Visita presidencial por el Bicentenario

Chile: no habría reunión bilateral por efecto del caso Apablaza

La presidenta argentina acortó su visita al país trasandino. Piñera reclama la extradición del ex guerrillero, pero el gobierno nacional analiza darle asilo político.

 

De la redacción de El Litoral

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El viaje oficial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los festejos del Bicentenario chileno se redujo a cuatro horas y se descartó que vaya a tener una reunión a solas con Sebastián Piñera, en el marco de la tensión generada por el caso del prófugo chileno Galvarino Apablaza Guerra.

La mandataria arribará al país vecino recién a las 19 y regresará antes de la medianoche: sólo tendrá tiempo para presidir dos actividades en la embajada argentina en Santiago de Chile y para asistir al acto central de los festejos del Bicentenario, durante los que saludará a Piñera junto a otros jefes de Estado.

Según una alta fuente gubernamental citada por el diario La Nación, la reunión bilateral de presidentes “se estaba negociando, pero el caso Apablaza se coló en la agenda y se resolvió suspenderla”. Y agregó que “el gobierno le concedería el refugio político a Apablaza porque lo considera un perseguido político en Chile”.

Antecedentes

La situación del acusado se analiza en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que depende del Ministerio del Interior y de la Cancillería. Esta comisión deberá pronunciarse ya sea por su extradición, como pide Chile, o por el asilo político, tal lo que reclamó Apablaza en 2004.

La Casa Rosada siempre demoró la decisión para no pagar los costos políticos de enfrentar a Chile y, al mismo tiempo, permitir la residencia del activista en el país. Pero el martes pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al pedido del país vecino para que se lo extraditase, asegurando que los hechos que se le imputan (asesinato de un senador pinochetista y secuestro de una directiva del diario El Mercurio) no habilitan su asilo político en la Argentina.

Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo -que tiene la última palabra en el caso- impidiera la extradición, haciendo lugar al pedido de organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, no tardó en generar polémica.

Rebote

Los diarios chilenos se hicieron eco de la información y, desde el país trasandino, la ministra vocera Ena von Baer señaló que “vamos a dar todos los pasos y a hacer todos los esfuerzos posibles por que todas las personas que estén involucradas en crímenes que se hayan cometido en nuestro país sean juzgadas ante la Justicia de nuestro país”.

En la Argentina, en tanto, fuentes de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) explicaron al sitio web del diario Perfil que aún no hay novedades sobre el caso y que todo dependerá de la intención y la agenda del Ejecutivo. Además, señalaron que al ser multisectorial (la decisión depende de varios organismos estatales) la información oficial será emitida a través del Ministerio del Interior que dirige Florencio Randazzo. Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anticipó que la definición no se produciría antes de la semana próxima.

Consecuencias

Consultado por el mismo sitio, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez aportó el marco jurídico del caso: la Corte estableció en este caso que, “conforme a las circunstancias acreditadas, la conducta que se le imputa a Apablaza (homicidio agravado y secuestro extorsivo en pleno período democrático chileno) no puede ser encuadrada como un delito político, por cuanto no persiguió ningún fin altruista ni lesionó exclusivamente un régimen de gobierno y, en consecuencia, concedió la extradición solicitada por Chile”.