Descuentos de coparticipación

La Corte puso plazo a la Nación

por el reclamo de Santa Fe

Los funcionarios que envió Boudou a la audiencia con Binner no tenían instrucciones para buscar un acuerdo. El Máximo Tribunal les dio 15 días para expedirse al respecto. De lo contrario, la causa pasa a fallo.

Emerio Agretti

[email protected]

El gobernador Hermes Binner reiteró esta mañana ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los reclamos de la provincia por el descuentos que realiza la Nación en los fondos coparticipables, y dejó de manifiesto la vocación por desarrollar una instancia de diálogo, que permita a las partes acordar una solución.

“No nos interesa desfinanciar a la Anses; creemos que las necesidades de la provincia ameritan que se cumpla con las deudas de la Nación con la provincia”, reiteró el mandatario.

Sin embargo, el santafesino tampoco esta vez tuvo como interlocutor al ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, y no recibió otra contrapartida de la repetición de argumentos por parte de funcionarios de menor rango de esa cartera, que ni siquiera tenían instrucciones acerca de la factibilidad de buscar un arreglo.

“El gobernador expuso la posición de la provincia, muy ajustado, muy sobrio, probando la jerarquía y la entidad que la provincia le da al tema”, consignó a El Litoral el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre. En el mismo sentido, el ministro de Justicia, Héctor Superti, consideró a la instancia “un paso más para llegar a una solución, ya sea por vía de un acuerdo o por medios judiciales. La presencia del gobernador Binner pone de manifiesto la importancia que el gobierno santafesino le dio a esta convocatoria. La Nación no estuvo representada por el ministro de Economía, quien justificó su inasistencia” .

Marcando diferencias

Barraguirre, a su turno, también volvió a sintetizar los fundamentos jurídicos del planteo. A la vez que invoca la inconstitucionalidad del descuento de un 15 % de fondos coparticipables para financiar a la Anses, siendo que el organismo previsional ya no es deficitario y que a partir de 2006 la provincia no avaló la detracción, el gobierno provincial pide, como medida cautelar -hasta que se resuelva la cuestión central-, que se deje de descontar la mitad de ese dinero.

La Corte, que ya había escuchado a las partes en la audiencia informativa pública del 17 de marzo, había convocado para hoy a una “audiencia de conciliación”, de carácter privado. Pero, al igual que en aquella oportunidad, Boudou prefirió declinar el convite.

A puertas cerradas

La reunión se realizó en las oficinas del cuarto piso del Palacio de Tribunales, con la presencia del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los jueces Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. Por Santa Fe intervinieron, además de los nombrados, el ministro de Economía, Ángel Sciara.

Por el Estado Nacional, en tanto y ante la reiterada ausencia de Boudou -en este caso, ocupado con el anuncio del resultado del canje de deuda-, estuvieron el director de Gestión y Control judicial del Palacio de Hacienda, Gustavo Pistarini; el subsecretario legal, Horacio Diez, y la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fraccaroli.

Como la falta de instrucciones o mandato específico para los representantes nacionales impidió avanzar sobre la posibilidad de buscar una solución acordada, la Corte les otorgó un plazo máximo de 15 días para que haya un pronunciamiento al respecto que permita considerar habilitada esa vía. De lo contrario, la definición del caso quedará en manos del Tribunal.

“En esta idea de buscar caminos alternativos, el gobernador ratificó su apertura a todo tipo de diálogo, mientras que los representantes de la Nación dijeron que sus instrucciones se acotaban a los objetivos de la audiencia”, resumió Superti.

En la audiencia del 17 de marzo pasado, el gobernador Binner presentó ante la Corte los argumentos acerca de la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, señalando que “el compromiso de Santa Fe pactado en 1992 fue para afrontar el déficit del sistema previsional, no para el sostenimiento de la Anses, con lo cual las causas de aquel acuerdo cesaron”. Sobre esa base, justificó esta mañana haber acudido “al único espacio que tiene un Estado subnacional para reclamar ante el gobierno central, que es la Corte Suprema de Justicia”.

Agenda judicial

El ministro de Justicia, Héctor Superti, fue recibido ayer por el presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez. El encuentro -el primero que se realiza desde la reunión de los ministros del Tribunal con el gobernador Hermes Binner, y el propio Superti, en Rosario, para limar asperezas- sirvió para establecer una agenda de temas específicos a trabajar, con eje especialmente en la reforma procesal penal.

Aún en medio de la tensión generada por algunos cruces de ríspidas declaraciones y por el planteo de inconstitucionalidad de la ley de Ministerio Público que el procurador Agustín Bassó presentó en la Corte -sobre el que difícilmente haya algún pronunciamiento antes de la feria de julio-, ambas partes sostuvieron la voluntad de trabajar en conjunto, aunque le achacaban lo contrario a la otra.

Después del encuentro con Binner, la reunión de ayer parece apuntar en la dirección de ponerse por encima de diferencias o antipatías, y avanzar sobre los consensos y las acciones necesarias. Esto incluye la cuestión edilicia en toda la provincia -pero especialmente en el Palacio de Tribunales de Santa Fe, y el proyecto de la Corte para ampliarlo sobre la misma manzana-, la informatización y, sobre todo, los términos de la transición penal hacia la oralidad y las causas remanentes para cuando el nuevo sistema entre en vigencia en plenitud (teóricamente, el 1º de febrero de 2011).

Precisamente, hoy se iba a realizar en el ámbito de la Corte la primera reunión de la comisión especialmente conformada para establecer, desde el Poder Judicial, el diagnóstico de las necesidades de recursos para administrar todos los trámites pendientes, que deberán resolverse con el esquema escrito. Esta comisión está conformada por los presidentes de las cámaras penales, el procurador Agustín Bassó y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

Los cinco colegios de Abogados de la Provincia (Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista), los colegios de Procuradores de Rosario y de Santa Fe, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca) y la Federación Argentina de Colegios de Procuradores, rechazaron por “falaces y maliciosas” las declaraciones vertidas por el ministro de Justicia en ocasión de su reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado santafesino. Consignaron que, de ellas, “se desprende su intención de llevar los cuestionamientos esgrimidos a un campo erróneo nunca planteado, pretendiendo que exista un conflicto entre la comunidad santafesina y los colegios profesionales”.

Los abogados y procuradores subrayaron su apoyo a las iniciativas de mediación y juzgados de pequeñas causas, pero objetaron la posibilidad de que los ciudadanos concurran al proceso sin la asistencia de un profesional.

“Este concepto es preocupante en tanto transmite la idea de que los derechos se pueden defender sin abogados o procuradores. Precisamente, si de lo que se trata es de privilegiar el valor del buen funcionamiento de la Justicia, resulta indiscutible que en este objetivo mucho tienen que ver los abogados y procuradores”, argumentaron.

Por eso, atacaron las declaraciones de Superti en el sentido de que “al gobierno le interesa llevar la Justicia al pueblo y a los abogados y procuradores conseguir trabajo para ellos, toda vez que desde un primer momento apoyamos la iniciativa, con las objeciones explicitadas”.

“Llama la atención que el ministro, siendo abogado, sostenga que muchas veces se paga más de honorarios que el monto del pleito, pues no ignora que los mismos deben guardar necesaria proporcionalidad con el monto del juicio y que forman parte de una ley promulgada por el Poder Ejecutivo”, agregaron. Y advirtieron que “de prosperar el proyecto en cuestión, serán precisamente los ciudadanos santafesinos los únicos perjudicados, por cuanto verán afectada la plena vigencia de sus garantías constitucionales, del derecho de defensa en juicio y del debido proceso legal”.

Abogados cuestionan