editorial
Facultades delegadas, un debate que está cada vez más cerca
La cuenta regresiva está en marcha. En menos de dos semanas, la oposición dejará caer en el Congreso miles de leyes vinculadas con facultades que, si bien son propias del Poder Legislativo, fueron delegadas en el Ejecutivo a lo largo de los últimos 157 años. El día clave será el 24 de este mes, cuando caduque la última prórroga concedida por el Parlamento.
Entre tantas leyes, son pocas las que realmente tienen incidencia directa sobre la marcha de la Argentina actual. Sin embargo, aparece un tema particularmente conflictivo, como la posibilidad de establecer retenciones a las exportaciones.
Aunque el gobierno nacional prefiera no reconocerlo de manera explícita, las retenciones a la exportación de soja -y en menor medida a otros productos vinculados con la producción rural- es uno de los pilares centrales del ingreso estatal y factor clave del actual momento de la economía argentina.
El modelo económico kirchnerista nunca se caracterizó por seguir un plan predeterminado, sino que se sustentó sobre el manejo centralizado de recursos que son fundamentales a la hora de tomar de tomar decisiones de política económica y, también, al mover las piezas sobre el tablero en el que se disputa el poder. La oposición sabe que, si realmente aspira a conducir el país a partir de las elecciones del año próximo, no puede actuar de manera irresponsable porque los principales ingresos de la economía nacional seguirán pivoteando sobre las actividades del campo.
En este contexto, desde el gobierno se vienen escuchando algunas voces que hacen presagiar una discusión que será, por lo menos, tensa.
El ministro de Interior, Florencio Randazzo, dijo que lo que vencerá el 24 de agosto próximo “es la facultad del Poder Ejecutivo de fijar retenciones agropecuarias”, pero aseguró que “eso no implica que ese día caen las retenciones”. Lo mismo señaló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a través de Twitter y en su blog personal: “El vencimiento del plazo de la ley no afecta las relaciones jurídicas nacidas en consecuencia”.
Lo que ocurra a partir del 24 de agosto con este tema será clave para el presente y el futuro cercano del país. De allí la necesidad imperiosa de que oficialistas y opositores actúen con prudencia y responsabilidad, pues una decisión insensata puede acarrear graves consecuencias.
Pero más allá de los números y de las contingencias políticas y económicas, la discusión puso en el tapete el fondo de la cuestión, que radica en el hecho de que facultades que debieran ser exclusivas del Congreso hayan sido delegadas -hace ya mucho tiempo- en el Poder Ejecutivo.
Este tipo de situación puede aceptarse ante circunstancias críticas en las que la toma de decisiones requiere de una velocidad que choca contra la lógica de funcionamiento del Poder Legislativo. Sin embargo, por definición, lo excepcional es temporario. De modo que, si se convierte en un sistema fáctico, subvierte el orden constitucional, vulnera los controles republicanos y concentra el poder estatal.
