Desde la Legislatura y gremios
Fuerte defensa de la Caja de Previsión
Hablan de avasallamiento de la Nación a facultades no delegadas por la provincia.
De la redacción de El Litoral
Pronunciamientos en la Cámara de Diputados de la provincia, proyectos en el Congreso de la Nación y un planteo formal ante el consejo directivo nacional de UPCN son las primeras acciones en defensa de mantener la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado -Seguro Mutual en la órbita de la provincia y en rechazo a la resolución 35.280 del Superintendente de Seguros de la Nación, que pretende incluirla en el régimen de la ley nacional 20.091.
La UPCN de Santa Fe expresó “su agradecimiento a los diputados provinciales de todos los bloques, así como a los legisladores nacionales por Santa Fe que rápidamente se hicieron eco del pedido formulado por Alberto Maguid, en calidad de integrante del directorio de la Caja del Seguro Mutual, haciendo un llamado para frenar el avasallamiento que la Nación pretende hacer sobre este organismo santafesino”.
El gremio se sumó al pedido realizado por el directorio de la Caja del Seguro; anticipó que, en ocasión de la reunión del consejo directivo nacional de la UPCN, Maguid realizará un planteo formal para que la conducción encabezada por Andrés Rodríguez acompañe la protesta.
La entidad gremial considera “que resulta imperativo que el Ejecutivo Nacional, mediante las autoridades que corresponda, deje sin efecto la resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación, evitando actos que claramente vulneran derechos de los trabajadores públicos santafesinos”.
El directorio de la Caja de Previsión Social está formado por cinco integrantes, uno de los cuales es representante del Poder Ejecutivo, cargo que hoy ocupa el ex secretario del gremio de judiciales de la provincia, Octavio Peralta. Los restantes cuatro, dos representantes de trabajadores activos y otros tanto de pasivos, cuya renovación se realizó la semana pasada. En medio del proceso electoral se conoció la resolución nacional.
Piden informes en Diputados
El pasado jueves, sobre tablas, la Cámara de Diputados votó sendos pedidos de informes impulsados por diputados socialistas y justicialistas.
En el caso del socialismo, la iniciativa fue firmada por Nidia Goncebat, Osvaldo Fatala, Inés Bertero y Raúl Lamberto; solicita saber si el Poder Ejecutivo ha tomado conocimiento de la resolución y, en caso afirmativo, los pasos que ha llevado adelante con relación a esa resolución.
Según Lamberto, la resolución “incurre en una flagrante violación al Derecho Público local, ya que dicho organismo carece de competencia alguna. Invade las facultades originarias y no delegadas por el Gobierno Provincial a la Nación, reconocidas por la propia Constitución Nacional y la Constitución Provincial, que dio origen al régimen de la Caja de Previsión Social, para los empleados públicos y jubilados de la provincia”.
El socialista detalló también que “la Superintendencia de Seguro de la Nación es incompetente para imponer autorización previa, objeciones, ni obligaciones a este organismo o incluirlo en el régimen de la ley 20.091.
“El régimen administrado por este ente de Derecho Público provincial carece de fines de lucro, intermediación, promoción, riesgo y tiene como ámbito personal y funcional relaciones de empleo público provincial y jubilaciones provinciales derivadas, que impiden su encuadramiento en la órbita del organismo nacional”
En tanto, el pedido de diputados justicialistas solicita que se informe qué acciones ha dado el Poder Ejecutivo ante la resolución nacional. El proyecto fue ingresado por Federico Reutemann con la firma de sus pares Silvia De Césaris, Darío Scataglini, Mario Lacava, Silvina Frana, Alberto Monti y Alberto Cejas, y en los fundamentos señala que “la disposición del organismo nacional, sin competencia alguna, incurre en una flagrante violación al Derecho Público local”.
Asegura que la decisión invade el campo de las facultades originarias y no delegadas por la provincia a la nación, e incurre en una violación procedimental que lo torna en nulo, “al soslayarse la intervención de la provincia sobre cuyas facultades irrumpe arbitraria, ilegítima, ilegal e inconstitucionalmente, sustituyéndose en competencias que le resultan ajenas”.
Los justicialistas consideran “altamente agraviante para el sistema federal de gobierno que aquel organismo nacional se arrogue atribuciones y jurisdicción para ordenar la paralización del sistema de seguro social vigente, de larga data en el ámbito provincial, amenazando con la comisión del delito de desobediencia a los vocales del Directorio de la Caja, si no cumplieren con su mandato”.
Por último, advierten que la “pretendida adecuación del régimen actualmente vigente en la provincia, sustituyéndolo por otro propio de los seguros privados, no es el coherente con la previsto constitucionalmente en el orden local”.
