Fallo de la Corte

Anularon su indulto y Martínez

de Hoz denuncia persecución

Dijo que los jueces actúan presionados por Kirchner. Lo acusan por el secuestro de dos empresarios algodoneros para obligarlos a firmar acuerdos comerciales con Hong Kong.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz denunció que sufre “una persecución interminable”, que “no tiene precedentes en el país”, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del indulto dictado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem en su favor.

En una solicitada publicada hoy por los diarios Clarín y La Nación, advirtió que “la trampa es obvia” y aseguró que en la Argentina están las “instituciones degradadas” y “el Estado de Derecho reducido a una mera apariencia”.

La nota, bajo el título de “Otra vez con Martínez de Hoz una persecución interminable”, comienza: “A partir de que el presidente Kirchner pidió públicamente mi encarcelamiento el 24 de marzo del 2006, y lo reiterara varias veces, diferentes poderes del Estado han utilizado todos los medios a su alcance para lograrlo”.

“La Justicia Penal Federal y la Corte Suprema (con escasas y honrosas excepciones) han sido funcionales a esos objetivos. Esto no es sorprendente a la luz de las presiones a las que son sometidas los jueces por el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura”, manifestó..

El fallo

Ayer, el máximo tribunal decretó la invalidez del indulto a Martínez de Hoz en una causa por el secuestro de dos empresarios algodoneros en noviembre de 1976. El alto tribunal también decretó por el mismo hecho la invalidez del indulto que benefició al dictador y ex presidente de facto Jorge Rafael Videla -quien ya se le había declarado la inconstitucionalidad de ese perdón por otros casos de delitos de lesa humanidad-, y al ex ministro de Interior de la última dictadura Albano Harguindeguy. La medida deja a Martínez de Hoz al borde de la detención, en una causa en la que ya están arrestados Videla y Harguindeguy.

Para anular los indultos, la Corte resaltó “la obligación del Estado de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos”.

El fallo fue firmado por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; la vice, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni.

El caso

Martínez de Hoz, Videla y Harguindeguy están acusados por hechos que se remontan al 5 de noviembre de 1976, cuando por un decreto de la dictadura fueron arrestados “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” Federico Gutheim y su hijo, Miguel Ernesto, en virtud de la -se dijo entonces- “primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden público y preservar los permanentes intereses de la República”.

Sin embargo, no hubo razones políticas para ese secuestro: los Gutheim estuvieron cinco meses y dos días secuestrados y sólo recuperaron la libertad cuando accedieron a firmar los acuerdos que les exigía el gobierno de facto. Ese acuerdo tenía en la otra punta de las negociaciones a Hong Kong y representaba una virtual apertura hacia mercados internacionales comerciales para la dictadura. Martínez de Hoz y Videla fueron indultados a través de los decretos 1002/89 y 2741/90, por lo que se dispuso su sobreseimiento en la investigación penal y el cierre de la causa.

Pero en 2006, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (por su entonces titular, Manuel Garrido) pidieron la nulidad de los indultos, lo que fue concedido por el juez Norberto Oyarbide y confirmado por la Cámara Federal. La defensa del ex ministro de Economía acudió a la Corte con un recurso extraordinario por considerar que se violó el principio de cosa juzgada, ya que había sido indultado, pero el máximo tribunal rechazó esa acción judicial del ex funcionario. Ahora Oyarbide, a partir del fallo de la Corte, deberá resolver qué actitud adoptará sobre la situación de Martínez de Hoz.

Lesa humanidad

El fallo ratifica que los delitos cometidos en la última dictadura militar son de lesa humanidad y por lo tanto “imprescriptibles”. Para eso, citaron los fallos “Simón”, “Arancibia Clavel” y “Mazzeo”, en los que la Corte declaró contrarias a la Carta Magna las leyes de obediencia debida y punto final, y sostuvo que por su gravedad, los delitos de lesa humanidad tampoco están acordes a la Constitución y a los tratados internacionales que están incorporados a la Ley Fundamental. La defensa invoca que no se trató de un delito de lesa humanidad, que además Martínez de Hoz no tuvo participación en él, y que ya había sido absuelto por la Justicia antes del indulto.

/// LA CLAVE