Mayor atención al usuario
Marcucci propicia cambios
al marco jurídico de la EPE
El diputado radical presentó dos proyectos de ley con el respaldo de Adelco Santa Fe. Pretende ampliar las funciones del Enress extendiéndolas al servicio energético.
De la redacción de El Litoral
Transformar la Empresa Provincial de Energía de ente autárquico a sociedad del Estado, ampliar el objetivo social para que incursione en el campo de las telecomunicaciones; fijarle un marco regulatorio y establecer los derechos del usuario, además de ampliar la competencia del actual Enress para que abarque al sector energético, son los planteos del diputado radical Hugo Marcucci al presentar dos proyectos de ley.
A su lado, se encontraba su par, Darío Boscarol, quien acompañó con su firma los proyectos y directivos de Adelco Santa Fe encabezados por Luis Lombó que asesoraron al legislador.
Marcucci además de diputado es presidente del comité provincial del radicalismo, fuerza que conforma el Frente Progresista, Cívico y Social de la provincia. Boscarol -por su parte- ejerce con el socialista Raúl Lamberto, la presidencia del bloque oficialista en la Cámara Baja.
Usuarios, indefensos
En la conferencia de prensa ofrecida esta mañana en la Legislatura, el radical recordó el proceso seguido en la EPE en los últimos años desde que se votó la privatización a la vuelta al Estado y se quejó del alto grado de indefensión que tienen los usuarios y puso como ejemplo lo ocurrido días atrás en Reconquista donde tras quejas de usuarios por las facturaciones, se informó que no hubo lectura en muchos medidores. Remarcó que todavía están pendientes los resarcimientos prometidos a usuarios de Rosario y Santa Fe tras los constantes cortes que padecieron en el último mes de enero.
El primero de los proyectos parte de transformar a la EPE en Sociedad del Estado. “La ventaja es que para contratar y realizar la gestión comercial se rige por el derecho privado, pero en lo laboral y los mecanismos de control, por el derecho público”, enumeró entre algunos de los fundamentos. Pero además, propicia ampliar el objeto social para que no sólo el objetivo sea el energético sino el campo de las telecomunicaciones, especialmente para que pueda brindar servicios de Internet.
En materia de conducción de la empresa, establece un directorio donde sigan representados cooperativas y trabajadores pero suma a los municipios y comunas.
La otra parte del proyecto establece un reglamento de prestación de servicio que es la base de los derechos del usuario. Prevé la norma la tarifa social y la obligatoriedad de transparentar toda la información por parte de la Empresa.
El segundo proyecto de ley firmado por Marcucci apunta a ampliar la competencia del Enress al servicio energético. “No tiene sentido duplicar la estructura. Entendemos que el actual Ente puede extender la tarea que cumple con agua y cloacas para llevarla también al sector energético”.
Marcucci hizo mucho hincapié en la necesidad de pensar en el usuario de la EPE y con tres ejemplos mostró el estado de indefensión en que se encuentra: el mencionado caso de Reconquista, la falta de resarcimiento en Santa Fe y Rosario y la decisión de una Cámara Civil y Comercial de Rosario que obligó a resarcir a una cámara farmaceútica después de seis años de infructuosas gestiones ante la empresa.
Apoyo de Adelco
Lombó reconoció el asesoramiento y la colaboración prestada por Adelco Santa Fe a la hora de trabajar los proyectos de ley.
“La iniciativa plantea la posibilidad de revertir en la provincia de Santa Fe más de 20 años de una política inconsistente con respecto a la regulación de este servicio público fundamental que ha generado una serie de consecuencias previsibles: EPE severamente desfinanciada; con tarifas elevadas; mala calidad de servicios; usuarios indefensos; serio problema de fraude energético, y grandes sectores poblacionales condenados a la clandestinidad”, destacó.
También cuestionó la falta de trabajo para propiciar la generación de energía lo que -a su entender- coloca a Santa Fe con total dependencia de las decisiones que se adopten a nivel nacional.
El directivo de la entidad resumió la propuesta en cuatro objetivos básicos: proteger los derechos de los usuarios y conciliarlos con la acción, derechos y atribuciones de la autoridad regulatoria y de los prestadores; mejorar la gestión empresaria, garantizando el mantenimiento, la rehabilitación, mejora y desarrollo del servicio, asegurando los fondos necesarios para tal fin; garantizar una adecuada calidad técnica, estableciendo las normas que permitan asegurar niveles de excelencia y eficiencia acordes con la naturaleza del servicio e incorporar la posibilidad de prestar servicios de telefonía y actividad complementaria, conexa y auxiliar, relacionada con la prestación de dichos servicios.
