exigen respuestas a los pedidos de informes
Inusual proyecto aprobado en Diputados
La declaración votada solicita al Ejecutivo que cumpla los plazos fijados por la ley 11.312. Cruce epistolar entre Monti y Ejercicio Ciudadano por la falta de información a las Cámaras legislativas.
Mario Cáffaro
Sobre tablas, la Cámara de Diputados votó una minuta solicitándole al Poder Ejecutivo que “tenga a bien otorgar las respuestas pertinentes a los pedidos de informes aprobados por el Poder Legislativo de acuerdo con lo normado por la ley 11.312”. Acota el texto que, “en su caso, informe las causas de la demora en la contestación”.
La ley 11.312 fue dictada en 1995 y fijó al Poder Ejecutivo un plazo de 30 días, prorrogable por otros 30, para responder los pedidos de informes. Fue un intento desde la Legislatura de obtener contestaciones a los planteos formulados por diputados y senadores y que se cumplió parcialmente en los 15 años de vigencia de la norma.
De todos modos, en Diputados, los distintos bloques justicialistas vienen exigiendo primero tratamiento y luego respuesta del Ejecutivo a proyectos que contienen pedidos de informes. El caso más extremo fue el de Alberto Monti, quien recurrió a la fundación Ejercicio Ciudadano y al Cippec para que intercedieran ante el gobernador a fin de obtener respuestas. Fue cuando ambas ONGs estuvieron en Santa Fe apoyando el programa de transparencia del gobierno que encabeza Hermes Binner.
Entretanto, Alejandra Vucasovich presentó un proyecto exigiendo al Ejecutivo que cumpla con la ley y, tras el paso por la comisión de Asuntos Constitucionales, fue aprobado.
El pedido de informes es uno de las elementos fundamentales que tiene el legislador -especialmente la oposición- para ejercer su rol de control con respecto a las tareas del Poder Ejecutivo. Su presentación siempre generó rispideces entre oficialismo y oposición, y la situación se repite en esta etapa de la vida institucional de la provincia. Aquella ley de 1995 intentó llamar la atención de los Ejecutivos.
“Muchos de los pedidos de informes no han sido satisfechos, aun cuando ha vencido largamente el plazo dispuesto por la ley 11.312, entorpeciendo la labor legislativa, sea para proponer nuevos proyectos de ley, sea para controlar el buen funcionamiento del Ejecutivo”, afirmó Vucasovich. “De más está decir que el Estado, en este caso, uno de sus órganos, debe cumplir con la Constitución y la legislación, y el Poder Ejecutivo no lo está haciendo”, acotó.
Cruce de notas
Semanas atrás, el reutemanista Monti envió sendas notas al ex fiscal y director del Programa de Transparencia del Cippec, Manuel Garrido, y a la presidenta de la Fundación Ejercicio Ciudadano, Estela Pérez Moncunill, donde los ponía al tanto de la demora por parte del Ejecutivo santafesino en responder a los pedidos de informes.
“Según nuestras estadísticas, el 78 % de los proyectos de comunicación aprobados por las Cámaras de Senadores y Diputados no obtuvo respuesta alguna por parte del Poder Ejecutivo y numerosas iniciativas de legisladores de la oposición se encuentran desde hace meses en comisiones en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría propia, impidiendo su tratamiento”, decía la carta, que luego detallaba algunos de los temas no respondidos.
Monti justificó las notas en la participación de ambos en una conferencia de prensa junto a Binner para mostrar programas de transparencia en el Estado. “Apelamos a su buena voluntad para que haga el esfuerzo de tratar de convencer al primer mandatario y su gabinete a los efectos de la obligación que la ley le indica para contestar las comunicaciones aprobadas por la Legislatura en el término de 30 días y apele ante las autoridades de la Cámara de Diputados para que los legisladores oficialistas den tratamiento a los distintos pedidos de informes de la oposición, sin tergiversar, como ya ha acontecido, el cuestionario realizado en cada uno de ellos”.
Pérez Moncunill le respondió a Monti lo que viene actuando Ejercicio Ciudadano en la provincia a partir del decreto 629/09, donde se estableció en la provincia el libre acceso a la información. “Desde la Fundación Ejercicio Ciudadano elaboramos un programa de difusión y capacitación orientada a líderes de organizaciones sociales de la provincia, como también al personal de Mesa de Entrada, jefe de Despacho y agentes de Enlace”. Explicó que “el programa consiste, por una parte, en dar a conocer a la ciudadanía los alcances de este decreto, difundiendo y capacitando sobre cómo se debe proceder para realizar un pedido de información pública y, por otra, se realiza un monitoreo de los pedidos presentados y las respuestas obtenidas”.
Pérez Moncunill se puso a disposición del diputado Monti, a fin de colaborar con él en el marco del decreto 0692/09 y le solicitó le enviase un detalle de los números de expediente y copia a fin de analizarlos y, de corresponder, tomar acciones pertinentes desde el lugar que le compete a la Fundación.
