Disputa por una herencia millonaria
Sobreseídos por falsedad ideológica y estafa
La Justicia de Instrucción cerró la causa que involucraba al abogado Ricardo Luciano Molinas, los escribanos María Esther Prosello y Juan Alberto Millia y al testigo Alejandro Svetliza.
De la Redacción de El Litoral
El juez de Instrucción Quinta, Darío Sánchez, resolvió “sobreseer a Ricardo Luciano Molinas, Marisa Esther Prosello, Juan Alberto Milia y Alejandro Daniel Svetliza” de la imputación por “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada -para los cuatro- y estafa en concurso ideal” -para Molinas-. El fiscal de Cámara Nº 3, Carlos Raúl Romero, no apeló el dictamen de primera instancia, por lo que el caso quedó cerrado en la Instrucción Penal.
El reconocido abogado y profesor santafesino había sido denunciado por la pareja de un millonario español fallecido en 2008, que lo acusaba, junto a los demás imputados, de haber fraguado una escritura en la que aparecía como albacea y administrador de la herencia.
En los considerandos del sobreseimiento, el juez Sánchez indicó que “de los nuevos elementos aportados en la causa, no se ha logrado modificar la situación probatoria” que motivó la declaración de falta de mérito en favor de los cuatro acusados.
Por otra parte, las ampliaciones testimoniales propuestas por el actor civil, “no han aportado ningún nuevo elemento de convicción -por cuanto en definitiva reiteran sus dichos-, como para sustentar una probabilidad acerca de la existencia delictiva, por el cual los imputados deban responder penalmente, si bien las sospechas que motivaron el llamado a indagatoria no han desaparecido”, expresó el magistrado.
El sobreseimiento fechado el 10 de mayo fue comunicado al fiscal Nº 7, Jorge Andrés, que se notificó al día siguiente. Por su parte, el 13 del mismo mes, el abogado Raúl Berizo presentó un “manifiesto de disconformidad” en su rol de actor civil representando los intereses de Janice Gabi Muller, pero no tuvo eco en la Fiscalía de Cámara, que tampoco apeló el dictamen.
Batalla legal
La batalla legal se desató después de la muerte de José María Chalbaud y Sanginés, ocurrida en una clínica de la ciudad de Santa Fe el 28 de marzo de 2008. El español de 60 años era dueño de una fortuna, distribuida en campos en el norte provincial, y propiedades en Buenos Aires y en el exterior.
En su momento, se llegó a hablar de que la herencia estaba valuada en unos 50 millones de dólares, pero nadie sabe realmente cuál es el valor del patrimonio en juego.
Antes de morir, Chalbaud y Sanginés tuvo una hija con una joven brasileña llamada Janice Gabi Muller, que actualmente vive en la ciudad de San Justo, desde donde administra los campos de la zona.
La disputa por la herencia surgió cuando los intereses de la pareja de Chalbaud se opusieron a los del abogado de la familia, el Dr. Molinas. Mientras que la madre de la única heredera legítima intentaba hacer valer dos testamentos ológrafos -de puño y letra- en los que el difunto dejaba el usufructo de los bienes para Muller y su madre Carmen Sanginés y la herencia para su pequeña hija; Molinas esgrimió un documento público en el que, antes de morir, el propietario le habría cedido la albacea y administración de los bienes hasta tanto se realice el sucesorio.
Causa penal
El 1º de octubre de 2008 Janice Gabi Muller presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Séptima, de Diego de la Torre, en la que hablaba de la falsedad de la mencionada escritura. Dos días después las actuaciones pasaron al Juzgado de Instrucción Cuarta, de Rubén Eduardo Saurín, que indagó a los cuatro imputados en noviembre.
El 29 de diciembre de 2008 Saurín procesó a Molinas, de 65 años, por el delito de “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada y estafa en concurso ideal”. Además fueron procesados por el delito de “falsedad ideológica de documento público reiterado” el escribano mayor del gobierno de la provincia, Juan Alberto Milia, de 64 años; la escribana pública de 47 años, María Esther Prosello, y el testigo Alejandro Daniel Svetliza, abogado de 35 años.
La parte acusada planteó recursos de nulidad y apelación ante la Cámara; y el 20 de mayo de 2009, la Sala II -integrada por Pedro Sobrero, Julio César Rondina y Daniel Rucci- revocó el procesamiento.
El juez Saurín se apartó de la causa el 12 de junio, y una semana después el expediente pasó al Juzgado de Instrucción Quinta. El juez Darío Sánchez se abocó al caso y el 28 de julio del año pasado dictó el “falta de mérito” a favor de los cuatro acusados, medida que se completó el mes pasado con el sobreseimiento definitivo.
