se acentúa en la certeza de que el DNI es un instrumento público del que emanan derechos y obligaciones personales y patrimoniales que comprenden toda la evolución de la vida de las personas. Es por esto que “tenemos que pensar en una campaña de concientización para trabajar en los sectores más vulnerables que no tienen acceso a la información”, finalizó
“Se debería facilitar el acceso”
Para la referente del Área de Construcción de Ciudadanía de la Fundación Poder Ciudadano el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “ha hecho un buen trabajo” en el diseño del nuevo formato del DNI. Sin embargo, remarcó que todavía falta algo que consideró esencial, “que vemos como un alerta amarillo o naranja, por no decir rojo”.
El punto -según Batch- está directamente relacionado con el acceso al documento. “¿Quién son los que acceden?, se preguntó la especialista: “Casi todos los habitantes que tienen ciertos recursos, que tienen cerca una oficina del Registro civil, una cierta cultura, una escuela que se moviliza, o llegados al hospital, tienen dentro de su estructura una oficina del Registro Civil, de manera que la madre se va con una partida de nacimiento”. Sin embargo -admitió- “hay un montón de gente, sobre todo lejos de los centros urbanos que, o no tienen la cultura de pensar que el DNI es importante”, o no son tomados en cuenta. “El Estado debiera ocuparse de los que no llegan a obtenerlo”, consideró. “Si personas con menores recursos no pueden acceder, lo ideal, en un estado ideal es que si se exige un DNI para miles de cuestiones que son práctica habitual, también debería facilitarse el acceso”. Es que -siempre según la referente de Poder Ciudadano- “no hay campañas de sensibilización, campañas educativas para que quienes no tienen incorporado que el DNI es un elemento básico para acceder a derechos sepan que con eso pueden defenderse”.
En este sentido, Batch se refirió al tema en términos casi mercantilistas. “El Estado, como tal, tiene que tomar como una política pública que es la oferta y las personas son una demanda cierta para tener su documento. Y que tiene que responder, e ir a documentar”. “No como una cuestión persecutoria sino como una cuestión de inclusión social”, concluyó.
