Policía arrestado
Vendía certificados de conducta
y credenciales para uso de arma
Se trata de sargento ayudante que se desempeñaba en el Gabinete de Identificaciones de la Unidad Regional I. Asuntos internos pidió la apertura de un sumario y el pase a disponibilidad.
De la Redacción de El Litoral
El sargento ayudante Mario B. fue arrestado este martes en su casa de calle Amenábar al 3600, en el límite entre en barrio Sur y barrio San Lorenzo. Una denuncia anónima en la delegación centro-norte de la Dirección General de Asuntos Internos motorizó el pedido de una orden judicial para allanar ese domicilio, donde se secuestró gran cantidad de documentación apócrifa.
Si bien el policía que se desempeñaba en el Gabinete de Identificaciones de la Unidad Regional I recuperó la libertad ayer a las 5 de la tarde, la Justicia de Instrucción le abrió una causa por los supuestos delitos de “falsificación de documento público”, “falsificación de firma” y “exacciones ilegales”.
El servidor público, que según fuentes consultadas estaba próximo a jubilarse, había montado una oficina paralela en su hogar, desde donde emitía certificados de conducta y credenciales para tenencia y portación de armas, a cambio de los cuales pedía distintas sumas de dinero.
Denuncia anónima
Según las actuaciones que constan en el expediente, el material secuestrado era de carácter fraudulento, dado que para obtenerlo no era necesario cumplir con los requisitos básicos que cada trámite legal exige.
La investigación, que se inició con una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos por e-mail, contó con la fílmación del procedimiento y con la infiltración de un falso cliente, que se presentó en el domicilio del policía el martes a las seis de la tarde, para solicitar un determinado trámite y así sortear lo burocrático de la administración.
Junto con el imputado fueron demoradas otras dos personas, presuntos clientes del sargento, que ese día fueron a retirar los encargos. Ambos individuos prestaron declaración testimonial en sede policial, donde habrían confirmado todas las sospechas.
Una de las presunciones es que Mario B. había establecido una tarifa de entre $15 y $20 por los certificados de buena conducta y que dicha práctica habría comenzado por lo menos un año atrás.
Carnés y tarjetas
Los investigadores solicitaron ahondar en el caso, para determinar de ahora en más a quiénes se le extendió la documentación falsa, que no sólo habría servido para tramitar la tenencia y portación de armas ante el Renar y el Repar, sino que también se cree que muchos de los certificados de conducta fueron a parar a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad para la obtención de licencias para conducir taxis y remises.
En cuanto a la situación actual del empleado del Gabinete de Identificaciones de la URI, Asuntos Internos pidió a jefatura que se disponga la apertura de un sumario administrativo y que se lo pase a disponibilidad, hasta tanto la Justicia determine el grado de responsabilidad que le cabe en el accionar ilegal.
“Los que me tomaron la denuncia están presos”
Liliana Gómez, la mujer que un mes atrás sufrió un grave atentado contra su familia cuando le balearon la casa de calle Aguado al 2600, se comunicó hoy con El Litoral para pedir públicamente una respuesta sobre el estado de la investigación.
“Los policías que me tomaron la denuncia están detenidos”, contó alarmada la mujer, que se enteró por el diario de las recientes detenciones del jefe de la Subcomisaría 2a. de Santa Rosa de Lima y dos subalternos. Los tres policías fueron acusados de solicitar y cobrar una coima de $ 3.000 para dejar en libertad a una mujer, la semana pasada.
“Pasó un mes y no hay novedades, ni siquiera nos llamaron para decirnos si el caso estaba encaminado”, dijo Gómez, que denunció el ataque a su casa en Asuntos Internos, puesto que habría un policía involucrado. Desde allí la derivaron a la Jefatura y luego a División Judicial de la URI.
Mientras tanto, “en mi casa todavía están los agujeros de bala”, ya que “no tengo los medios económicos para cambiar una puerta”, reclamó.
