El acuerdo debe ir al Congreso
Gobierno colombiano acata fallo contra bases de EE.UU.
Télam-DPA
El gobierno colombiano “acata la decisión” de la Corte Constitucional que dejó sin piso jurídico el acuerdo militar pactado por Bogotá y Washington para el uso de siete bases militares locales, firmado en octubre del año anterior, confirmó un comunicado oficial.
“El gobierno nacional estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables”, agregó el texto dado a conocer anoche por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al leer un comunicado, reseñó Ansa.
Rivera habló también sobre “la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos, que se ha desarrollado durante décadas, en asuntos de seguridad y defensa, y particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
El Tribunal Constitucional decidió, mediante sentencia, que el convenio militar deberá ser remitido por el presidente al Congreso para que allí sea tramitado como un “tratado internacional” y, de ser aprobado, pase a control constitucional.
El ministro Rivera resaltó que la decisión de la Corte Constitucional “no afecta los acuerdos previamente suscriptos y vigentes” entre Colombia y Estados Unidos, los cuales -dijo- “se han venido cumpliendo de buena fe”.
Al dar a conocer su fallo, ayer, la Corte afirmó que el acuerdo no es complementario a pasados convenios, “sino que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad”.
“El acuerdo debió ser tratado como un acuerdo internacional, esto es: sometido a la aprobación del Congreso y revisado posteriormente por la Corte Constitucional”, añadió el tribunal en un comunicado recogido por DPA.
Demanda ciudadana
El alto tribunal se pronunció en contra al responder una demanda ciudadana que pedía declarar inexequible el acuerdo, que permitirá a militares estadounidenses tener acceso a al menos siete bases militares colombianas.
La Corte colombiana hizo el pronunciamiento al analizar una demanda interpuesta por la organización no gubernamental Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que alegó que el acuerdo debió ser estudiado por el Congreso dado que tiene características de un tratado internacional.
El polémico convenio fue firmado por el gobierno del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que desconoció una recomendación del Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia contenciosa administrativa, para que el mismo pasara por el Congreso, con el argumento de que el acuerdo se trataba de una extensión de convenios pasados suscritos con Estados Unidos.
El convenio fue descalificado en su momento por varios gobiernos latinoamericanos y fue objeto de discusiones en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Dicho convenio también desató la más reciente crisis entre Colombia y Venezuela, que fue apaciguada la semana anterior tras una reunión entre el recién posesionado presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en la ciudad de Santa Marta.
El gobierno de Venezuela considera una amenaza para su soberanía la presencia de militares estadounidenses en bases militares colombianas, pero el gobierno colombiano y Estados Unidos han argumentado que la nueva alianza no afectará a terceros Estados.
