Polémicas reveladoras
La desacertada recriminación pública formulada por el ministro de Economía de la Nación a las autoridades santafesinas por la gestión de los recursos, y la airada queja del ministro del Interior ante la supuesta falta de correspondencia entre el reclamo de fondos y el retaceo de apoyo parlamentario a los proyectos del oficialismo funcionaron en los últimos días como la altisonante verbalización de una concepción política e institucional que soslaya el federalismo y no vacila en embestirlo.
Amado Boudou recomendó al gobierno santafesino que produzca una reforma tributaria capaz de mejorar los ingresos del Estado. Cuando se le hizo notar que esa iniciativa ha sido sistemáticamente bloqueada por el justicialismo en nuestra provincia -y que él ya lo sabía-, respondió cuestionando la capacidad de la gestión provincial para administrar los recursos.
Pero, si el titular de Economía mostró desinformación e insolencia, Florencio Randazzo fue más allá y exhibió un descomunal descaro, cuando ató la respuesta para los reclamos de la provincia a la condición de un accionar “coherente” en el Congreso, entendiendo por tal el apoyo a los proyectos del Ejecutivo.
Esta lógica, que en términos vulgares -acaso los únicos capaces de describirla adecuadamente- se traduce como del “toma y daca”, y tiene como reverso el “apriete”, fue denostada en las contestaciones de funcionarios y legisladores provinciales. Las referencias a la “provocación” y al ejercicio de un esquema “clientelar” también formaron parte de las réplicas, junto a la debida preservación de la prerrogativa de actuar en función de las propias convicciones y los intereses de los santafesinos.
Y es que, precisamente, queda claro que no se trata de exabruptos, ni de meras “chicanas” producidas en el fragor de una contienda política o un debate parlamentario. En ambos casos, los ministros a cargo pusieron de manifiesto, sin tapujos ni el menor cuidado de las formas, la manera que tiene el kirchnerismo de entender y manejar la relación entre el poder central y las provincias.
El severo condicionamiento económico resultante de la concentración de recursos apunta al disciplinamiento político e implica un desmerecimiento institucional, que se vuelca en el “ninguneo” y el destrato que oscuros funcionarios, nombrados y removibles por la simple voluntad presidencial, propinan a los gobernadores, cuando éstos asumieron sus funciones con el respaldo directo y la representatividad delegada de miles de ciudadanos.
Así, la diplomacia de chequera que ejerce el gobierno nacional, y con la cual pretende la sujeción de la voluntad de aquéllos a quienes el electorado escogió con otras aspiraciones, excede la condición de mera herramienta de gestión, para revelarse como un procedimiento que, en el plano de la ejecución y en el de la filosofía que lo respalda, violenta de manera flagrante los principios más elementales del sistema republicano.
