Piden políticas de Estado

Abogados reclaman por seguridad

La entidad exhortó a los legisladores nacionales a coordinar acciones. Solicitan un firme accionar preventivo y advierten sobre los costos de no frenar el narcotráfico.

 

De la redacción de El Litoral

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El Colegio de Abogados de Santa Fe instó a los legisladores nacionales y las autoridades provinciales a coordinar políticas de fondo para luchar contra la delincuencia y, en particular, el tráfico de drogas.

En diálogo con El Litoral, el titular de la entidad, Salvador Aiello, informó que, conforme a lo resuelto días atrás, ya se giraron las comunicaciones previstas y se aguarda una respuesta. “Lo que se busca es poner en la agenda de los gobernantes y los responsables de las instituciones intermedias un tema que es caótico y preocupa sobremanera a la comunidad. Y que merece que debe ser abordado fundamentalmente en el orden nacional, que es donde se trazan las políticas de Estado y, de manera consecuente, también en la provincia”.

Aiello aclaró que la exhortación a los legisladores santafesinos, para que trabajen junto a sus pares de otras provincias y el Poder Ejecutivo, apunta a que se enfoque la cuestión como “política de Estado fundamental, que no puede estar impregnada por el antagonismo entre oficialismo y oposición. Porque la ciudadanía está requiriendo a gritos una acción uniforme y clara, donde se coincida en lo que se va a hacer, y cada uno cumpla con el rol que le toca, con límites bien definidos”.

El abogado insistió en que la cuestión no pasa tanto por el Código Penal, que entra a operar “cuando el daño ya se ha ocasionado y la víctima lo ha sufrido”, como por la faz preventiva y en la dinámica que se le imprima. “La policía no puede estar quieta, porque no se puede poner un policía al lado de cada ciudadano”, ejemplificó.

Exclusión y miedo

En el documento elaborado por el Colegio, se alude a la exclusión social y la “fiebre” consumista como un adecuado caldo de cultivo para el delito, que a la vez encuentra expeditas las vías para desarrollarse en la “falta de justicia, lo que es equivalente a señalar, en muchos casos, que existe un marco de impunidad”.

“Hemos arribado a un grado de deterioro que no permite mayores dilaciones en el abordaje y solución del problema. Tenemos que tomar la realidad tal cual es y como la padecemos, y asumir el desafío de revertirla, con los costos y esfuerzos que seguramente demandará”, sostuvo el Colegio. Y agregó que el incremento incesante del delito,

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Salvador Aiello: “Ésta es una cuestión que no puede estar impregnada por el antagonismo entre oficialismo y oposición”.

Foto: Archivo El Litoral

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y su estrecha vinculación con el tráfico y comercialización de drogas, requieren “urgente atención de todos y suficiente grandeza de espíritu para abandonar meras conveniencias sectoriales en aras de poner coto a tremenda calamidad”.

Para el Colegio, “falta justicia cuando nuestra libertad está fuertemente condicionada por el miedo”; cuando debemos vivir “enrejados”; cuando se vuelven una costumbre las noticias sobre “ajustes de cuenta”, y lucha entre “bandas armadas” por el control del tráfico de drogas, con un Estado “ausente” o limitado al rol de simple espectador.

Falta justicia

“Falta justicia y se viola la Constitución Nacional, cuando quienes entran en conflicto con la ley penal, cualquiera sea su edad, no merecen trato humanitario y reeducativo, que en el futuro permita su reinserción social, convirtiendo las cárceles y lugares de privación de la libertad en centros de escarnios y vejámenes, que culminan en verdaderas academias de perfeccionamiento delictivo”, argumentó el Colegio.

La entidad sostuvo que también falta justicia cuando “por deficiencias legislativas, o por ligereza de los funcionarios actuantes, se deja en libertad a personas que no han sido reencauzadas, muchas veces, con numerosos y graves antecedentes penales, que poco después terminan matando inocentes al cometer nuevos delitos. Por vía indirecta, habilitamos la pena de muerte que -teórica e hipócritamente- decimos combatir.

“Porque se delinque drogado -y en esas circunstancias se pierden todos los límites- y se delinque -por adicción- para conseguir la droga. Por eso, falta justicia cuando no se define una drástica política de erradicación del tráfico y comercialización de drogas. Porque costará enfrentar semejante flagelo -en términos humanos y económicos- pero después serán muchos los esfuerzos que tendremos que hacer para recuperar a los simples consumidores de hoy”, concluye el documento.

Reforma e intereses

El Colegio de Abogados de Rosario exhortó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y al Poder Ejecutivo provincial a que, “dejando de lado planteos inconducentes, reencaminen sus esfuerzos por el camino de la cooperación a fin de lograr en poco tiempo y con el esfuerzo común la necesaria reforma del sistema procesal penal”, reclamada por la sociedad santafesina toda.

La entidad insistió en la necesidad de una administración de justicia penal, moderna, eficaz, adecuada a los estándares mínimos fijados por la Constitución Nacional y pactos internacionales en la materia, que tutele adecuadamente el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa, el principio de inocencia y el del juez natural. “Un sistema que reconozca y garantice a cada uno de sus actores -jueces, fiscales y defensores- un rol definido que puedan ejercer con autonomía y mutua independencia”, agrega, en un comunicado referido al cruce de opiniones desatado por el planteo de inconstitucionalidad del procurador Agustín Bassó sobre la ley de Ministerio de la Acusación.

“El enfrentamiento, la descalificación, el agravio personal, el interés particular, la defensa de espacios de poder, los planteos ocultos y las intrigas palaciegas han reemplazado al debate de ideas abierto, público, profundo y fundamentado que debe darse entre quienes aún teniendo posiciones antitéticas están compelidos a impulsar decididamente la transformación del sistema de enjuiciamiento penal de la provincia”, concluye el documento.