Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Salamanca
Declaraciones juradas: “Si Santa Fe
no cambia, estará en el siglo pasado”
El especialista recomendó cambiar la ley actual, sancionada en 1974, por una que amplíe el universo de obligados y garantice la publicidad de las presentaciones. Dijo que es imprescindible cambiar el papel por el soporte informático.
Ivana Fux
Para el catedrático de la Universidad de Salamanca, no hay dudas. Los regímenes “cerrados” para controlar los incrementos patrimoniales de los funcionarios públicos son obsoletos e insostenibles. Por eso, Ricardo Rivero Ortega desafió al poder político de Santa Fe a que sancione una nueva ley de declaraciones juradas.
El especialista estuvo en esta ciudad invitado por el Ministerio de Justicia (ver aparte) y en diálogo con El Litoral, reiteró que internacionalmente, los sistemas “precedidos por el secreto y muy restrictivos, ya no están a la altura de las circunstancias”. Un disparo al corazón de la ley santafesina, que todavía exige presentar declaraciones juradas en sobres cerrados y lacrados.
—¿Cuál es la sugerencia según la experiencia internacional?
— Las líneas de reforma avanzan en el sentido de ampliar el universo de obligados. También debe sustituirse el secreto por una accesibilidad a esas declaraciones, mediante una publicidad promocionada. Y desde luego, imprescindible para que el sistema funcione, es el cambio de soporte. Hay que pasar del papel a soportes electrónicos, que permiten el seguimiento concomitante del cumplimiento de la norma y el control de los posibles riegos de enriquecimiento ilícito.
—¿No deben publicarse en internet?
— Tal vez eso sea un punto de llegada, tras un período previo donde se opte por esta solución más equilibrada. La cultura administrativa y ciudadana no está aún acostumbrada a tal grado de transparencia. Quizá, una solución sea controlar el acceso dejando un registro de las personas que lo solicitan, contemplando exigencias y responsabilidades a quienes utilicen indebidamente esa información. Hay un debate sobre los posibles riesgos en la seguridad de las personas, pero que creo que es artificial basado en la resistencia al cambio. La respuesta eficaz a esa objeción es no optar por un régimen de publicación, sino de mera publicidad.
—¿Qué implicará esto?
—Que cualquier ciudadano que quiera acceder a la declaración jurada de un funcionario pueda hacerlo sin mayores obstáculos, sin acreditar ningún interés especial; simplemente, por su condición de ciudadano y su derecho de saber y estar seguro de que sus políticos no se enriquecen en forma inadecuada.
—¿Quién, además de los políticos, debería presentar declaración jurada?
— Creo que se debe extender a los tres poderes del Estado y en el nivel de la burocracia profesional, a aquellas personas que participan en la toma de decisiones que impliquen una mayor trascendencia económica. Por ejemplo, quienes participan en la adjudicación de contratos públicos, en la concesión de títulos habilitantes para el desarrollo de actividades económicas, como licencias o autorizaciones; quienes tiene la responsabilidad de hacer seguimientos con responsabilidades decisorias de esas actividades económicas y de imponer o no sanciones que puedan tener consecuencias sobre las empresas.
— ¿Debe crearse un organismo que verifique la evolución patrimonial?
— Sin dudas, porque la aprobación de normas tiene que ir necesariamente acompañada de medidas orgánicas y procedimentales para poder hacer realidad los derechos. Esto en Europa es completamente aceptado. Las normas sin instancias orgánicas encomendadas de velar por su cumplimiento, se convierten en papel mojado. Sirven, eso sí, como mensaje retórico que la clase política lanza a la opinión pública para tranquilizarla de los problemas, pero no los resuelve. Si no se genera esa instancia de seguimiento, estaríamos ante una opción profundamente conservadora; todo cambiaría para que nada cambie.
—¿La corrupción es inherente a la función política?
— Creo que el ser humano tiene una serie de afanes y sentimientos que son difíciles de eliminar. La avaricia y el afán de medrar y enriquecerse no es exclusivo de los políticos; se encuentra en todos los ámbitos, públicos y privados. Dicho esto, me parece que la clase política no presenta un grado de riesgo de enriquecimiento ilícito superior al de las demás personas. Pero si no son debidamente controlados, tienen más oportunidad de enriquecerse que en otras organizaciones. El problema no es que los políticos tienen más tendencia a enriquecerse, sino que deben ser más controlados.
—¿Hay procedimientos en el Estado que contribuyan a situaciones más corruptas?
— Soy especialista en intervención económica del Estado y estos mecanismos tienen que estar muy bien perfilados jurídicamente para evitar que se cometan excesos, por ejemplo, en las adjudicaciones de los contratos públicos. Pero todo medio de intervención del Estado sobre las empresas debe ser objeto de una concienzuda juridificación. Y en Latinoamérica y en Argentina, a veces esos marcos reguladores no se encuentran lo suficientemente racionalizados. Hace falta allí realizar un esfuerzo importante.
—¿Cómo ve el continente en materia de transparencia?
— Latinoamérica es muy heterogénea. No hay ningún país que esté libre de la corrupción, aunque hay que decir que casi todos están intentando desarrollar mecanismos de control. La diferencia entre los que son menos y más corruptos, además de por razones culturales, vendrá marcada por el éxito o fracaso de estas reformas. Yo soy escéptico pero optimista en cuanto a la evolución de Latinoamérica en materia de corrupción. La posibilidad de que los medios detecten y denuncien los escándalos es cada vez mayor gracias a la transparencia, y eso en el largo plazo irá generando una mayor conciencia en la sociedad. Pero también hay tradiciones y arrastres de los regímenes políticos latinoamericanos, como este tan fuerte presidencialismo, que no existe sólo en Argentina. Ese protagonismo excesivo del Poder Ejecutivo y el escaso equilibrio con los otros poderes, no es un escenario demasiado propicio para avanzar más rápido en esa mejora del control del ejercicio del poder.
