Siguen sin ratificación los acuerdos para evitar juicios al Estado.

El PJ exige ahora 30 % cash en

deudas con bancarios y policías

Sobre tablas el peronismo aprobó un proyecto de ley que modifica los convenios extrajudiciales que -tras un año de negociaciones- habían alcanzado el la Fiscalía de Estado y los abogados de bancarios y policías.

 

Luis Rodrigo

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En veloz sobre tablas, sin discusión en comisiones -ni cifras a la vista sobre cómo afrontar con recursos genuinos una erogación imprevista- el Justicialismo dio ayer un golpe de timón (de efectos aún impredecibles) a las negociaciones que llevó a cabo el Poder Ejecutivo con los bancarios transferidos y los policías, con los que el Estado provincial está en deuda.

El PJ cambió la letra del mensaje con que el Ejecutivo planea firmar lo acordado con los dos sectores, históricamente perjudicados por decisiones sobre el pago de sus salarios tomadas desde mediados de los ‘90 hasta ahora, y que vulneran derechos adquiridos de los trabajadores.

Se trata de la deuda -recién ahora reconocida- del Estado con los empleados del ex Banco Provincial cuyos derechos laborales de convenio salarial fueron conculcados por las administraciones de Jorge Obeid y Carlos Reutemann, cuando esos bancarios prefirieron quedar en el Estado, tras la privatización de la entidad. Y de suplementos de la policía que fueron suprimidos y terminan por convertirse en demandas contra el erario público. La mayoría justicialista redactó un nuevo modelo de convenio extra judicial: obliga al Estado provincial a afrontar en efectivo (cash) un 30% de lo adeudado y el resto en bonos a emitir por el sector público.

Qué gestión paga

Por toda explicación económica respecto de cómo afrontar su pago, la oposición señaló que al día de hoy existe un superávit de unos 334 millones de pesos (y que el Ejecutivo no le responde los pedidos de informes sobre la recaudación real, muy alejada de los 1.300 millones de déficit que se había pronosticado).

La diferencia entre oficialismo y oposición no es menor: el proyecto que envió en gobernador Hermes Binner, que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora ha modificado el Senado, tenía previsto pagar toda la deuda con esos títulos, con lo que se iba a diferir para las cuentas públicas (y la actual gestión) los efectos de librar esas órdenes de pago a futuro

Antecedente muy reciente

Actualmente, en la Legislatura hay dos medias sanciones: la versión del Ejecutivo que ha aprobado la Cámara de Diputados (100% en títulos) y otra del Senado (30% cash y 70% en bonos), y con una limitación de hasta 85 millones de pesos.

Para entender qué puede ocurrir con las aspiraciones de policías y bancarios hay que revisar con qué números cuenta cada posición en cada recinto: el oficialismo tiene en la Cámara Baja la mayoría automática que le reserva la Constitución, pero no el número más importante, los dos tercios de que por el contrario- sí goza la oposición en el Senado.

Ya le ha ocurrido al gobierno de los socialistas, los radicales y los demoprogresistas que el peronismo provincial unido (reutemanistas, obeidistas y kirchneristas no muestran diferencias a la hora de votar) le corrija el Presupuesto 2010, mediante el mecanismo de las 5 revisiones y los dos tercios que garantizan una representatividad territorial mayor en el mapa provincial: son 13 senadores sobre 19 departamentos.

Es por ese antecedente, más la presión social que involucra la situación de los bancarios y el cobro de deudas de la policía, que el senador por Rosario, Juan Carlos Zabalza, ayer se apuró a decir: “PJ no quiere que haya una solución ni un acuerdo con los bancarios y los policías”.

Nada diplomático (y aún menos conocedor de los celos de los cronistas) el legislador socialista sugirió que para él ese “debería ser el título” de una sesión que fue seguida con atención por propios y extraños. Se vuelve a poner en muy fuerte tensión la relación del oficialismo y la oposición.

De caras y discursos

“Yo me pregunto con qué cara se puede venir con un proyecto así, de esta naturaleza, después de tantos años sin solucionar este problema”, fue la dura respuesta de Zabalza tras la exposición del representante por La Capital, Juan Carlos Mercier.

El jefe del (minoritario) bloque de senadores del oficialismo no se ahorró adjetivos para con el ex ministro de Hacienda, quien le contestó que “el que pone la cara aquí es el gobernador (Hermes Binner) que firmó los acuerdos que eran en su totalidad en efectivo, no el 30%, sino todo, y luego envió un mensaje para pagar con bonos”, interpretó Mercier. El ex funcionario dijo que el oficialismo, mediante correos electrónicos anónimos, “en los que nunca dan la cara está buscando en el Archivo General de la Provincia” información en su contra.

Antes Mercier subrayó: “a las cosas las hago de frente, dando la cara y cuando me equivoco pido disculpas”.

Zabalza señaló la posición incoherente del justicialismo que generó desde sus gobiernos la deuda que ahora se pretende saldar, “debido a la privatización del Banco de Santa Fe” y entonces Mercier le retrucó: “no es verdad que la deuda venga de privatizar el banco, proviene de supuestas malas liquidaciones salariales”. No se percató a tiempo de las responsabilidades que, precisamente, en esa acción posterior a la venta de la entidad- como ministro de Hacienda le caben.

“Cambiar lo que ha sido discutido y acordado, luego de un trabajoso diálogo entre partes significa buscar que esto no se concrete”, advirtió Zabalza.

Autopista: el Justicialismo reclama ley para licitar

“Entiéndase”, ese verbo inusual para la técnica legislativa es la primera palabra de un proyecto de ley que ayer logró media sanción en la Cámara de Senadores.

Sobre tablas, al cabo de un cuarto intermedio de media hora y previo envío de un juego de fotocopias para el minoritario oficialismo, el bloque del PJ aprobó una suerte de norma interpretativa respecto de otra vigente: la 11.157.

Según la visión del gobierno provincial la ley que autorizó al Poder Ejecutivo a producir el concesionamiento de la autopista en 1994 (que no ha sido derogada) no sólo permite volver a llamar a licitación, evaluar ofertas y luego adjudicar sin necesidad de que la Legislatura vuelva a expedirse.

El debate entre oficialismo y oposición sobre el tema tiene dos aspectos: el justicialismo (y también el radicalismo) cuestionan por una parte la contratación directa que -por 6 meses- ha hecho el gobierno de Hermes Binner a una UTE formada para la ocasión.

La base de esas críticas tienen el respaldo del contralor: la observación legal del Tribunal de Cuentas de la Provincia. Por otra parte, el peronismo cuestiona la decisión del Ejecutivo de convocar a un proceso licitatorio en el marco de la ley mencionada. Y sobre esta última polémica giró la discusión de parte de la sesión de ayer.

Para el PJ, el texto sancionado es “un gesto de la oposición al gobierno provincial, para pedirle que reflexione, que procure una salida transparente”, dijo el Juan Carlos Mercier. Para el oficialismo la norma es absurda. Y advierte que sí hubiera necesitado el gobierno de una nueva ley de haber optado por una estatización.

Para el PJ los efectos concedentes de la 11.157 terminaron con el contrato que ha unido a Santa Fe con Dycasa (que luego constituyó Aufé). Para radicales y socialistas la norma obliga al Ejecutivo a dejar en manos de un privado la autopista.

Juan Carlos Zabalza dijo que no está en los planes del gobierno que la Legislatura ratifique lo que determine la comisión de adjudicación de la licitación en marcha.

El PJ exige ahora 30 % cash en deudas con bancarios y policías

En 2006 los bancarios lograron que la Legislatura dictara una ley (de los radicales Felipe Michlig y Carlos Fascendini) que no dejaba dudas sobre sus derechos, pero el gobernador Jorge Obeid la vetó.

Foto: Luis Cetraro- Archivo Diario El Litoral

Viviendas

El Senado completó la sanción de la ley que resguarda la vivienda única y familiar de deudores que tomaron préstamos en dólares durante la convertibilidad.

La norma establece un procedimiento especial de emergencia por el cual el juez competente en las ejecuciones practique la liquidación del total adeudado y establezca una forma de pago para cancelar la deuda sin la pérdida de la vivienda única, familiar y permanente del deudor.

Se aplicará a todos los procesos de ejecución suspendidos por las leyes 2.284 y 12.334 (prorrogadas sucesivamente por leyes Nº 12.406, 12.486, 12.697, 12.796, 12.942 y 13.022) y que tengan por objeto la vivienda única, familiar y permanente del deudor.

El texto normativo se aprobó en el Senado con sólo 5 votos afirmativos del oficialismo (al que le faltaba uno de sus integrantes) y la abstención del justicialismo.

Ambos colaboraron para que no cayera el último plazo de prórroga de llamada ley anti remates, que iba a vencer antes del próximo jueves.

Un grupo de deudores hipotecarios aplaudió la decisión de todos los bloques.