Del acceso a la información como forma de prevención
Garrido: Santa Fe es la única con políticas anticorrupción
Dice que el “interés legítimo” es “una traba” para el libre acceso a la información. Admite excepciones a la exposición de datos, pero sostiene deben ser exhibidos los subsidios otorgados con fondos públicos a personas o entidades, y también los nombres de quienes los reciben.
Manuel Garrido, el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, dejó su cargo en 2008.
Foto: Archivo/El Litoral
Luis Rodrigo
Bastan unos pocos minutos de entrevista para que Manuel Garrido, el ex fiscal anticorrupción, deje conceptos de fondo. El diálogo con El Litoral consume no tantas vueltas del casete, pero entre lo grabado y lo dicho por el Dr. Garrido en un acto junto al gobernador Hermes Binner -en favor de la transparencia y el acceso a la información- se encuentra lo central sobre un drama argentino: la corrupción.
El Dr. Garrido hoy trabaja en una ONG, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), pero entre 2000 y 2008 denunció por presuntos actos de corrupción a más de un centenar de funcionarios nacionales: hubo menemistas, de la Alianza y kirchneristas. Seguramente aún espera que la Justicia condene a alguno.
—Usted dijo que Santa Fe es una provincia diferente respecto transparencia y corrupción. ¿Por qué?
—Es un dato de la realidad. Es la única provincia que está desarrollando políticas de prevención de la corrupción como la norma y la implementación del acceso a la información. Las razones por las que eso ocurre, no las puedo determinar. Pero de hecho, cuando la Argentina es examinada sobre índices de corrupción y del cumplimiento (o no) de ciertos estándares internacionales de fortalecimiento de sus instituciones se observa que a nivel provincial, en general, como a nivel nacional hay muchas cosas por hacer...
A nivel de las provincias, hay como oleadas, tras la recuperación de la democracia. Algunas tienen oficinas anticorrupción pero luego casi desaparecieron... hoy sólo funciona la de Chubut. También hay fiscalías de investigaciones administrativas (que imita la nacional), en Chaco, Río Negro y la Pampa.
—¿En qué manos deben estar estas áreas: el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? ¿O de la oposición?
—Depende de qué es lo que tengan que hacer. Hoy el paradigma de la lucha contra la corrupción no es la persecución penal. Se busca tener políticas públicas sostenidas de prevención. Como cualquier otra política pública es importante que haya decisión política: sea ésta del Ejecutivo o del Legislativo.
Los órganos que actúan en prevención de la corrupción deben tener algún grado de autonomía para que no pueda haber un retroceso en esas políticas, tal como -de hecho- se ha sufrido a nivel nacional.
Tiene que haber autonomía. La situación institucional dependerá del contexto de cada situación. Y por supuesto si se trata de investigación (como las fiscalías) deben ser órganos independientes.
Las políticas públicas de transparencia y fortalecimiento institucional deben ser como otras políticas, por lo general diseñadas mediante leyes en el Parlamento y con un rol importante reservado para el Ejecutivo.
—Santa Fe no tiene una ley de acceso a la información. Hay un choque de proyectos de una y otra Cámara, dominadas por el oficialismo y la oposición respectivamente.
—Es un problema que también sufrimos en todo el país. No hay una ley a nivel federal de acceso a la información pública, pese a tantos proyectos...
—Nadie se opone pero pocos lo llevan a cabo.
—Me parece que es muy grave que el derecho de acceso a la información pública no esté consagrado por una ley a nivel nacional, o aquí a nivel provincial. Es grave que ocurra en todas las provincias. Además de tratarse del ejercicio pleno de ciudadanía, este es un derecho humano.
Si no hay una norma que lo reconozca se viola un derecho humano.
—Santa Fe durante años ha discutido sobre la procedencia o no del llamado interés legítimo para quien requiera información. ¿Cuál es su opinión sobre esta figura jurídica?
—Esa, como otras, son simplemente trabas. Se proponen sólo para obstaculizar el ejercicio de este derecho. Si es información pública, y además debería -mucha de ella- estar disponible sin necesidad de que nadie la solicite, no tiene ningún sentido reclamar un interés legítimo. El resguardo de otras cuestiones que pueden verse afectadas como la intimidad de las personas y demás, siempre en las regulaciones de acceso a la información están debidamente resguardadas. Poner trabas exigiendo un supuesto interés legítimo o celando la información u obstruir mediante un costo alto es lo contrario de hacer vigente ese derecho.
—La protección del derecho a la intimidad es una de las razones por las que la mayoría en el Senado de Santa Fe se niega a difundir las listas de los subsidios que entregan los legisladores.
—Solamente deben excluirse del acceso público aquellos datos que sean sensibles. Aquello que pueda afectar algún interés sensible de las personas. No el nombre o el DNI de los beneficiarios: esa información no creo que revele algún dato sensible. Sí creo que alguna enfermedad de alguna persona o alguna situación que afecte la sensibilidad de una persona deba ser protegida por el derecho a la intimidad. Pero no los nombres ni los DNI. Por lo que usted me comenta, más que un interés del legislador por proteger la intimidad del beneficiario parece revelarse más cierta inclinación a no dar información sobre comportamientos públicos. Convengamos que aquí lo que está en juego es dar transparencia, nada más y nada menos, que a la distribución de recursos públicos. Y verificar la equidad con que se distribuyen, y conocer las condiciones que se requieren para acceder a determinados subsidios. Esa información es importante tanto para reclamar se beneficiario de un subsidio si uno cumple con los recaudos como para poner también ciertos límites y pautas de equidad en la distribución del dinero público.
En este momento en Cipec litigamos un caso a nivel nacional en el que se negó desde el Estado nacional información a Cipec y la Cámara en lo Contencioso Administrativo decidió que los datos de los beneficiarios de subsidios no son información sensible y que existe la obligación de brindarlos.
