Prolongada duración de carreras en las universidades públicas

Alberto E. Cassano

“La culpa no es del estudiante crónico sino de aquél que le permite serlo” (Adaptación personal de un conocido refrán popular).

Hace poco tiempo (El Litoral 02/06), en oportunidad de su regreso de una muy importante reunión internacional, el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) se refirió entre otras cuestiones a su justificada preocupación por la prolongación de las carreras universitarias en las universidades del Estado (intencionalmente mal denominadas de “gestión pública”). Y eso que esta Universidad, con su sistema de “promoción”, atenúa bastante el problema, aunque lamentablemente sólo en parte y en algunas carreras.

En primer lugar, debe quedar claro que pienso que la Argentina, como todos los países ahora denominados “emergentes” (nuevo eufemismo para reemplazar a “país poco desarrollado”), tiene que apuntar a lograr, sin abandonar la excelencia, el máximo incremento en la formación de personas con educación universitaria. En estos años, es una de las maneras de reducir la desocupación. En una sociedad donde la tecnología es irremisiblemente expulsora de mano de obra no calificada, esto es fundamental. Hecho que no ocurre en igual medida en aquellos países que intentaron convencernos de que la automatización no iba a producir desocupación (porque su población estaba, en mucha mayor proporción, mejor preparada para el cambio).

Hay varias excepciones que deben ser consideradas, a saber: (1) los estudiantes cuyas carreras les permiten trabajar (y pueden documentar que lo están haciendo, sin las falsedades propias de nuestra idiosincrasia transgresora e infractora); (2) los que, durante un tiempo prudencial, colaboran con sus compañeros trabajando en tareas cooperativas en los Centros de Estudiantes; (3) los que tienen tiempos prolongados de movilización por residir en lugares alejados de la universidad; (4) los que tienen alguna discapacidad o más dificultades para el estudio (la universidad no es sólo para los inteligentes) o alguna enfermedad prolongada; (5) los que desarrollan, en tiempos prudenciales, actividades provechosas para la comunidad; (6) las compensaciones (al menos en los dos primeros años) para los que necesitan suplir deficiencias porque no pudieron acceder a buenos colegios secundarios (por la falta de igualdad de oportunidades); (7) una tolerancia razonable por encima del tiempo nominal de duración de una carrera; y (8) aquellos que con su denominada “cronicidad” terminaron por hacer un aporte muy valioso a la sociedad (cuyo típico ejemplo santafesino fue Guillermo Estévez Boero, cinco años mayor que yo, a quien tuve el placer de conocer y de quien aprendí cuando éramos estudiantes, a pesar de militar en veredas opuestas).

El hecho concreto es que menos del veinte por ciento de los estudiantes que ingresan a las universidades del Estado se gradúan. Del conjunto de ingresantes, casi el cincuenta por ciento deserta en los dos primeros años (la gran mayoría en el primero). Este dato, salvo en el primer año (con valores de distinta magnitud) no se verifica después con el mismo dramatismo en las buenas universidades privadas, que no son gratuitas; porque lo que cuesta duele.

Debe pensarse con seriedad en el dinero empleado para sostener en las universidades del Estado a aquellos estudiantes que no están incluidos en las excepciones antes mencionadas -y alguna otra que se me pueda haber pasado por alto-, y que demoran ocho, nueve o más años en recibirse, porque los recursos aplicados a su exagerada permanencia, podrían ser destinados a becar estudiantes capaces que carecen de las condiciones económicas para concretar su vocación.

Hay varios factores que promueven lo anterior: (A) tiempos muertos entre clases y trabajos prácticos, cuya causa es no perturbar las conveniencias horarias de los profesores, que luego son nada o malamente aprovechados por los alumnos; (B) el sistema de cursado de materias con reducidos requisitos de correlatividad, que permite acumular un gran número de asignaturas sin rendir y que, luego, al hacerlo en turnos especiales, no les permite llevar al día aquellas que “en teoría” están cursando; (C) la gratuidad mal entendida (una proporción importante de estudiantes que están en la universidad del Estado, proviene de colegios privados, donde debían pagar, a veces, matrículas altas, mientras que ahora no lo hacen); (D) la falta de un límite para la cantidad de reprobados a partir de un cierto tiempo a definir (¿dos años?) por lo que el alumno puede acumular tantos como desee; y (D) la falta de obligación del estudiante de cursar y aprobar un mínimo de asignaturas por año.

Comparto plenamente el concepto de la universidad pública y gratuita con ingresos sin cupos (siempre que exista infraestructura y sólo limitado por la falta de preparación en un serio examen de ingreso, con igualdad de oportunidades) porque es lo que el país necesita: una generalización de la capacitación de nivel superior. (Sobre el tema de reorientación de la matrícula, me ocuparé en otra ocasión). Pero no puede ser confundido con desaprovechar el lugar que podría estar beneficiando a otros estudiantes mejores, que no pueden acceder a ella por razones económicas.

En resumen, salvando las excepciones antes mencionadas, las carreras deberían tener una duración máxima prefijada e inflexible. La universidad Estatal no puede ser la playa de estacionamiento plurianual y gratuita de los hijos e hijas de familias sin grandes restricciones económicas, que no tienen deseos de estudiar ni de trabajar. Sin duda sus impuestos podrían tener un destino mucho más útil.