Edición del Viernes 23 de julio de 2010

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El affaire Macri - Edición Impresa - Opinión Opinión

EDITORIAL

El affaire Macri

De seguro Mauricio Macri cometió un error político al designar al comisario Fino Palacios en el cargo de titular de la Policía metropolitana. Estaba informado de los antecedentes de Palacios, sus principales asesores le habían advertido de los riesgos, pero ninguna de esas objeciones fueron tenidas en cuenta. El error es cada día más evidente, pero lo que no está tan claro es que ese error político signifique un delito. Tema aparte es la comisión investigadora en la Legislatura.

Por lo pronto, Macri ha reclamado ir a juicio oral, una estrategia definida con sus colaboradores y que tiene como objeto resolver este tema en el transcurso del año, evitando quedar prisionero de una trampa que, además de jurídica, es política. Macri confía que los fundamentos de la causa son débiles y que todas las conclusiones se han construido sobre la base de inferencias, pero que no hay pruebas que lo condenen. Asimismo no se descarta una maniobra urdida por los servicios de inteligencia en un país donde los escuchas ilegales están a la orden del día.

Por otro lado, hay un amplio consenso en admitir que detrás de estos procesos está la mano de Kirchner. Se sabe que a la hora de desprestigiar o descalificar oponentes políticos, el oficialismo no repara en medios. Lo sucedido con Olivera, De Narváez y Juez dan cuenta de los métodos que se suelen utilizar para desprestigiar a políticos rivales.

Macri considera que él también es víctima de maquinaciones originadas en el estrecho círculo de los Kirchner. Pero más allá de las satisfacciones que al oficialismo le puedan producir el aprieto por el que atraviesa uno de los presidenciables para 2011, a Macri le cabe demostrar ante la Justicia la inocencia que proclama o, en su caso, la comisión de un error que no constituye delito.

En política, las intrigas y las maniobras existen. Difamaciones o no, corresponde a la Justicia probar la veracidad de las imputaciones; y al acusado, demostrar la falsedad o insustancialidad de las acusaciones. A ningún observador escapa que el juez Norberto Oyarbide es funcional a la estrategia de los Kirchner, pero es difícil extender esa calificación a la totalidad de los integrantes de la Cámara Federal. El poder político puede presionar a un juez débil o prisionero de sus errores; pero no es sencillo sostener que los tres miembros del tribunal de alzada están confabulados contra Macri. Llama la atención la unanimidad del fallo y el hecho de que dirigentes políticos enfrentados con el oficialismo convaliden la actuación de los camaristas.

De todos modos es una mala señal que en la sociedad existan sospechas tan marcadas sobre la probidad de algunos jueces y que se empiece a considerar como algo normal que el oficialismo opere a través de jueces dóciles contra dirigentes opositores. También lo es que el mismo juez que con inusitada velocidad liberó a la pareja matrimonial de responsabilidad por presunto enriquecimiento ilícito en el ejercicio del poder, procese ahora con similar rapidez a un dirigente opositor con aspiraciones presidenciales.



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Viernes 23 de julio de 2010
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