Por posibles delitos en contra de la administración pública
El PJ llevó a la Justicia la concesión de la autopista
Luis Rubeo, uno de los firmantes, marcó desde el principio diferencias con la posición del gobierno y se lo hizo saber al ministro Ciancio. Foto: El Litoral
El escrito firmado por diez diputados fue presentado ante la fiscalía penal. Acompañan la presentación con la observación del Tribunal de Cuentas al contrato y la versión taquigráfica del paso del ministro Antonio Ciancio por la Cámara Baja.
Mario Cáffaro
La decisión se adoptó en la tarde del miércoles último y se concretó en el mediodía del viernes. Con la firma de diez diputados provinciales, el justicialismo presentó una denuncia penal ante el fiscal en turno “por la posible comisión de delitos en contra de la administración pública provincial” por el contrato entre el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y la firma Consorcio Vial SA (en formación) para la concesión durante seis meses de la autopista Santa Fe-Rosario.
El escrito lleva las firmas de Luis Rubeo, Alberto Monti, Jorge Lagna, Mario Lacava, Adrián Simil, Alberto Cejas, Rosario Cristiani, Norberto Nicotra, María Alejandra Vucasovich y Oscar Urruty, los que se presentarían personalmente ante el fiscal el miércoles para aportar mayores detalles del requerimiento, según se dijo este mediodía.
La presentación lleva adosadas la observación legal realizada por el Tribunal de Cuentas y la versión taquigráfica de la reunión realizada en la Presidencia de la Cámara de Diputados con el ministro Antonio Ciancio y el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, así como copia del expediente administrativo tramitado en esa cartera por el contrato.
Los jefes de los distintos bloques que tiene el justicialismo en Diputados acordaron el miércoles la estrategia a seguir en éste y en otros temas de la política que están en la Cámara. Al día siguiente, en la sesión, Rubeo insistió en tratar sobre tablas un proyecto pidiendo se deje de lado la concesión provisoria y que sea el Estado el que reasuma el servicio, lo que no fue aceptado por el Frente Progresista. Allí el oficialismo mostró argumentos diferentes para el rechazo, ya que el radicalismo no aceptó las críticas del socialista Raúl Lamberto al dictamen del Tribunal de Cuentas.
Ayer fue el turno de la presentación judicial y entre martes y miércoles habrá una fuerte embestida tendiente a lograr un primer pronunciamiento de la Justicia. El miércoles es el día en el que se debe abrir el primer sobre de los interesados en participar de la licitación del corredor para los próximos diez años.
Algunos argumentos
La presentación, siguiendo los pasos tradicionales de un escrito penal, tiene cinco apartados: la denuncia, los hechos, las consideraciones jurídicas, la documental añadida y el petitorio.
“Venimos a interponer formal denuncia penal por la posible comisión de delitos en contra de la administración pública provincial” y el hecho “que podría configurar la comisión de alguno de los delitos contra la administración pública regulados por el Código Penal se refiere al contrato celebrado de manera directa entre el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente y la firma Consorcio Vial SA (en formación) el pasado 25 de junio de 2010, por el que se otorga a esta empresa la concesión por término de seis meses con opción a prórroga de la explotación de la autopista Santa Fe-Rosario Brigadier Estanislao López”.
En el racconto de los hechos, señalan que, cuando Ciancio concurrió a la Cámara, “no sólo omitió acompañar el expediente administrativo en el que se dispuso la mentada contratación directa de la firma Consorcio Vial SA, sino que tampoco dio explicaciones satisfactorias a las preguntas y los requerimientos formulados por el cuerpo legislativo”.
Los diputados justicialistas detallan las objeciones del Tribunal de Cuentas, a las que definen como “diversas y contundentes”, entre ellas, no estar configurada la urgencia, falta de fundamentos para la elección de la empresa designada, deficiencias en la confección del contrato, el canon trimestral a pagar por la concesionaria es superior a su capital social, incumplimiento en el régimen de contrataciones, la total falta de intervención en la gestión del personal de planta permanente del Ministerio y “la severa anomalía en la citación a Supercemento Saic, por cuanto en el domicilio al cual se le notificó no es la que tiene en forma documentada por corresponder a otra empresa Supercemento SRL, y que ninguna relación tienen entre ambas”.
Tras una serie de consideraciones jurídicas, los diputados entienden que “los actos denunciados no se han ajustado a Derecho por lo que, sin perjuicio del elevado criterio del fiscal y del juez a la hora de apreciar, evaluar y calificar las conductas de las personas responsables de la emisión de los mismos, podríamos estar ante la comisión de los delitos regulados por la norma del Art. 248 del Código Penal Argentino, cuando dispone la pena de “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere’; y o los delitos que tanto el fiscal como el juez competente entiendan se hubieran configurado, así como la identificación de sus posibles autores, coautores y/ o cómplices”.
El informe sobre el Banco
La pelea no llegó al recinto pero fue motivo de discusiones parlamentarias y tiene final abierto. El tema es el informe del Ministerio de Economía que concluyó que el costo de la privatización del Banco de Santa Fe fue de mil millones de dólares.
Los jefes de bloque del Frente Progresista firmaron un proyecto invitando al ministro de Economía, Ángel Sciara, a exponerlo en la Presidencia de la Cámara. El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto y el miércoles último no fue dictaminado. No obstante, la semana pasada, oficialismo y oposición habían acordado en Labor Parlamentaria una reunión para el miércoles 18, a las 10, para escuchar el informe. Del asunto no se habló ni se votó en el recinto, y hay versiones cruzadas sobre los alcances acordados durante esa reunión privada.
Lo cierto es que el justicialismo entiende que la reunión debe ser a agenda abierta sobre todos los temas del área económica, y el oficialismo ha dicho que el informe es sobre el Banco y asistirá un equipo técnico encabezado por el secretario de Hacienda, Carlos Fernández.
Los jefes de bloque del PJ discutieron distintas posiciones sobre el tema y las definirán este martes.
Eduardo Di Pollina, presidente de la Cámara, confirmó que la reunión está citada para el miércoles, a las 10, con Fernández. “Le dijimos al justicialismo que si tiene interés en hablar de otros temas con el equipo económico que nos haga llegar un escrito y armaremos otra reunión. Este es el gobierno que más funcionarios trajo a la Legislatura a explicar los temas”, acotó.
Una foto y una palabra
Los presidentes de los bloques del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados firmaron un pedido de informes para que se aclaren los alcances de la palabra “mentir” en una foto publicada en el sitio oficial del gobierno de la provincia, en ocasión de desarrollarse la conferencia de prensa sobre los avances en el proceso de traslado del puerto. La palabra mentir tiene una flecha dirigida a una parte de una ecuación, también escrita en la pizarra.
En los tres puntos del informe se requiere saber si esas fotos fueron tomadas en el despacho del ministro de Economía de la provincia y, por lo tanto, esa pizarra es la que utiliza el ministro de Economía; si la fórmula a la que se refiere, mediante una flecha, la palabra “mentir”, refleja datos de la ecuación económica de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario, y si esa expresión “mentir” “refleja un criterio utilizado en la formulación de los pliegos licitatorios, valoración del presupuesto oficial, comunicación pública y/o, en particular, a la Cámara de Diputados. De no ser así, explique las razones de su utilización, en un tema que necesita la mayor transparencia posible en el marco de las dudas que se han planteado en dicho proceso”.
En los fundamentos de la presentación, los legisladores del PJ lo fundan “en la profunda preocupación existente a raíz de que ha tomado estado público una serie de fotos, captadas en ocasión de realizarse una conferencia de prensa en el despacho del ministro de Economía de la provincia, en las cuales se puede apreciar claramente la palabra “mentir’ asociada con una flecha a una formula que presumiblemente se refiere a ecuaciones financieras correspondientes a la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario”.
Por último, recuerdan que “atendiendo a las dudas y sospechas que ha generado el proceso de adjudicación directa de la mencionada concesión y el proceso licitatorio que ha encarado el gobierno provincial, resulta necesario que el Poder Ejecutivo explique los alcances con los que ha sido utilizada dicha expresión, evitando profundizar las referidas dudas y sospechas”.
