Expropiación de inmuebles en la ciudad
A pedido de Los Sin Techo
El proyecto votado en Diputados apunta a resolver la situación dominial de 4.200 familias de 13 barrios de la ciudad. Marcan nuevas demoras en la aplicación de la ley de niñez.
Mario Cáffaro
El primer paso para que 4.200 familias santafesinas puedan regularizar la situación dominial de sus viviendas se dio en la Cámara de Diputados, cuerpo que votó un proyecto de José María Tessa (MAP) por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles de 13 barrios de esta capital.
“Es un acto de reparación y es un homenaje a dos sacerdotes: Atilio Rosso y a Lucho Quiroga”, dijo el autor en referencia con la tarea que cumplieron los religiosos con sectores sociales desposeídos.
Tessa tomó el reclamo del Movimiento Los Sin Techo y cuando presentó en el recinto el proyecto de ley, varios de sus pares solicitaron estampar la firma, después hubo que esperar el paso por tres comisiones hasta que llegara al recinto. El propio autor fue al Servicio de Catastro e Información Territorial y al Registro General de la provincia para apurar la entrega de documentación exigida para el dictado del texto que en su primer artículo describe las fracciones a expropiar.
Los inmuebles corresponden a asentamientos distribuidos en los barrios de Pompeya, Villa Elsa, Belgrano, Chaqueños, Centenario, San José, Los Hornos, Hipódromo, Alto Verde, Transporte, Los Naranjos, Las Lomas y La Ranita. Los restantes artículos habilitan la transferencia del dominio de los inmuebles de la provincia a los ocupantes actuales. “La adjudicación se realizará a favor del grupo familiar, a título oneroso, pagándose el precio de la venta respectiva en cuotas mensuales y consecutivas cuyo monto no podrá exceder del 10 % de los ingresos del grupo referido” señala el artículo 4. El Ejecutivo se hará cargo de los costos de tasas, sellados, planos y mensuras. Se establece que los lotes serán intransferibles por un plazo máximo de 10 años, no pudiendo ser adjudicatario quien sea titular de otra propiedad. También se prevé la cesión a alguna organización no gubernamental o comunitaria con personería jurídica si está asentada en dichos terrenos.
El proyecto votado obliga al Ejecutivo a efectuar, previo a la transferencia dominial, un ordenamiento para destinar las áreas necesarias para las construcciones de dominio público de circulación, recreación y esparcimiento, desarrollo comunitario e infraestructura para servicios públicos.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo será la encargada de ejecutar el programa y en el último artículo se condona toda acreencia que el Estado tenga sobre los inmuebles a transferir.
“Esta Cámara viene hoy a reparar la deuda con muchas familias santafesinas y a hacer un acto de justicia”, expresó Tessa quien no dudó en señalar que el Senado apoyará en poco tiempo.
Seguridad y niñez
Por otra parte, Diputados insistió con el texto votado oportunamente para la ley de creación del Consejo provincial por la Seguridad y lo giró en segunda revisión al Senado. Es una iniciativa del justicialista Alberto Cejas prevista como instancia de consulta y propuesta de carácter permanente constituido por personas físicas y por representantes de ONGs, organizaciones sindicales, educativas, fuerzas de seguridad, agendas privadas de seguridad, los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social, Educación y Salud con la finalidad de profundizar el estudio de la situación de inseguridad entendida en forma interdisciplinaria y proponer acciones tendientes a disminuirla.
En tanto, a instancias del justicialista Marcelo Gastaldi se votó un pedido para que el Poder Ejecutivo conforme el Consejo Consultivo previsto en la Ley 26.061 de promoción y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La minuta votada solicita además la designación del defensor previsto en la ley santafesina.
Gastaldi recordó que la ley dispone crear el Consejo otorgándole un carácter consultivo y de asesoramiento en materia de promoción y protección de sus derechos; e indica que la presidencia de ese Consejo sea adjudicada al subsecretario de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en tanto su conformación está prevista con representantes de los ministerios y reparticiones del Ejecutivo provincial vinculados con la temática, así como también representantes de ambas Cámaras legislativas, y otros integrantes que representarán al Poder Judicial, municipios y comunas, organizaciones de la sociedad civil en especial los de organizaciones infantiles y juveniles universidades, colegios profesionales, otros ámbitos académicos y comunicadores sociales.
“A este incumplimiento, se le suma otro que tiene todavía mayor impacto y trascendencia en los bienes jurídicos cuya tutela prioritaria procura la norma: la falta de designación del defensor provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, quien debe velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, las leyes nacionales y provinciales y el resto del ordenamiento jurídico. El defensor tiene que asumir la defensa de tales derechos ante las instituciones públicas y privadas, y supervisar y auditar la aplicación del sistema de protección integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de la provincia”, explicó.
