EDITORIAL

Habrá que modificar los sistemas de control de la EPE

Todo indica que por estas horas la denominada “Causa Saurín” -que investiga si el juez de Instrucción, Rubén Saurín, hurtó energía eléctrica en su domicilio particular- volverá a ponerse en movimiento, luego de algunos días en los que no se produjeron mayores novedades.

Es que la EPE recusó al juez del caso, el Dr. Darío Sánchez, por supuesto prejuzgamiento y amistad con el magistrado investigado. Pero Sánchez rechazó esta recusación, negó haber adelantado opinión y descartó que entre él y Saurín exista algo más que un simple vínculo laboral por tantos años de trabajo de ambos en los Tribunales de Santa Fe.

Una vez resuelto este incidente, los investigadores continuarán concretando los peritajes solicitados por cada una de las partes y acumulando pruebas en este caso que, por sus características, tiene fuertes repercusiones públicas e, incluso, políticas.

La importancia de la causa se sostiene sobre fundamentos de peso. En primer lugar, porque el investigado es nada menos que un juez de la provincia, de quien se espera que respete las leyes y lleve adelante una vida pública ejemplar.

Pero esto no es todo. El caso inevitablemente quedó envuelto en la fuerte disputa que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial vienen sosteniendo desde la asunción de Hermes Binner al frente de la Casa Gris. Todos los esfuerzos por disimular estos problemas resultaron estériles y los encontronazos se transformaron en una situación casi cotidiana.

Sin embargo, existe un elemento más que transforma al “Caso Saurín” en una causa trascendental. Y es que, si realmente hubiera existido delito, ¿qué ocurriría si éste no puede ser probado?, ¿qué mensaje se estaría dando a la comunidad?, ¿es que acaso cualquiera puede conectarse clandestinamente a la red eléctrica sin recibir castigo?

La verdad es que existen fuertes argumentos como para sospechar que algún tipo de irregularidad existió en la conexión que llevaba energía eléctrica al domicilio del Dr. Saurín. Pero las sospechas no alcanzan. Si hubo delito, éste deberá ser probado como corresponde.

Así como la EPE denuncia que Saurín está recibiendo un supuesto trato especial por tratarse de un juez; habrá que decir que, como ocurre con cualquier ciudadano, para él también rige el principio de que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario.

Tarde o temprano este caso derivará en una condena, en una absolución o, simplemente, quedará archivado por falta de pruebas contundentes.

Pero más allá de esta causa, resulta imprescindible que desde el gobierno se comience a pensar en transformaciones profundas en el sistema de controles antifraude de la EPE, de manera tal que se reduzcan los márgenes de error, que los inspectores tengan mayor respaldo jurídico y que, los que violen la ley, realmente paguen por su delito.