Ventas a Venezuela

Ercolini pidió documentación a empresas santafesinas

El juez federal que investiga las comisiones por las ventas a Venezuela libró una orden a 13 empresas radicadas en la provincia de Santa Fe para que presenten toda la documentación relacionada con dichas exportaciones, informa en su edición de la fecha el diario La Capital de Rosario.

El juez Julián Ercolini, titular del Tribunal Federal Nº 10 de Capital Federal, mandó un despacho a la Justicia Federal de Rosario para que efectúe el requerimiento a las empresas de maquinaria agrícola Apache SA, ubicada en Las Parejas; Maquinaria Agrícola Ombú SA, de la misma ciudad; Vasalli Fabril SA, de Firmat; Búfalo SA, también de Las Parejas; Taller Metalúrgico Crucianelli SA, de Armstrong; Agrinar SA, de Granadero Baigorria; Balanzas Hook SA, de Venado Tuerto; Cedar SA, de Arequito; Industrias Dascanio SRL, de Las Parejas; Tanoni Hermanos, de Bombal; División Agrícola SA, de Firmat; Tedeschi SA, de Las Rosas, y Gherardi e Hijos SA, de Casilda.

La investigación por las ventas a Venezuela, en el marco de un fideicomiso, se abrió en la Justicia luego de las revelaciones del ex embajador en esa nación, Eduardo Sadous, quien aseguró que algunos empresarios se habían quejado por las comisiones de hasta el 15 por ciento que debían pagar.

Eso mereció el inmediato enojo del gobierno y, en especial, del ministro de Planificación, Julio de Vido, quien acusó a Sadous de trabajar al servicio del Grupo Clarín, con el que el gobierno está enfrentado. La participación de De Vido y los funcionarios al comando de las operaciones comerciales merecieron que el propio Sadous y la oposición en el Congreso hablaran de una “embajada paralela”.

La notificación del juez Ercolini solicita a las empresas que “aporten al tribunal toda la documentación derivada de las exportaciones en el marco del Convenio Integral de Cooperación firmado en abril de 2004” entre las dos naciones, y también, “toda otra documentación que pueda resultar de interés, como ser movimientos de cuentas bancarias, facturas por prestación de servicios, constancias de trámites aduaneros, facturas por las comisiones abonadas a las empresas que actuaron como traders, etcétera”.

Finaliza la nota de Ercolini: “En tal sentido, les hago saber que se ha designado para diligenciar dichas órdenes al departamento de investigación de delitos económicos de la Prefectura Naval Argentina”.

La consultora argentina Palmat fue la intermediaria de las operaciones y es la que está en la mira de la Justicia.